Actuaciones judiciales, Jurisprudencia

El arte de alegar jurisprudencia (y IV): el caso especial de las vistas orales



Llegamos aquí al último escalón de nuestra ascensión gradual en el arte de la alegación de la jurisprudencia. El peldaño más elevado y, en mi opinión, el más difícil de alcanzar con éxito. Tras tratar en los capítulos primero, segundo y tercero la importancia de la jurisprudencia, su adecuada selección y la manera de insertarla, siempre en referencia a nuestros escritos procesales, toca ahora ver cómo hacer lo propio en las vistas orales.

Recuerdo ahora que, cuando yo empecé a ejercer, los abogados veteranos nos contaban una historia acerca de un distinguido abogado de nuestra localidad. Este abogado (quien, por cierto, era letrado de una Administración Pública tras superar una dura oposición), en las vistas en las que participaba, citaba de memoria párrafos literales enteros de sentencias que venían al caso y encajaban como un guante en su argumentación. Según nos decían, resultaba asombroso oírle, un portento de erudición jurídica. Hasta que un día, inquirido acerca de tamañas hazañas por otro compañero adverso, el letrado jurisprudente le reconoció paladinamente que todo aquello que citaba con tanta prosopopeya era producto de… su pura invención. 


Citar jurisprudencia en las vistas orales

Si en las anteriores entradas ya advertí de que yo no tenía reglas o consejos en firme que ofrecer, sino meras reflexiones, en esta ocasión ello es todavía más palmario. Por lo general, mis experiencias en esta cuestión las he percibido como insatisfactorias. Debido a ello, esta entrada vendría a constituir mi propio y personal exorcismo. Pido por ello disculpas anticipadas al lector, y me encomiendo a su benevolencia.

En primer lugar, parece evidente que las vistas orales (los juicios) no son terreno propicio para alegar y citar jurisprudencia; o, al menos no tanto como ocurre en el ámbito de los escritos procesales. Como principio general, creo, hay que ser muy prudente a la hora de usar este recurso en las vistas, porque es bastante fácil, según he comprobado en carne propia, que la introducción de jurisprudencia en el alegato rompa el hilo del discurso oral, y nuestro oyente automáticamente desconecte en este punto de la argumentación.

Por lo tanto, quizás la regla debería ser la de no citar jurisprudencia, salvo que lo consideremos absolutamente necesario. Se me ocurren algunos supuestos en los que puede ser conveniente alegar y citar jurisprudencia y, de hecho, es común verlo así en el foro. Por ejemplo, en asuntos penales, para destacar que la doctrina jurisprudencial requiere un determinado elemento del tipo en ese delito, que es discutible que concurra en nuestro caso. O en lo social, citar sentencias del Tribunal Supremo dictadas en unificación de doctrina sobre aspectos que puedan ser discutidos en el despido, como la antigüedad o el salario regulador.

Obviamente, vienen a ser de aplicación los extremos que vimos en las dos primeras entradas sobre la importancia de la jurisprudencia y la adecuada selección de la misma. Pero con matices. Creo que las sentencias que citemos deberían ser menos numerosas que en los escritos, lo que nos obliga a seleccionar con mayor rigurosidad esa/s sentencia/s.


Otra importante cuestión a tener en cuenta es el concreto momento procesal en el que nos encontremos.

Lo más más habitual será que la oportunidad para alegar verbalmente jurisprudencia la tengamos en el momento del alegato (informe) final del juicio en primera instancia. Un espacio de las vistas orales que, según nuestras leyes procesales, debería estar dedicado sólo a sentar las conclusiones resultantes de la práctica de la prueba. Es decir, suele resultar más un lugar para las cuestiones de hecho que para las cuestiones jurídicas controvertidas de fondo.

Diferente será que se trate de la vista de un recurso (en los escasos supuestos en que todavía las hay). Aquí parece haber más campo abierto a la alegación de jurisprudencia que pueda servir para argumentar contra la sentencia recurrida. Como no cabe esperar en este momento ninguna sorpresa ni habrá, normalmente, práctica de prueba, vamos a poder preparar mucho mejor esa alegación de jurisprudencia.

