Escritos procesales, Estilo de escritura

Más formulismos abogadiles


Ya publiqué, hace un tiempo, una entrada sobre esas expresiones estereotipadas propias de leguleyos que todavía insertamos los Letrados en los escritos procesales: los formulismos abogadiles.

El uso de los formulismos abogadiles tiene, cuando uno empieza a ejercer, un efecto psicológico tranquilizador fundamental. Parece que insertarlos nos da esa pátina de experiencia que necesitamos proyectar. Sentimos que usarlos es de iniciados, porque sólo quien pertenece al foro ha podido llegar a conocer estos arcanos. Y quizás por eso, asumimos, sin mayor cuestionamiento, que es propio de buenos abogados el emplearlos siempre que haya ocasión.

Pero, después de años de experiencia, parece conveniente ir soltando lastre. Porque uno, a poco que se lo plantee, acaba dándose cuenta de que todos estos formulismos tienen algo en común: que pueden ser omitidos sin mayor problema. Es más, la claridad, requisito imprescindible del buen estilo, nos exige su supresión.

Así que aquí voy a ampliar lo que ya dije, y continúo añadiendo algunos pocos formulismos más a mi particular (y personalísima) lista negra de expresiones a desterrar.


–  «Al Juzgado de Primera Instancia de [localidad] que por turno corresponda».

De esta manera se encabezan habitualmente los escritos con los que se ejercita una acción judicial: demandas, querellas, interposiciones de recursos contencioso-administrativos, etc.

En las localidades donde hay más de un Juzgado o Tribunal de la misma clase, el escrito, al ser el primero que se presenta sobre ese caso ante la Justicia, no puede tener un órgano judicial concreto como destinatario, porque es susceptible de recaer en cualquiera de los de esa clase en esa ciudad. No podemos dirigir sin más una demanda,  por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, o un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz; no existe el derecho a elegir el Juzgado que queremos que lleve nuestro pleito. ¿Cómo solucionar este pequeño inconveniente? Pues utilizando este tradicional formulismo: decimos que vaya al «que por turno corresponda».

El artículo 167.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que en estos supuestos  (dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional en una misma localidad), los asuntos se distribuirán entre los Juzgados y Tribunales «conforme a normas de reparto prefijadas». Y es el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente, bajo la supervisión del Juez Decano (art. 167.3 de la LOPJ), quien los envía al concreto Juzgado que se va a encargar del caso, conforme a las normas de reparto (el «turno») previamente establecidas.

En la práctica diaria actual, en la que para presentar escritos se utiliza la plataforma informática LexNet, este tipo de escritos se encuadran dentro de la categoría de «escrito iniciador de asunto»; y como tales, la aplicación sólo nos permite enviarlos a la «Oficina de reparto» del orden jurisdiccional correspondiente, que es donde se procederá conforme a lo antes explicado. Como se ve, insertemos o no este formulismo, el camino que seguirá nuestro escrito será exactamente el mismo. Una buena razón para suprimirlo.

Y aún hay una razón adicional para este desmoche. En vez de decirse «que corresponda por turno» (no recuerdo haberlo visto así nunca), se introduce una especie de anástrofe mediante el cambio del orden sintáctico habitual en la actualidad de esas palabras. Amén de innecesario, arcaizante.


– «Lo cierto y verdad es que…»

Se trata de una fórmula con la que se suele introducir nuestra versión de los hechos, contraria a la de la parte adversa.

Además de formulismo, es este otro pleonasmo más (salvo que existiera algo que, siendo cierto, pueda al mismo tiempo no ser verdad).

Y manifiesta, como suele ocurrir con los pleonasmos, una cierta debilidad de la postura mantenida, que se intenta camuflar con la reiteración.


– «…y con expresa imposición de costas a la parte contraria».

Esta expresión suele cerrar el suplico (o mejor, solicito) de los escritos de demanda.

Todas las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso (con algunas contadas excepciones) deben contener un pronunciamiento sobre a quién le corresponde el pago de las costas procesales: el Juez o Tribunal tiene que decidir si las costas se imponen a una parte, a la otra, o no se imponen a ninguna. Por eso, no tiene sentido pedir que la imposición de costas sea «expresa». Si el Juez o Tribunal, como es su obligación, resuelve sobre las costas, y lo hace imponiéndolas a la otra parte, sólo lo puede llevar a cabo de manera expresa; no caben aquí condenas implícitas ni silencios positivos.

Creo que aquí subyace un matiz psicológico, en un doble sentido: por una parte, de cara al contrario, el formulismo se usa con una cierta intención de amedrentarle, poniéndole de frente ante el peligro que corre de perder el pleito y cargar con las costas que tan fieramente pedimos; y por otra parte, sirve, pretendidamente, para amarrar aún más nuestra petición.

