Dudas de escritura, General, Introducción al Derecho, Vocabulario jurídico

Ley de Bases ≠ Ley básica


Con seguridad, a cualquier lector debidamente instruido en el idioma castellano estos dos términos le puedan parecer sinónimos estrictos: lo básico es lo que posee la condición de base de algo, luego una ley de bases debe ser una ley básica. Pero lo cierto es que, en nuestro ordenamiento jurídico español actual, tienen un significado muy diferente. Aunque parezca mentira, dada la similitud morfológica de sus denominaciones, hay un abismo conceptual entre ambos.

Esta semejanza en el nombre puede inducir a confusión, incluso, a quienes estudian Derecho. En esta entrada vamos a intentar dejar sentado el uso con propiedad, en el ámbito jurídico, de ambos términos.

Para ello, empezaremos distinguiendo bien qué son estos dos productos jurídicos tan diferentes, pero de nombre tan parejo.


Ley de Bases

Una Ley de Bases es el instrumento jurídico con el que se realiza una delegación legislativa con el fin de que el Gobierno apruebe posteriormente el Texto Articulado de una Ley (arts. 82.2 y 4 de la Constitución).

La delegación legislativa supone que una concreta norma aprobada por el Gobierno tiene el valor de Ley. Ello ocurre porque previamente así ha sido autorizado por las Cortes Generales mediante la aprobación por las mismas de una norma de delegación, en la cual fijan las condiciones en que el Gobierno debe aprobar esa norma delegada. Existen dos formas en las cuales las Cortes pueden proceder a la delegación legislativa: una, mediante una ley ordinaria, al objeto de que el Gobierno apruebe un Texto Refundido; y la otra, mediante una Ley de Bases, para aprobar un Texto Articulado.

Las Leyes de Bases son una técnica de delegación legislativa que se ha venido usando de antiguo en nuestro Derecho; así, el Código Civil de 1889, por ejemplo, fue fruto de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888.

Si bien la Ley de Bases es una ley, no resulta propiamente un texto normativo completo; de hecho, su contenido no lo constituyen artículos, sino «bases». Mediante esas «bases» se limita a fijar los principios que se deben seguir por el Gobierno, para que este los plasme detalladamente en los preceptos del futuro «Texto Articulado». En este cuadro se puede ver, en un ejemplo concreto, cómo opera en la práctica la delegación legislativa mediante una Ley de Bases .


Ley básica

Una Ley básica es aquella ley estatal que se dicta en uso de alguno de los títulos competenciales del art. 149.1 de la Constitución  en los que se adjudica al Estado la facultad de fijar las bases que regulan una materia, y a las Comunidades Autónomas el desarrollo normativo de esas bases. En ese precepto de la Constitución se otorga este tipo de competencia legislativa al Estado usando diversas expresiones: «bases» (149.1.11ª, 13ª, 16ª, 18ª), «legislación básica» (149.1.17ª, 18ª, 23ª) o «regulación de las condiciones básicas» (149.1.1ª).

Aquí, por lo tanto, no hay una delegación legislativa, sino una colaboración normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en las que cada uno de los cuerpos legisladores ejerce sus propias competencias sobre una misma materia. Las leyes básicas estatales sí son textos normativas completos, no meros enunciados de principios.

Se trata de una fórmula novedosa en nuestra historia, que es característica de los Estados complejos, donde coexisten poderes legislativos centrales y territoriales. La Constitución la importó de Estados federales como Alemania, Suiza y Austria.

Cómo juega esta relación entre bases estatales y desarrollo autonómico es una cuestión muy complicada, la cual ha sido objeto de una delimitación paulatina por parte del Tribunal Constitucional, y que supera con mucho el propósito de esta entrada (el lector curioso y avezado haría bien, si quiere enfrentarse a esta cuestión, en leer el artículo de Javier Jiménez Campo «¿Qué es lo básico? Legislación compartida en el Estado autonómico»).

No obstante, aquí tenemos un sencillo cuadro en el que se observa cómo funciona en la práctica el binomio bases estatales más desarrollo autonómico con un ejemplo  concreto.


Uso diferenciado y correcto de ambos términos

Para identificar con exactitud cuál es la norma ante la que nos encontramos, y así diferenciar el uso de uno y otro término, conviene empezar fijándose bien en la denominación oficial de la norma en cuestión.