Pero hay además otro posible momento procesal, en el cual, precisamente, el conocimiento y la alegación de la jurisprudencia nos puede resultar vital: cuando se plantea en la vista alguna excepción procesal o un motivo de inadmisibilidad del recurso (o cuestiones previas en los juicios penales). En estos casos, si es la parte contraria quien plantea tales cuestiones en la vista, tendremos que reaccionar allí, verbalmente, sobre la marcha. Por lo tanto, conviene prepararnos bien de antemano y conocer perfectamente toda aquella jurisprudencia cuya alegación nos pueda ayudar a la hora de reaccionar (y diría que, especialmente, la del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva). Una buena manera de prepararnos sería confeccionar un guión previo en el que plasmar todas estas cuestiones procesales que preveamos que nos pueden plantear, con inclusión de la jurisprudencia aplicable más relevante. Y repasar estos temas siempre antes de cada vista.


¿Cómo hacer la cita?

Para citar una sentencia, lo primero es identificarla. No sé si, en aras de la continuidad e inteligibilidad del discurso, merece la pena identificar la sentencia con tanta precisión como sí es recomendable hacerlo en los escritos. En todo caso, es muy difícil que el juez se quede en el acto con la referencia de la sentencia por muy despacio que la enunciemos. Y no parece que el hecho de que las vistas se graben nos garantice tampoco la identificación de la sentencia por el juez; aunque nos consolemos pensando que si el juez está muy interesado en conocer el texto de la sentencia citada, puede consultar su referencia en la grabación, es bastante improbable que lo acaben haciendo así. Por eso, posiblemente nos vendrá bien contar en este punto con las pequeñas ayudas a las que me referiré más adelante.

En cuanto al contenido de la cita, hay que tener en cuenta nuestras limitaciones, y, especial nuestra memoria. Si queremos citar literalmente un párrafo de la sentencia alegada, es prácticamente imposible no leerlo (salvo, claro está, que tengamos memoria fotográfica o que estemos en el caso del renombrado abogado de la anécdota del principio). Por eso quizá sea mejor interiorizar previamente el sentido de lo que dice la sentencia y exponerlo mediante la técnica de la paráfrasis, es decir, diciendo lo mismo pero con nuestras propias palabras, sin interrumpir el hilo discursivo para leer el texto de esa sentencia.

Por último, tendríamos que calibrar bien si nos conviene, o no, entrar en el análisis detallado de una sentencia alegada. Me da la impresión de que, en general, lo más adecuado en las vistas es contar el caso de la sentencia citada a la que pretendemos acogernos, poniendo el énfasis sus concomitancias (sin obviar sus posibles diferencias) con el caso objeto del pleito.


Unas (posibles) ayuditas

¿Aportamos en la vista copias de las sentencias alegadas (o no)? Esta forma de actuar se suele ver en las vistas orales, en las que es habitual que los abogados entreguen al juez el texto completo de las sentencias «a título ilustrativo». Con esa expresión se quiere soslayar que la doctrina jurisprudencial no puede ser objeto de prueba ya que se trata de una fuente complementaria del Derecho que debería ser conocida por los jueces y tribunales (o, al menos, esta fácilmente a su alcance).

Obvio es que aportar el texto de las sentencias aducidas facilita su consulta posterior por el juez. Pero resulta obligado preguntar primero al juez si permite la presentación de tales documentos. Afortunadamente, es cada vez más habitual que este lo admita sin problema, atienda luego, o no, los argumentos que se encuentran en el texto de tales sentencias.

En determinados casos, también podemos plantearnos el aportar un pequeño resumen de jurisprudencia. Se trataría de una especie de «instructa», pero en página aparte y limitada a un breve texto con mención a una serie de sentencias y somera explicación (en un párrafo) de la doctrina por ellas sentada. Yo le he usado en alguna vista oral en la jurisdicción social. Con este documento pretendía que quedará constancia lo más clara posible de la fundamentación jurisprudencial. Aquí un ejemplo (ya antiguo) de ese documento usado por mí.


Hasta aquí mis reflexiones, en las que he intentado plasmar, de manera clara y ordenada, aquello que me parece que podría contribuir a mejorar la introducción de jurisprudencia en las vistas orales. Pero no puedo dejar de mencionar algo que me ocurrió no hace mucho en una vista en un Juzgado de lo Social.

En esa vista, mi argumentación en el alegato final se centró en la correcta manera de interpretar un determinado precepto normativo conforme a los criterios hermenéuticos al uso. Frente a ello, la parte contraria introdujo, ya al final de su informe, la apreciación de que existían tres sentencias de tres diferentes Juzgados de lo Social de nuestra Comunidad Autónoma, que, en casos iguales, habían fallado en contra de pretensiones idénticas a la nuestra. Lo hizo muy breve y rápidamente, citándolas de paso, como el torero que ejecuta un quite o una chicuelina. Pero, eso sí, entregando a la jueza esas sentencias. Y, como era previsible, el texto de una de ellas fue lo que acabó, para mi pesar, reflejado en la resolución por la jueza de nuestro pleito.

