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Dos haikus (primavera)


Si los cerezos

florecen, no cabe ya

sino disfrute.


Primavera (amapolas)

Una amapola

por las lluvias de mayo

promulga el campo.

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Escritos administrativos, Estilo de escritura

FAQ sobre recursos administrativos (II): la forma del recurso


Siguiendo con la serie de preguntas más frecuentes, y su correspondiente respuesta, sobre recursos administrativos, veremos las cuestiones relacionadas con la forma que tienen los recursos.


II.1.- ¿Cómo estructuro el recurso?

Ya decíamos al comenzar la derrota de este blog que el mejor formulario es la ley. Y lo que debe contener todo recurso administrativo, tanto de alzada como de reposición o de revisión, viene establecido claramente en el art. 115.1 LPAC:

  • a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
  • b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
  • c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
  • d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige, y su correspondiente código de identificación.
  • e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

En esta breve presentación se plasma gráficamente cuál debe ser la estructura y partes del contenido del recurso.


II.2.-¿A quién le dirijo el recurso?

En principio, es al órgano competente para resolver el recurso a quien debemos dirigir el escrito de recurso y ante quien tenemos que presentarlo. El órgano administrativo que debe resolver el recurso será el mismo que dictó el acto impugnado, si el recurso es el de reposición, o el superior jerárquico de este si el recurso es el de alzada.

Ahora bien, incluso aunque el recurso procedente sea el de alzada, también cabe interponer el recurso ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, para que este lo remita al competente para resolverlo (art.121.2 LPAC).

Un caso especial, y completamente inusual, es el llamado recurso de alzada “per saltum”, previsto en el art. 112.3 LPAC. En estos casos, en los cuales el recurso sólo se fundamenta en la ilegalidad de la norma reglamentaria que es objeto de aplicación mediante el acto impugnado, el recurso se dirige al órgano que aprobó la norma reglamentaria en cuestión.


II.3.- ¿Hay que poner el número de DNI o CIF?

El apartado a) del art. 115.1 LPAC dice que se debe hacer constar, además del nombre y apellidos, “la identificación personal del recurrente“. Esto hay que entenderlo referido al numero identificativo establecido legalmente con carácter general: el DNI para las personas físicas (art. 1 R.D. 1553/2005, de 23 de diciembre) y el NIF para las personas jurídicas (Disposición Adicional 6ª de la Ley General Tributaria y Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero).


II.4.- ¿Hay que acreditar la representación?

La interposición de un recurso es una de las actuaciones de los interesados en las que no se presume la representación, por lo que resulta necesario que, si se actúa en representación del recurrente, se acredite la misma por cualquier medio válido en Derecho (art. 5.4 LPAC).


II.5.- ¿Y si no tengo claro que el recurso sea de alzada o de reposición?

En virtud del principio antiformalista, el error en que pueda incurrir el recurrente a la hora de calificar su recurso como de alzada o de reposición “no es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter” (art. 115.2 LPAC).

O sea, que no hay mayor problema en equivocarse (o incluso en indicar sólo que se trata de un “recurso”, sin especificar más), mientras quede perfectamente claro que lo que estamos presentando es un recurso en vía administrativa contra un acto determinado.


II.6.- ¿Cómo identifico el acto que estoy recurriendo?

Hay que hacerlo de manera tal que no se pueda inducir a error sobre cuál es el acto impugnado. Por lo tanto, lo más conveniente es mencionar el tipo de acto (resolución, decreto, acuerdo, etc.), el órgano autor del mismo, la fecha, el número de expediente administrativo, y una descripción somera del contenido.


II.7.- ¿Distingo en el texto entre hechos y fundamentos de derecho?

Puesto que la ley no lo exige, no es obligatorio hacerlo.

Pero puede ser conveniente si se solicita la suspensión de la ejecución del acto, puesto que una de las circunstancias que obliga a la Administración a acordar la suspensión es precisamente la de haber alegado que el acto impugnado es nulo de pleno derecho.

En cualquier caso, la calificación que podamos hacer de un motivo del recurso como de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho no vincula a la Administración.

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Escritos administrativos, Estilo de escritura

FAQ sobre recursos administrativos (I): posibilidad de recurrir


Es relativamente frecuente que uno reciba llamadas y correos (o incluso mensajes de Facebook o Whatsapp) de compañeros abogados, de estudiantes o de amigos legos que me plantean las dudas que tienen a la hora de hacer un recurso en vía administrativa.

Sin pretender ser exhaustivo, ni demasiado técnico, sino meramente práctico, inicio aquí una serie de posts en el formato de preguntas más frecuentes, y su correspondiente respuesta. Intentaré agrupar las cuestiones en bloques temáticos. Empezamos con las preguntas relacionadas con la posibilidad de recurrir. Las contestaciones únicamente expresan mi opinión que, por supuesto, someto a cualquier otra más autorizada en Derecho.