1.- Como la Ley de Bases es una de las tipologías legislativas recogidas en la Constitución, en su denominación oficial se debe insertar siempre literalmente la expresión «Ley de Bases». Un ejemplo es la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2.- En cuanto a la legislación estatal básica, al no ser un tipo especial de ley, no aparecerá en su designación oficial como «Ley de Bases», sino solo como «Ley». Por lo tanto, esto nos va a exigir un mayor esfuerzo de comprobación. Así, puede ocurrir que:

A) En el título oficial de la Ley se haga mención a su carácter de legislación básica, usando para ello diversas expresiones que pretenden denotar dicho carácter. Constituyen ejemplos de esto, entre otras:

B) Pero lo más habitual es que la norma legal básica no lleve en su denominación oficial nada que haga referencia a ese carácter básico. Por ejemplo, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que constituye la legislación estatal básica en dicha materia (149.1.23ª). Para constatar el carácter básico de estas normas (el cual, para mayor complicación, puede predicarse tanto de todo el articulado de la Ley como de solo parte del mismo), tenemos que acudir entonces a las indicaciones en tal sentido que se hagan en el propio texto de la ley, normalmente en las Disposiciones Finales.

Teniendo claro esto, para evitar en lo posible las confusiones, yo suelo utilizar el término «Ley de Bases» únicamente para referirme a las del punto 1 anterior. «legislación básica», «ley básica» o «normativa básica» (intercalando en ocasiones el calificativo «estatal») cuando hablo de las del punto 2. No es fácil; a veces resulta engorroso, sobre todo en exposiciones orales. Pero creo que es una pauta de buen estilo jurídico el intentar hacerlo así siempre.

Con todo y con eso, hay que estar muy atentos, ya que la confusión terminológica nos acecha. Un ejemplo de cómo se puede embarullar la cuestión es lo que ocurre con la archiconocida «Ley de Bases de Régimen Local». Aunque ese sea el nombre con el que se la cita habitualmente, no es en realidad  una «Ley de Bases» en el sentido que hemos visto aquí. Por el contrario, tal y como revela su denominación oficial completa (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), es la Ley básica dictada por el Estado en esta materia (149.1.18ª).

Y tras todo lo anterior, mire también, si no, el lector la imagen que sirve de portada a esta entrada: ¿Leyes de Bases, Leyes básicas, o todo lo contrario?

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Supletoriamente…


Conviene empezar no confundiendo lo supletorio con lo subsidiario (que por cierto se trató en otra entrada). En el campo jurídico, lo subsidiario, como se vio allí, tiene su ámbito principal en las peticiones de las demandas, en el lenguaje forense.

El ámbito de lo supletorio es el del lenguaje jurídico normativo. Supletorio, en lenguaje usual, es aquello se suple una falta. Lo que se suple es la no existencia de algo, una ausencia que hace necesario acudir a otro lugar para hallar una respuesta. En el Derecho, el uso de la supletoriedad pretende prever que siempre pueda haber algo aplicable: en defecto de todo, aplicamos aquello que es supletorio. Consiguientemente, la supletoriedad es una forma de rellenar huecos, o, dicho en lenguaje jurídico, de evitar la existencia de lagunas normativas. Las normas, por tanto, no son subsidiarias unas de otras: son supletorias de los vacíos existentes en otras normas.

Y la supletoriedad es distinta también de la analogía. La supletoriedad está orientada a que no puedan existir lagunas, mientras que la analogía es un mecanismo que, una vez constatada la existencia de la laguna normativa, permite encontrar una solución que está en una norma que no es aplicable, ni directa ni supletoriamente, al caso. La laguna es presupuesto de la aplicación analógica.

Resulta claro que, si queremos tener una idea cabal de la estructura normativa del conjunto del ordenamiento jurídico, es imprescindible conocer cómo están construidas, de manera general, las relaciones de supletoriedad entre las normas. Podemos observar cómo en nuestro ordenamiento jurídico se dan, entre otras de menor relevancia, las siguientes manifestaciones de la supletoriedad, ordenadas de mayor a menor ámbito de operatividad:

1.- La supletoriedad de ordenamientos. En virtud de la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 de la Constitución, el ordenamiento estatal es supletorio de los ordenamientos (o subordenamientos) autonómicos.

2.- La supletoriedad de unas fuentes del Derecho frente a otras, en el art. 1 del Código Civil. Solo en ausencia de normas escritas (“ley”) se puede aplicar la costumbre. Y solo si no hay normas escritas ni costumbre se aplican los principios generales del Derecho.

3.- La supletoriedad del Derecho Civil sustantivo respecto del resto de las ramas del Derecho. Así, por disposición expresa del Código Civil, el mismo actúa como supletorio “en las materias regidas por otras leyes” (art. 4.3).

4.- La supletoriedad de la regulación del procedimiento judicial civil respecto  a todas las demás leyes reguladoras del resto de procedimientos judiciales (art. 4 de la LEC).

5.- E incluso dentro de una misma ley procesal, la supletoriedad de unos procedimientos judiciales respecto a otros. Así, por ejemplo, las reglas del procedimiento ordinario laboral son supletorias respecto a las de los procedimientos especiales (art. 102.1 de la LJS); y las de los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios de las de los procedimientos abreviados (art. 78.23 de la LJCA).