A veces, pero sólo a veces, el estilo sublime tiene estas cosas: puede (y debe) ceder ante la llana eficacia.


P. S. I: Cuando acabé de redactar esta humilde entrada mía, no conocía yo todavía esta otra del blog de mi querido y admirado compañero Óscar Fernández de León sobre la conveniencia de citar jurisprudencia en el alegato. Ni que decir tiene que me pliego ante su sabiduría y la profundidad de su conocimiento acerca de las habilidades de los abogados. Tengo mucho que aprender todavía, y él es siempre un faro que nos señala la buena dirección. Síganle.


P. S. II (a modo de estrambote): Aquel insigne abogado que mencionábamos al principio de esta entrada, buen recitador de «jurisprudencia», era un auténtico fenómeno. A su «memoria» (o más bien su capacidad inventiva) se unían su desparpajo y su autoridad a la hora de exponer en las vistas esa su «doctrina jurisprudencial». No es de extrañar, así, que en más de una sentencia los jueces le dieran la razón. Y que, además, lo hicieran usando la siguiente consabida fórmula: «de acuerdo con la jurisprudencia acertadamente alegada por la parte…».

Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia

El arte de alegar jurisprudencia (III): ¿cómo insertarla en nuestro escrito?


Como todo arte que se precie, también el de alegar jurisprudencia en el foro requiere de un aprendizaje gradual. Hasta el momento, en el recorrido de este peculiar «Gradus ad Parnassum» que emprendimos por aquí, hemos visto en la primera entrada la conveniencia y utilidad de usar la jurisprudencia en nuestros escritos. En la segunda entrada nos dedicamos, por su parte, a indagar cuál es la jurisprudencia que hoy es susceptible de alegación.

Y ahora toca plasmar en nuestro escrito procesal esa jurisprudencia (aplicable al caso, actual, del tribunal más alto posible, asentada) que hemos decidido alegar. Se trata por tanto de encajar en nuestra argumentación escrita, de la manera más eficaz posible, la jurisprudencia que hemos seleccionado previamente. Mi experiencia en este campo, como ya he reconocido por aquí, no ha sido del todo satisfactoria, y de ahí surge precisamente la necesidad de repensar y verter aquí estas consideraciones. Tómense, por lo tanto, como tales reflexiones en voz alta, y no como otra cosa.

En este tema, al igual que en tantos otros referidos al estilo de escritura, no hay reglas fijas ni definidas, creo. Por eso, quizás lo conveniente a la hora de afrontar esta cuestión sea comenzar por aquello que se me antoja más claro, que en este caso es la vertiente negativa: qué es lo que, obviamente, no resulta. Y luego escudriñar lo que sí podría quedar bien (o tal vez no, quién sabe).


1) Lo que no queda bien

Todos hemos leído muchos escritos procesales (propios o de compañeros) en los que nos ha llamado la atención determinadas características de su alegación de jurisprudencia que inmediatamente hemos identificados como inadecuadas. A continuación, las que a mí me parecen como las muestras más evidentes de lo que no se debe hacer.


Realizar citas genéricas. Me refiero a decir, por ejemplo, «de acuerdo con la jurisprudencia» o «según señala el Tribunal Supremo», para luego hace mención a la doctrina que queremos poner de manifiesto. No incluir la referencia concreta de al menos una de las sentencias que sientan esa doctrina le resta credibilidad a esta alegación de jurisprudencia, que aparecerá como huérfana de veracidad, una mera cláusula de estilo, vacía de respaldo real.


Incluir citas muy largas. He llegado a ver en recursos interpuestos por compañeros citas literales del texto de una sola sentencia que ocupaban dos o tres páginas. Esto, que quizás podría tener un pase en un escrito judicial (de hecho, aunque denota mal estilo, es bastante común verlo), resulta suicida en un escrito procesal de parte. Nadie va a leerlo. Media página a lo sumo es, creo, todo lo que un lector soporta sin tirar la toalla.


Identificar deficientemente (o no identificar) la sentencia que citamos. Si es que el lector muestra interés por ella, este defecto supone multiplicar el trabajo para quien pretende leernos, o, directamente, impedirle la lectura de la jurisprudencia alegada. En este punto, remito al lector a la entrada de este mismo blog en la que se daba cuenta de este problema y se explicaba cómo citar sentencias (y, por supuesto, sin olvidar el hipervínculo a su texto completo).