I.1.- ¿Puedo recurrir contra todos los actos administrativos?

No. Sólo contra aquellos contra los que la ley permite hacerlo. Para determinar su susceptibilidad de recurso podemos clasificarlos en:

A) Resoluciones (actos que ponen fin al procedimiento). Son recurribles, mediante los recursos de alzada o de reposición, en cualquier caso. Eso sí, siempre y cuando se esté dentro del plazo para hacerlo: 1 mes contra actos expresos y “en cualquier momento” contra actos presuntos (arts. 122.1  y 124.1 de la LPAC).

B) Actos de trámite (los que preparan la resolución). Por regla general, no son recurribles. Pero el art. 112.1 de la LPAC sí que permite recurrir los actos de trámite, por excepción, en los siguientes supuestos (siempre que estemos dentro de los plazos antes mencionados):

  • Que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto.
  • Que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento.
  • Que hayan causado indefensión.
  • Que causen perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

C) Actos (tanto resoluciones como actos de trámite) que hayan adquirido firmeza, es decir que no se hayan recurrido en el plazo establecido. No se pueden recurrir, salvo que en los mismos concurra alguna de las circunstancias excepcionales previstas en el art. 123.1 de la LPAC, en cuyo caso cabría el recurso extraordinario de revisión.


I.2.- ¿Puedo recurrir aunque no haya hecho alegaciones antes en el procedimiento administrativo?

Por supuesto que . Los actos y resoluciones administrativas son recurribles en vía administrativa con independencia de que los interesados hayan efectuado o no alegaciones previamente en el procedimiento administrativo. No se renuncia al derecho a presentar el recurso por el mero hecho de haber permanecido inactivo con anterioridad.


I.3.- Para poder recurrir, ¿hay que pagar la cantidad que me pide la Administración en el acto recurrido?

No, en absoluto. La posibilidad de recurso es independiente de que se haya pagado o no. El principio llamado “solve et repete” (paga para reclamar) se entiende derogado por la Constitución.

Pero ojo, que esto no significa que, por el mero hecho de que se haya presentado el recurso, se pueda dejar de pagar. La regla general es que la interposición del recurso no suspende la obligación del pago (art. 117.1 de la LPAC). No obstante, hay excepciones a esa regla (por ejemplo, las resoluciones sancionadoras) y, además, es posible que la Administración acuerde la suspensión de la ejecución del acto en tanto se resuelve el recurso.


I.4.- ¿Cuál es el último día para poder presentar el recurso?

Mucho cuidado en este punto.

Los plazos para formular recursos administrativos de alzada y reposición están establecidos en meses. Y una rápida lectura del art. 30.4 de la LPAC respecto del cómputo de los plazos por meses nos puede llevar a pensar que, puesto que el plazo comienza a contar a partir del día siguiente a la notificación del acto impugnado, el último día del plazo sería el inmediatamente posterior a aquel que tenga el mismo ordinal en el mes siguiente (por ejemplo, si nos lo han notificado el 25, el 26 del mes siguiente).

Pero no. El segundo párrafo de ese mismo art. 30.4 se encarga de precisar que en los plazos en meses, el último día de plazo es aquel que, en el mes del vencimiento, tenga el mismo ordinal que el día de la notificación (en nuestro ejemplo, el 25 del mes siguiente, no el 26). Con esto se ha venido a establecer de una manera suficientemente clara esta importante cuestión; y en el mismo sentido en el que se interpretaba por el Tribunal Supremo (STS 15-12-2005, entre otras muchas) respecto del precepto correspondiente de la anterior Ley 30/1992.

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Actuaciones judiciales

Sus Señorías se dirigen a los ciudadanos



Una de las mejores maneras de aprender el oficio de Abogado (la cual, por cierto, recomiendo a todos los compañeros que se inician) es ir a los Juzgados para asistir entre el público a los juicios. Como algún Abogado veterano me lo había aconsejado a mí, y dado que yo estaba empezando (por lo que todavía no tenía demasiadas ocupaciones), hubo un tiempo, ya lejano, en que me pasaba toda una mañana en la Sala de Vistas intentando tomar nota mientras observaba cómo se comportaban los que allí actuaban.

En uno de los Juzgados que yo frecuentaba por aquella época había entonces un Juez bastante joven. Cada vez que entraba un testigo para prestar declaración, este Juez le recitaba en tono imperioso, a toda velocidad, mirando desganadamente hacia un lugar indefinido y cual si de un tema de oposiciones se tratara, la siguiente retahíla:

«Comparece usted para deponer como testigo. Es su obligación contestar la verdad a todo lo que le sea preguntando. Queda apercibido de que el vigente Código Penal castiga con pena de prisión el falso testimonio prestado en causa civil. ¿Jura o promete decir verdad?»