Las anteriores no son, ni mucho menos, todas las relaciones de supletoriedad normativa que hay en nuestro ordenamiento. Existen bastantes más reglas de supletoriedad, las cuales, si el legislador ha seguido en la redacción de los textos legislativos lo establecido en las Directrices de técnica normativa, las deberíamos encontrar establecidas en las Disposiciones Finales de las normas.

La supletoriedad de las normas contribuye a la estructuración sistemática y a la plenitud del ordenamiento jurídico. Incluso, desde el punto de vista del estilo, resulta eficaz para evitar la reiteración innecesaria, en normas diferentes, de una regulación idéntica.

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Comenzar a intentar entender una Sentencia



Leer Sentencias resulta conveniente, aunque no para todos en la misma medida ni por las mismas razones. Para el público en general (al menos para aquella parte del mismo que sí quiere estar bien informado), es necesario para saber con precisión cómo se ha resuelto en realidad ese pleito tan publicitado en los medios. Para el estudiante, como medio de conocimiento de la aplicación del Derecho. Y para el práctico, más que conveniencia, es su deber estar al día del devenir de la jurisprudencia y conocer nuevas posibilidades de defensa de sus clientes.

Esta entrada dirigida a los dos primeros, legos y estudiantes, con la intención de ofrecerles una primera orientación dentro del piélago de los dictámenes judiciales.


¿Qué es una Sentencia?

La Sentencia es la resolución judicial mediante la que, de forma debidamente motivada en Derecho, se pone fin a un procedimiento y se resuelven todas las cuestiones planteadas en el mismo. Constituye la finalización normal de los procedimientos judiciales, aquello a lo que tienden todos ellos y que se debe producir salvo que, por excepción y debido a circunstancias especiales recogidas en las leyes, el pleito termine de otra manera. Con la Sentencia se debe dar satisfacción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) en su vertiente de derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del asunto. La finalidad última de la Sentencia es hacer Justicia en el caso concreto planteado.

Hay Sentencias dictadas en primera instancia, es decir, son la primera resolución judicial de ese tipo que se da en ese litigio . Y también hay Sentencias dictadas en segunda instancia, en las que se resuelve un recurso (de apelación, de casación) interpuesto por alguna de las partes contra una Sentencia de primera instancia. Las Sentencias de primera instancia pueden, por tanto, resultar luego revocadas por otras Sentencias ulteriores.

También existen otros tipos de resoluciones judiciales diferentes a las Sentencias (Autos, Providencias) que, normalmente, tienen menor relevancia.


¿Qué nos encontramos en una Sentencia?

Las Sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales tienen que seguir un mismo esquema, previsto de manera general para todas ellas en el art. 248.3 de la LOPJ y en el art. 209 de la LEC. No obstante, existen algunas singularidades concretas en cada orden jurisdiccional, establecidas en sus correspondientes leyes procedimentales.

Según establece el art. 248.3 de la LOPJ, las Sentencias «se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo».

De este modo, las partes de toda Sentencia son:

1º.-Encabezamiento.

En el mismo se hace constar el Juzgado o Tribunal que dicta Sentencia (especificando el Magistrado ponente, es decir aquel de los que forman el Tribunal que se ha encargado de redactar la Sentencia), la fecha de la misma, quiénes son las partes del procedimiento judicial, los nombres de los abogados y procuradores de las mismas, y el objeto del juicio.

2º.- Antecedentes de hecho.

Los antecedentes de hecho deben expresarse en párrafos numerados y separados. Constituyen un relato, más o menos sucinto, de la tramitación judicial seguida hasta el momento de dictarse la Sentencia: interposición de la demanda o recurso, pretensiones de las partes, pruebas practicadas, etc.

(2º Bis.- Hechos probados)

La declaración de hechos probados, es decir, el relato de los hechos que el Juez o Tribunal considera que son los verdaderamente acaecidos según deduce de las pruebas practicadas en el procedimiento, no es un apartado obligatorio en todas las Sentencias. Actualmente debe constar en las Sentencias dictadas en los órdenes jurisdiccionales penal y social. Pero no ocurre así en las Sentencias de la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa, dónde esta parte no es obligatoria, y, por lo tanto, suele ser inexistente.

3º.- Fundamentos de Derecho.

También se debe expresar en párrafos numerados y separados.

Esta es la parte que constituye el núcleo fundamental. En ella, el Juez o Tribunal debe dar cuenta suficiente de las razones y fundamentos legales de su decisión, expresando cuáles son las normas jurídicas que entiende aplicables y cuál es la interpretación que hace de las mismas en el caso concreto. Además de hacer referencia a las normas jurídicas, también es habitual que se haga un resumen de la doctrina jurisprudencial fijada en Sentencias anteriores que pueda resultar de aplicación al caso enjuiciado.