Insertar una lista de sentencias o de citas literales sin mayor explicación. Recuerdo, en mis inicios, cuando no había bases de datos ni Internet, a un compañero que le encargaba esta tarea a su secretaria, dándole instrucciones sobre los tomos de jurisprudencia en papel de dónde tenía que obtener los listados de sentencias y transcribirlas sin más en sus demandas. En la actualidad, este «copia y pega» resulta todavía más fácil, usando bases de datos y procesadores de textos. Pero no aporta nada a nuestro escrito. Es más, ya lo pueden hacer (y aun mejor) las aplicaciones de inteligencia artificial.


2) Lo que creo que sí queda bien (aunque vaya usted a saber)

A continuación, los aspectos sobre los que, a veces, todavía sigo dudando cuando ya he decidido que incluiré jurisprudencia. Muchas de estas cuestiones las expreso en forma de pregunta, no sólo a efectos didácticos, sino también porque para muchas de esas preguntas, aunque pueda aventurar aquí una respuesta, posiblemente no tengo todavía una contestación clara, definitiva y que me resulte del todo satisfactoria.


Una primera cuestión puede ser esta: ¿en qué lugar de nuestro escrito colocamos la jurisprudencia alegada? Para mí, esto resulta crucial. Es algo a decidir en cada escrito y que me resulta difícil. Tengo claro que no me gustan esas demandas en las que se dedica en exclusividad un apartado de los fundamentos de Derecho (generalmente el último) a insertar todas las sentencias que uno alega. Creo que es preferible, para asegurarnos de que se lee, alegar la jurisprudencia precisamente en en aquella parte del escrito en que se realiza la argumentación que pretendemos reforzar con su cita.


¿Enmarcar la doctrina general y luego especificar, o ir directamente al grano? Ya dije por aquí que alegar jurisprudencia en una demanda o un recurso no puede convertirse en escribir un sesudo estudio sobre la misma. Pero… es posible que en algún caso nos resulte conveniente enmarcar primero en una doctrina general las sentencias que luego alegaremos.

Por ejemplo, si en un recurso contra el resultado de una oposición queremos alegar la vulneración de un derecho fundamental producida en la convocatoria de esas oposiciones, quizás sería bueno comenzar por hacer referencia a la doctrina jurisprudencial que abre la posibilidad de aducir esta circunstancia en el recurso contra el resultado de la oposición, para luego ya citar sentencias sobre ese concreto derecho fundamental que entendemos vulnerado.

Y otro ejemplo de lo contrario. En un asunto de responsabilidad patrimonial de la Administración, me parece que es mejor no citar la doctrina jurisprudencial genérica sobre los requisitos de esta institución jurídica, porque es demasiado abstracta, resulta archiconocida y se abusa de su inserción (tanto en demandas y recursos como en sentencias). Es preferible, en cambio, citar las sentencias que solucionen supuestos de hecho lo más similares posibles al nuestro, dado el casuismo de este tema.


¿Cuántas sentencias alegar? ¿Una o varias? Me parece que en este punto debe regir la regla de que cuantas menos y más apropiadas, mejor. No vale la pena citar cuatro sentencias que vienen a decir lo mismo, cuando con algunas menos ya es suficiente (un tipo de reiteración innecesaria, por cierto, que se suele ver en las resoluciones judiciales). Incluso con una podría bastar.


Si bien no siempre, creo que resulta necesario indicar el tipo de procedimiento en el que se dictó la sentencia alegada, especialmente cuando ello marca la relevancia que va tener esa sentencia en la formación de la doctrina jurisprudencial: recurso de inconstitucionalidad y sentencia interpretativa; recurso de casación; unificación de doctrina; interés de ley, etc. Con esta simple mención se puede enfatizar el valor vinculante para el juez de esa jurisprudencia que alegamos.


Es conveniente, a veces, hacer un pequeño relato de la evolución de la jurisprudencia, es decir, explicar cómo la jurisprudencia ha ido llegando a la concreta solución que nosotros proponemos. No creo que deba hacerse esto de manera usual, pero me parece algo apropiado, sobre todo, cuando alegamos jurisprudencia novedosa o que se aparta de alguna manera de la asentada.


Contar el caso, cuando sea necesario. Pero, ¿cuándo es necesario? Pues, posiblemente, cuando el caso resuelto en la sentencia citada sea esencialmente igual al de nuestro pleito, y ese sea nuestro argumento principal. Pero, ojo, creo que esto sólo es eficaz si el caso es en verdad igual. Hay que tener en cuenta, además, que contar bien y concisamente un caso jurídico ya es casi un arte en sí mismo.