Los pobres testigos, que acababan de entrar como toros (mansos) a la plaza, y se encontraban de repente rodeados por todos lados de figuras severas vestidas con extraños trapos negros, no sabían qué hacer ante la regañina. Eran muchos los que, tras girarse a un lado y a otro implorando ayuda con la mirada, farfullaban atropelladamente un incoherente «sí, juro o prometo», mientras en su interior seguramente maldecían el día que habían sido citados para ir al Juzgado.

Al cabo de unos años, este Juez fue sustituido por una Jueza, de similar edad al anterior. Cuando llegaba el mismo trance, la nueva titular del Juzgado decía, lenta, firme, tranquilamente y mirando con fijeza a los ojos de la persona que comparecía como testigo:

«Buenos días. Soy la Jueza. Usted viene aquí como testigo. Sepa usted que, si miente, irá a la cárcel. ¿Lo ha entendido? […] Y ahora, ¿jura que va a decir la verdad, o prefiere prometerlo?»

Ni que decir tiene que ahora los testigos tenían absolutamente claro cuál era su deber, y, al mismo tiempo, perdían algunos de los miedos con los que habían acudido.

Frente al autoritarismo, la apatía, el uso de términos técnicos, el trato despersonalizado del anterior titular, teníamos ahora en aquella Sala de Vistas el respeto por las personas, la empatía, la firmeza no autoritaria, el lenguaje claro, pero preciso, y, sobre todo, el trato digno.

Ambos Jueces cumplían con la ley (art. 365.1 LEC), pero cada uno con un estilo radicalmente  diferente. Y eran precisamente esas contrapuestas formas de trato personal y comunicación las que, probablemente, determinaran que, en la práctica, en el primer caso no se estuviera satisfaciendo la finalidad de la ley. Porque de lo que se trataba aquí, en esencia, era de asegurar la práctica en las debidas condiciones de una prueba testifical.

Relevante cuestión de estilo, pues.

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General

Presentación de «Estilo jurídico»



¿Por qué lo de «estilo»?

El estilo es lo que no se ve pero se nota, deja huella. Poco hay tan evanescente, pero al mismo tiempo tan presente, como el estilo. El mundo del Derecho, donde las formas son muy relevantes, se identifica de inmediato por lo peculiar de su lenguaje. Pero a su vez, cada jurista muestra su propio estilo, una singular «maniera» expresiva con la que pretende diferenciarse del resto de sus colegas.

Cuando en «El alma de la toga» habla sobre el estilo forense,  Ossorio y Gallardo exhorta a los letrados a usar la palabra con dignidad, con pulcritud y con eficacia. Y les marca como ideal para sus escritos una exigente tríada estilística: «En el abogado hay tres escritores: el historiador, el novelista y el dialéctico».

Será por todo esto que, tras más de veinticuatro años de ejercicio de la Abogacía y trece en la docencia universitaria, todavía se me siguen planteando dudas acerca del estilo. Incertidumbres que, como aspirante a jurista, me espolean en mi afán de refinar todo lo que pueda la forma en que me expreso, tanto oralmente como por escrito.

¿Qué pretendo con este blog?

Desde mi condición de modesto práctico del Derecho, desentrañar algunas claves de la peculiar manera de escribir y hablar de los juristas. Volcar aquí algo de mi añorada (por desaparecida) asignatura de «Prácticum Interno», que impartí durante muchos cursos en la Facultad de Derecho. Poder ser así al menos de una moderada utilidad, espero, tanto para los legos como para los estudiantes (o estudiosos) de disciplinas jurídicas y para los prácticos. Seguir aprendiendo y continuar modelando mi propio estilo personal. Sin dejar de ser consciente de que, aun teniendo importancia las formas, lo principal siempre será el fondo, porque el estilo hueco se queda en nada. Todo ello con visión crítica y una pizca de sentido del humor, si me fuera posible.

Con estas intenciones abriré una entrada quincenal.

Lo que no persigo es convertirme en oráculo o en guardián de las esencias de la gramática española aplicada al Derecho. Lejos de mí el intentar sentar doctrina. No quiero caer en la severidad, y espero eludir la diatriba, esa antagonista de la elegancia. Tampoco será este un sitio de aportaciones científicas ni de análisis de la actualidad jurídica, sino volcado en otros mucho más humildes asuntos formales. Si el paciente lector ha llegado hasta aquí habrá comprendido ya también que, a pesar del título, no nos dedicaremos a comentar la moda en el vestir que lucen los juristas.

Discúlpeme quien lea este blog si en su desarrollo llevo demasiado lejos mi naturaleza puntillosa, o si mi lenguaje resulta un tanto trasnochado. A fin de cuentas, es también una cuestión de estilo.

Incipere dimidium est.

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