Es la parte más extensa de la Sentencia.

4º.- Fallo.

A pesar de que en lenguaje usual la palabra «fallo» tiene otro significado, en el ámbito jurídico el fallo es la decisión judicial tomada mediante la Sentencia. Los fallos pueden contener varios pronunciamientos o decisiones diferenciadas. Normalmente, aunque el contenido varía según las distintas jurisdicciones, el fallo absolverá o condenará (total o parcialmente) a la parte contra quien se dirigió el pleito.

El fallo debe incluir también la decisión sobre las costas (gastos generados a la partes por tener que ir a pleito), las cuales se impondrán a la parte que vea desestimadas íntegramente sus pretensiones.

En segunda instancia, las Sentencias confirmarán o anularán («casarán», si el recurso es el de casación) la Sentencia de primera instancia objeto del recurso. También aquí habrá un pronunciamiento sobre las costas.

(4º Bis.- Votos particulares.)

Cuando las Sentencias son dictadas por Tribunales (no por Juzgados) se aprueban por mayoría absoluta de los votos de los Magistrados que formen la Sala o Sección sentenciadora. El resultado de la votación no se hace constar en el texto de la Sentencia.

Pero a veces ocurre, sobre todo cuando el asunto resuelto en la Sentencia es muy relevante o resulta polémico, que los Magistrados que votan en contra del fallo aprobado quieren hacer público el sentido de su voto y la fundamentación del mismo. Para llevarlo a efecto se formula por escrito un «voto particular», una especie de resolución alternativa, con su correspondiente fundamentación jurídica y fallo, que forma parte como anexo del texto de la Sentencia (art. 260 LOPJ). Las Sentencias que cuentan con votos particulares discrepantes suelen ser muy interesantes porque permiten observar el planteamiento de debates jurídicos de gran altura.

Firma, publicación y lectura en audiencia pública.

Las Sentencias deben ser firmadas por los Jueces y Magistrados que las dictan.

Una vez firmadas, las Sentencias son públicas y se depositan en la Oficina judicial, debiéndose permitir «a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas» (art. 266.1 LOPJ). Además, el Consejo General del Poder Judicial realiza la publicación oficial de la jurisprudencia de los diversos Juzgados y Tribunales, a través del órgano técnico denominado Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), quien la pone a disposición del público en general, de forma gratuita, a través de la página web del Poder Judicial.

Las Sentencias deben ser leídas en audiencia pública, si bien esto es algo que, en la práctica cotidiana, es completamente inusual. Por eso, la inmensa mayoría de las Sentencias acaban con una proclamación («fue leída celebrando Audiencia Pública») que no se corresponde en absoluto con la realidad.

Notificación

Por último, aunque esto no forma parte del texto de la Sentencia, en la notificación de la Sentencia a las partes del pleito se debe indicar» si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello« (art. 248.4 LOPJ). Esta indicación, llamada «pie de recurso», se incluye a veces en los textos de las Sentencias contenidas en las bases de datos de jurisprudencia.

Aquí tenemos un ejemplo de una Sentencia reciente en la que he resaltado cada una de sus partes y lo esencial de su contenido. Se trata de una breve Sentencia de primera instancia, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se decide acerca de un asunto relativamente sencillo, por lo que resulta ideal para comprobar cómo se desarrolla el esquema antes descrito.


¿Cómo llegar a comprender lo que se dice en una Sentencia?

Conviene empezar teniendo claro su esquema. Y luego, leerla detenidamente y con mucha perseverancia. Decía una coplilla popular que «Nadie entiende al abogado cuando de su ciencia explica, menos aún al magistrado que latines multiplica, pero el pobre ciudadano si la sentencia ha leído, siempre se queda dudando si es que ha ganado o perdido porque lo declara un fallo»  (cita tomada de MUÑOZ ÁLVAREZ, Guadalupe: «La modernización del lenguaje jurídico», Diario La Ley, 7384, 20 de abril de 2010).

Entender bien una Sentencia va a requerir concentración y realizar un considerable esfuerzo intelectual, pero merece la pena.

Aun así hay sentencias que no se llegan a entender bien. No ya la decisión tomada, ni el porqué de la misma, sino el lenguaje utilizado para justificarlas. Por eso, el lenguaje de las Sentencias merecerá varias entradas aparte en este blog.

No hay que desesperar; la tenacidad es aquí también parte del estilo.

P.S.: Para los estudiantes que ya se iniciaron en la lectura de Sentencias, les puede ser útil consultar la entrada sobre cómo realizar un comentario de Sentencia.

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