La cita de una sentencia en nuestro escrito procesal se puede hacer, me parece, de tres formas diferentes. La primera, mediante una paráfrasis en el párrafo; la segunda, de manera literal, pero, asimismo, insertada en el párrafo; y la tercera, con cita literal y en párrafo aparte.

¿Cuándo usar una u otra forma de citar? Creo que esto debería estar en función de la relevancia que le vamos a dar a la alegación de jurisprudencia y de la extensión de la cita. Un cita corta puede hacerse dentro del párrafo usando simplemente una paráfrasis, lo cual contribuirá a aligerar nuestro escrito. Aunque ello sólo deberíamos hacerlo cuando no consideremos necesaria, por su interés, la cita literal del texto, bien que dicha cita textual sea también dentro del párrafo. Pero una mayor relevancia de la cita para nuestro nuestro escrito y una mayor extensión de lo que vamos a citar requieren, en mi opinión, de la inserción del texto literal y en párrafo aparte.

Si citamos en párrafo aparte, deberíamos seleccionar con mucho cuidado cuál es ese párrafo, e intentar que su extensión sea la mínima posible. Quiero decir: es importante tomarnos el trabajo de despejar el párrafo de aquello que no viene al caso y centrarnos en la parte que sienta la doctrina que alegamos. No deberíamos insertar, sino excepcionalmente, fundamentos jurídicos enteros de la sentencia. Si no hacemos ese esfuerzo de selección, no podemos pretender que lo haga el lector, quien, muy probablemente, al verlo demasiado largo, no leerá nada.

En todo caso, cuando hagamos una cita literal (ya sea dentro del párrafo o en párrafo aparte) deberíamos identificar el fundamento jurídico concreto al que corresponde el párrafo.


Abreviar en lo posible la cita literal eliminado de ella lo que no tiene relación precisa con la doctrina que estamos alegando. Para esto resulta muy útil el uso de los tres puntos suspensivos entre corchetes, algo admitido por la Real Academia Española (RAE) y que nos permite suprimir en la cita fragmentos que, en el original, van intercalados entre lo que verdaderamente interesa. Pero teniendo sumo cuidado de no manipular así el sentido de la doctrina (o de dar la impresión de que se quiere manipularlo).


Por último, algunas cuestiones de ortotipografía. Para las citas literales en párrafo aparte (de cualquier tipo de texto), las recomendaciones oficiales de la RAE y del Libro de estilo de la Justicia son las de que se hagan de alguna de las dos siguientes formas: enmarcadas entre comillas (una al principio y otra al final del párrafo); o bien, en un estilo más moderno, con sangrado respecto del resto del escrito, en un tamaño de letra un punto inferior al del texto principal (o en cursiva), y sin usar comillas.

Además, a mí me parece conveniente para facilitar la lectura (aunque esto sólo es una preferencia personal) destacar tipográficamente, con negrita o subrayado, lo que consideramos esencial dentro del párrafo citado.


De momento, creo que esto es todo lo referente al uso de la jurisprudencia en nuestros escritos procesales. El próximo capítulo de esta serie sobre la alegación de jurisprudencia (y el último, al menos por el momento) se dedicará a su exposición oral en las vistas. La cuestión cuyo buen estilo probablemente sea la suprema expresión de este esquivo arte que aquí nos ocupa.

Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia, Sentencias

El arte de alegar jurisprudencia (II): ¿qué jurisprudencia aducir?


En la primera entrada de esta serie sobre el arte de alegar jurisprudencia vimos cómo la jurisprudencia ha pasado a ser, en la práctica, fuente del Derecho, y cómo en muchas ocasiones nos va a resultar necesario o conveniente aducirla en el pleito. Trataremos ahora de precisar cuál debe ser la jurisprudencia que aleguemos y qué características debe reunir.


A este respecto, el legislador español de 1974 estableció en el artículo 1.6 del Código Civil que la jurisprudencia complementa el Ordenamiento Jurídico con «la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo» en sus sentencias. El devenir posterior de nuestro Ordenamiento Jurídico ha dejado obsoleta esta última previsión. Han aparecido nuevos tribunales (nacionales e internacionales) que, en determinados ámbitos, se sitúan en un plano superior a nuestro Tribunal Supremo. También otros que constituyen la cúspide judicial en el Derecho propio de su Comunidad Autónoma. Y, finalmente, las leyes procesales prevén ahora que en determinados casos se pueda fijar doctrina por el Tribunal Supremo (o por los Tribunales Superiores de Justicia) con una única sentencia, sin necesidad de mayor reiteración.