P.S.: Reflexionando para confeccionar esta entrada, e imbuido de cierto prurito recortador, me surgió una cuestión a lo que no he conseguido todavía dar una respuesta terminante. Planteo aquí esta cuestión a los abogados litigantes y/o expertos procesalistas que lean esto: ¿y por qué seguir pidiendo en nuestro escrito la condena en costas? El Juez tiene que tomar necesariamente, porque está obligado por las distintas leyes procesales, una decisión sobre las costas. Y debe resolver sobre ello en todos los casos, se haya pedido por las partes la condena a las costas o no.

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General, Introducción al Derecho

El nombre (exacto) de las normas


“¡Intelijencia, dame

el nombre exacto de las cosas!”

(Eternidades, Juan Ramón Jiménez)

 

Es la denominación precisa de cada tipo de norma jurídica lo que constituye el objeto de esta entrada.

La tipología normativa, es decir, el establecimiento de diferentes categorías de normas jurídicas, es una de las cuestiones fundamentales de la teoría de las fuentes del Derecho. Constituye el abecé del jurista.

Y a quienes explicamos en las aulas la tipología normativa nos suele salir al encuentro el siguiente problema. Ciertamente, resulta fácil encuadrar los tipos de normas jurídicas, en función de su jerarquía, en la terna clásica: Constitución, Leyes (con sus diversas clases) y Reglamentos. Pero, sin embargo, a la hora de ver trasladadas estas categorías normativas a las denominaciones oficiales de las concretas normas no siempre existe una total coincidencia. Si la publicación en el boletín oficial correspondiente viene a ser como el “acta nacimiento” de la norma, a veces ocurre como con los actores de Hollywood, que no coincide exactamente el nombre propio del bautismo con el usado en la vida diaria; puede haber una discordancia entre el nombre oficial del tipo de norma y el que se suele utilizar en la teoría jurídica.

Partimos de la base de que, a la hora de su publicación, el autor de la norma jurídica debe otorgar una denominación a ese producto normativo. En nuestro ordenamiento jurídico vigente el sistema que generalmente se sigue es este: tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma. Como se ve, se inserta en primer lugar la denominación del tipo de norma de que se trata. Pues bien: en bastantes ocasiones esa denominación no será exactamente la que se le da en la teoría de la tipología normativa.

Estas divergencias en el nombre de la norma, aun pequeñas, pueden provocar que el estudiante neófito se desespere y no acierte a encontrar entre el revoltijo virtual la norma que va buscando. Por eso conviene conocer tales diferencias.

A lo largo de esta entrada iremos confrontando el nombre que se suele asignar a cada clase de norma en la teoría de las fuentes del Derecho (Constitución, Leyes, Reglamentos) con la correspondiente denominación oficial con que aparece ese tipo de norma (entendiendo como tal denominación oficial la designación que figura en su publicación en el Boletín Oficial del Estado). Nos centraremos sólo en las normas estatales.


1.- Constitución

Siendo la Constitución la norma que crea el Estado, no es problemático identificarla. Salvo que se trate de un Estado federal, sólo habrá una Constitución, y con ese preciso nombre. En cada Estado, una Constitución, y sólo una Constitución por Estado. Así ocurre actualmente en España.

Pero cabe reseñar, al menos, dos circunstancias propias de su denominación oficial. Ambas se pueden apreciar en su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La primera, que la Constitución viene con apellido. Es “Constitución Española”, y no “Constitución” a secas.

Y la segunda es referente a su fecha. Porque, frente a lo que es habitual para el resto de normas, y dado su peculiar procedimiento de aprobación, la publicación oficial no recoge una sola fecha, sino que inserta las tres fechas que marcan los hitos principales de ese proceso: la de su aprobación por las Cortes Generales (31 de octubre de 1978), la de su ratificación por el pueblo español mediante referéndum (6 de diciembre de 1978), y la de su sanción y promulgación por el Rey (27 de diciembre de 1978). Puesto que es el momento de su sanción (y posterior publicación) el que marca el principio de su existencia como norma, es esta última fecha la que se suele tomar como referencia.

De este modo, es así como aparece nombrada en las bases de datos jurídicas al uso: “Constitución Española de 27 de diciembre de 1978”.


2.- Leyes


2.1.- Leyes

Identificar en el BOE una Ley es muy sencillo. Porque en nuestro sistema se sigue el concepto formal de Ley, lo que nos aboca a una tautología: todo acto publicado cuya denominación oficial comience diciendo “Ley”, es una Ley. Seguro.

Aunque en la doctrina se las suele llamar “leyes ordinarias”, por contraposición a las Leyes Orgánicas, o “leyes estatales”, para diferenciarlas de las autonómicas, el nombre oficial de este tipo de norma es el de  “Ley”, a secas.

Un ejemplo reciente: la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos.


2.2.- Leyes Orgánicas

Se trata, ya de entrada, de una denominación un tanto engañosa. No son “orgánicas” porque regulen la organización (los órganos) de determinadas instituciones; aunque a veces sí sea ese el objeto de su regulación. Se llaman Leyes Orgánicas a las que, por mandato constitucional, deben regular determinadas materias (art. 81 y concordantes de la Constitución Española).