Debido a esta evolución, nadie puede dudar en la actualidad de que hoy constituye jurisprudencia también la doctrina fijada (de manera reiterada o incluso no) en sus sentencias por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el Tribunal Constitucional o (en los casos no susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo) por los Tribunales Superiores de Justicia.


¿Qué sentencias constituyen, entonces, jurisprudencia hoy? ¿Y en qué casos conviene alegarlas?

Para contestar a estas preguntas analizaremos a continuación cada uno de los tribunales de los cuales puede emanar jurisprudencia.


Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Se trata del famoso «Tribunal de Estrasburgo» al que casi todo aquel que se enfrenta a un pleito, imbuido de aliento justiciero, proclama que llegará si fuera necesario. El TEDH es el órgano judicial creado en el seno del Consejo de Europa y, en cuanto tal, el máximo intérprete y garante en materia de los derechos reconocidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El CEDH fue suscrito por el Reino de España en 1977 y ratificado y publicado en el BOE en 1979, por lo que desde entonces forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico interno.

La aplicación práctica de la doctrina del TEDH deviene de que el artículo 10.2 de nuestra Constitución establece que los derechos fundamentales reconocidos en ella deben ser interpretados conforme a los «tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Por lo tanto, siendo el TEDH el encargado de la interpretación judicial del CEDH (arts. 38 a 56 del CEDH) sus sentencias son definitivas en esta materia y sientan la doctrina que deben seguir todos los tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Constitucional, en materia de derechos fundamentales.

Un buen ejemplo de cómo de relevantes resultan las resoluciones del TEDH es la famosa Sentencia del TEDH de 21 de octubre de 2013 (asunto Del Río Prada c. España, o caso doctrina Parot). Aquí un somero análisis de ese caso, en el que el Reino de España resultó condenado por vulneración del artículo 7 del CEDH (no hay pena sin ley), ya que el TEDH entendió que dicho precepto prohíbe que un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo en la interpretación de normas ya derogadas tenga efectos retroactivos desfavorables. Esta sentencia corrigió tanto la doctrina del Tribunal Supremo como la convalidación de la misma que había hecho el Tribunal Constitucional. Aquí un análisis más profundo (y crítico con la sentencia del TEDH).

La alegación de la jurisprudencia del TEDH resulta útil, por consiguiente, en todos aquellos casos (ante cualquier tribunal) en los que pretendamos la tutela judicial de alguno de los derechos fundamentales que están recogidos en el CEDH.


Tribunal Constitucional (TC)

El Tribunal Constitucional es, desde 1979, el más alto intérprete de la norma jurídica suprema de nuestro Ordenamiento. Se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, sobre la existencia (o no) de vulneración de los derechos fundamentales, sobre la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y, en general, sobre la adecuación a la Constitución de la actuación de los poderes públicos. No resulta difícil comprender, por tanto, que sus resoluciones tienen suma relevancia.

Incluso hay sentencias del TC (aquellas que declaran la inconstitucionalidad de una Ley) que algunos sitúan directamente dentro del sistema de fuentes, puesto que equivalen a una ley en negativo. Y es que son algo más que jurisprudencia, porque expulsan a la Ley del Ordenamiento Jurídico.

Pero, aparte de estos casos, y por si pudiera existir alguna duda del valor de la jurisprudencia del TC, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha dejado perfectamente sentado en el Derecho Positivo el llamado «principio de interpretación conforme»: todos los jueces y tribunales (de cualquier clase y rango) tienen el deber de interpretar todas las normas jurídicas de acuerdo con los preceptos y principios de la Constitución, y ello «conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos» .

De este modo, la doctrina del TC ha ido incluso rellenando aquellos huecos que, en ocasiones, existen en las normas jurídicas. Sirva como ejemplo la «regulación» en detalle de las escuchas telefónicas que. ante el vacío existente en las normas procesales penales, ha llevado a cabo el TC mediante su jurisprudencia sobre el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución), Aquí un estudio sobre esta jurisprudencia que da cuenta de este papel prácticamente normativo de la misma en esa materia concreta.