Pero, cuidado, porque puede suceder que la denominación de una norma como “Ley Orgánica” en el BOE no se ajuste del todo a la realidad de cuál es su tipología. Suele ocurrir que en algunas normas denominadas como Leyes Orgánicas hay determinados preceptos de las mismas que no tienen tal carácter.

Un ejemplo reciente de esto: la Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es Ley Orgánica; pero no lo es en su totalidad porque, según su Disposición Final Tercera, los preceptos contenidos en las disposiciones finales primera y segunda tienen el carácter de ley ordinaria.


2.3.- Normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno

Nuestra vigente Constitución prevé dos tipos diferentes de normas jurídicas que, a pesar de ser aprobadas por el Gobierno y no por el poder legislativo, tienen valor de ley. Se trata de los Decretos-leyes (art. 86) y de los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85).

Ahora bien, si un usuario novel se adentra en los boletines oficiales o en las bases de datos jurídicas, y realiza una búsqueda de este tipo de normas con la denominación precisa que se les da en la Constitución, no las va a encontrar. Lo que le van a devolver como resultados de su búsqueda son:

  • Normas jurídicas aprobadas en el ordenamiento jurídico anterior (1939-1975).
  • O bien, de ser posteriores a 1978, normas autonómicas aprobadas por aquellas Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos de Autonomía se contemplan tales tipos de normas.

Pero no encontrará normas estatales posteriores a 1975 cuya denominación oficial sea, exactamente, la prevista en la Constitución de Decreto-ley o Decreto Legislativo. Por una sencilla razón, una pequeña cuestión de matiz: en el BOE aparecen publicadas como Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo.

Un ejemplo reciente de cada tipo de norma:

– El Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

– El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación


3.- Reglamentos

Si hasta aquí hemos visto algunas diferencias entre la denominación teórico/legal y la denominación oficial de los tipos de normas, es ahora, en el nivel reglamentario cuando todo se complica sobremanera.

Comenzamos con una primera curiosidad. Si, al igual que hemos hecho antes con los tipos de leyes, acudimos a la Constitución en busca de las normas denominadas “Reglamentos”, nos encontraremos con una única referencia a una norma así llamada. Y ahí reside la paradoja: esa mención es a los Reglamentos de las Cámaras (art. 72) los cuales, justamente, no son en puridad normas reglamentarias, sino normas primarias directamente vinculadas a la Constitución y que por ello tienen un valor de ley (STC 101/1983, FJ 1º).

Pero, sobre todo, la dificultad de identificar a las normas reglamentarias en boletines oficiales y bases de datos estriba en lo siguiente: frente a lo que sucede con las normas que hemos descrito antes, en las que coinciden su nombre con su forma jurídica, la forma jurídica en que se aprueban los Reglamentos nunca es la de “Reglamento”. Dicha forma jurídica será la de “Real Decreto acordado en Consejo de Ministros”, o la de “Orden Ministerial”, según establece el art. 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno.

Sólo en algunas normas reglamentarias, la minoría, aparece la denominación “Reglamento”. Pero no en el espacio inicial reservado para insertar el tipo de norma, sino en el título de dicha norma.

Y para acabar de rizar el rizo, resulta que esas mismas formas jurídicas de Real Decreto y de Orden Ministerial se utilizan también para aprobar otros actos jurídicos emanados del Gobierno o de los Ministros que no son normas jurídicas, y, por consiguiente, no son en modo alguno Reglamentos.

Con todo esto (y obviando mencionar las normas homónimas de Derecho de la Unión Europea), se comprende que una de las labores más difíciles que se le puede encomendar a un jurista en ciernes es, precisamente, la de que encuentre un Reglamento.


3.1.- Reglamentos aprobados por Real Decreto

Aquí tenemos un ejemplo de un Reglamento aprobado por Real Decreto en cuyo título se hace constar que se trata de un Reglamento, por tratarse de una norma reglamentaria que desarrolla, de manera general, los preceptos de una Ley: Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Y aquí otro ejemplo reciente en que no existe tal indicación en el título: Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Ambos son Reglamentos.


3.2.- Reglamentos aprobados por Orden Ministerial

La búsqueda e identificación de las Órdenes Ministeriales presenta una dificultad adicional a la que ya tiene de por sí la de los Reglamentos.

Y es que, a partir de 2002, rige un sistema propio de identificación de las Órdenes Ministeriales establecido en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 21 de diciembre de 2001, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el “Boletín Oficial del Estado”. Desde entonces las Órdenes Ministeriales se identifican primariamente según los códigos de tres letras asignados a cada Ministerio en una Tabla; pero tales códigos han ido cambiando conforme han cambiado las denominaciones de los Ministerios, y además, con su sola lectura, es posible que no acertemos a averiguar de qué Ministerio se trata.

Un ejemplo reciente de Reglamento aprobado bajo la forma jurídica de Orden Ministerial: la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, régimen interior y programación de los centros docentes militares.

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