Pero me gustaría detenerme en un caso que ejemplifica perfectamente no sólo la importancia práctica de la doctrina del TC, sino de la jurisprudencia misma en general. Se trata de la cuestión acerca del plazo para recurrir ante los tribunales los actos administrativos producidos por silencio administrativo. Si uno lee el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), la conclusión a la que llega sobre cuál es el plazo para la interposición del recurso contra un acto administrativo presunto (es decir, no expreso, sino producido por silencio administrativo) es clara y evidente: seis meses contados «a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto». Pues bien, la jurisprudencia (en este caso la del TC) ha establecido en varias sentencias que dicho plazo no es de seis meses, sino que permanece abierto mientras persista el silencio de la Administración: así lo dice, por ejemplo, la Sentencia 3/2008 (ECLI:ES:TC:2008:3), en un caso que, por cierto, llevó un querido compañero mío abogado.

Una especial mención debe hacerse también a las llamadas «sentencias interpretativas», en las cuales el TC salva la constitucionalidad de un precepto legal impugnado, pero siempre y cuando dicho precepto se interprete exactamente en la forma que fija el TC en su sentencia. De este modo, esa interpretación se convierte en la auténtica y única posible desde ese momento.

¿En qué casos conviene alegar la jurisprudencia del TC? Resulta indispensable, casi (junto con la del TDEH), en los casos de tutela de derechos fundamentales. Y, además, debemos aducirla en cualquier asunto en el que nuestra argumentación pivote sobre algún precepto o principio de la Constitución.


Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

De la importancia de la doctrina jurisprudencial del TJUE da idea el que su jurisprudencia ha tenido incluso la virtualidad de cambiar nuestro tradicional entendimiento de las fuentes del Derecho en nuestro Ordenamiento Jurídico. Así es: la jurisprudencia surgida a partir de su Sentencia de 15 de julio de 1964 (caso COSTA / ENEL) afirma la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre los Derechos nacionales de los Estados miembros, de tal manera que dicho Derecho debe ser el aplicado en aquellos casos en que las leyes nacionales entren en contradicción con él.

El TJUE, como máximo intérprete del Derecho de la Unión Europea dictamina sobre la conformidad a los Tratados Constitutivos del resto de normas del Derecho Comunitario emanadas de las instituciones de la Unión Europea; además, establece la interpretación de las normas comunitarias (art. 19.3 del Tratado de la Unión Europea). Y, en consonancia con ello, es quien decide sobre la posible existencia de contradicción entre el Derecho Comunitario y las normas de los Derechos nacionales de los Estados miembros.

Recientemente se ha podido comprobar la relevancia de la jurisprudencia del TJUE, en casos que afectaban a muchos ciudadanos, como los relacionados con las cláusulas suelo de las hipotecas o los desahucios hipotecarios.

La jurisprudencia del TJUE conviene alegarla en aquellos procesos en los que estemos pretendiendo la aplicación directa de normas del Derecho de la Unión Europea. Y también en aquellos en los que queramos hacer valer la existencia de una contradicción entre la norma nacional aplicable y las normas comunitarias.


Tribunal Supremo (TS)

El TS se encuentra en la cúspide de todas las jurisdicciones, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 de la Constitución). Su doctrina jurisprudencial ha venido siendo considerada de antiguo como complementaria de las fuentes del Derecho, según ya hemos visto.

Ahora bien, en la actualidad, y debido a lo que han ido estableciendo paulatinamente las leyes procesales, en determinados casos no resulta necesario que la doctrina emanada del TS sea reiterada, sino que basta una única sentencia suya, dictada precisamente con esa finalidad, para que quede fijada la doctrina que deberán seguir en el futuro todos los juzgados y tribunales. En estos supuestos, el TS desempeña con sus sentencias una función nomofiláctica, de depuración de interpretaciones incorrectas de las leyes y fijación de la única interpretación válida.

Ocurre así específicamente con estas clases de sentencias del TS dictadas en los diversos órdenes jurisdiccionales: en el civil, en casación y en el recurso en interés de la ley (arts. 477 y 490 de la Ley de Enjuiciamiento civil); en el penal, las sentencias de casación por infracción de ley (art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); en el contencioso-administrativo, las sentencias de casación, (art. 93 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa); y en el social, las sentencias de casación para la unificación de doctrina (art. 219 de la Ley de la Jurisdicción Social). En todos estos casos, con la existencia de una sentencia que fije la doctrina es suficiente para que todos los juzgados y tribunales deban seguir la interpretación que ha marcado el TS.

La jurisprudencia del TS, por tanto, conviene aducirla en todos los procesos, teniendo en cuenta, eso sí, que en función de la materia puede resultar más apropiado alegar la de los tribunales antes mencionados.


Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)

En los Tribunales Superiores de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma (art. 152.1 de la Constitución). La doctrina de sus sentencias puede tener relevancia, sobre todo, en aquellas materias que no son susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo; por ejemplo, aquellas sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo que únicamente tengan en cuenta legislación autonómica. También las que resuelven los llamados recursos de casación autonómica (art. 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Sus sentencias son de alegación obligatoria (es un requisito para la admisión a trámite del recurso) en los recursos para la unificación de doctrina en el orden social o de casación en el orden contencioso-administrativo. Por ello, conviene conocerlas de antemano y alegarlas ya en el procedimiento previo a estos recursos.


Otros Tribunales

Esta es la tradicionalmente conocida como «jurisprudencia menor», emanada de las Audiencias Provinciales o de la Audiencia Nacional.

Es dudoso que aquí se pueda hablar de jurisprudencia. Pero la alegación de estas sentencias puede venir bien en aquellos supuestos en que resulta muy difícil o imposible que se llegue a sentar jurisprudencia por el Tribunal Supremo (piénsese en el caso, por ejemplo, de los delitos leves). Por supuesto, siempre intentando que la Audiencia Provincial sea la correspondiente territorialmente al caso en el que se alegan sus sentencias.


Y no sólo sentencias

Al amparo del artículo 264 de la LOPJ, se pueden dictar los acuerdos no jurisdiccionales del Pleno de las Salas de los Tribunales. Tienen especial relevancia los aprobados por las distintas Salas del TS, a través de los cuales se unifican los criterios a seguir por todos los integrantes de dicha Sala, habitualmente en cuestiones procesales. Un ejemplo de esto es el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 06-07-2016, sobre notificaciones a través del sistema Lexnet en el orden social y plazos procesales, que fijó el modo en que se computan los plazos cuando se realizan las notificaciones de Lexnet a los abogados en el orden jurisdiccional social.


¿Cómo debería ser la jurisprudencia alegada?

Además de lo anterior, y conociendo ya cuáles son los tribunales cuya jurisprudencia conviene aducir, hay que tener en cuenta también qué cualidades debe reunir en concreto esa jurisprudencia a alegar. Siempre teniendo presente, como veíamos en la primera entrada de esta serie, que la finalidad de la alegación de jurisprudencia es la de fundamentar jurídicamente nuestro escrito, mostrar casos similares ya resueltos, o reforzar nuestros argumentos. Así, estas son las características que, en mi opinión, debería tener la jurisprudencia que usemos en nuestro escrito:

  • Aplicable al caso. El caso en el que la aleguemos debe ser lo más similar posible al tratado en las sentencias. Si no lo es, no sirve, o sólo podría servir como doctrina general. Y en esto no vale la pena intentar «engañar» al juzgado (y a nosotros mismos) mediante el uso del manido formulismo «como dice el TS en un caso similar…».
  • Lo más reciente posible. Mientras más cercanas al tiempo presente sean las sentencias aducidas, mejor. Por supuesto cuando se trata de una doctrina novedosa; pero también si viene a reiterar la doctrina ya establecida y sirve de resumen de aquella.
  • Cuya línea jurisprudencial no haya cambiado. A veces la doctrina ya sentada es modificada posteriormente, incluso sin que se haya producido un cambio en la legislación, por el propio tribunal. Es importante asegurarnos de que no haya sido así y de que la jurisprudencia citada es la «vigente».
  • Que la legislación que se se interpreta en las sentencias citadas no haya cambiado, o no lo haya hecho hasta tal punto que esa doctrina ya no resulte de aplicación al caso.
  • Del tribunal superior en la materia de cada caso (si es posible). Me refiero al tribunal que tenga la última palabra en cada ámbito: TEDH en casos de derechos fundamentales, TJUE en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, TC en el ámbito de nuestra Constitución, y TS, en general, en todo el resto de temas.
  • Obviamente, de sentencias que hayan sentado jurisprudencia. Las sentencias alegadas deben ser, en primer lugar, firmes. Sobre si deben ser reiteradas, o no, aunque es bueno que sea así, ya hemos dicho que, en determinadas circunstancias, bastará con una sola sentencia (siempre que no resulte contradicha por sentencias posteriores que fijen una doctrina contraria).

Nos queda sólo determinar cómo plasmamos esta jurisprudencia en nuestro escrito. A eso dedicaremos la próxima entrada del blog.

P. S. para los seguidores de Latinoamérica: Les pido disculpas a ustedes. Soy consciente que esta entrada está totalmente centrada en el Derecho español. Entre otras cosas, porque en España todavía no tenemos bien resuelto, creo, cuál es el verdadero papel de la jurisprudencia en la práctica y cuál es su contenido. Por lo poco que voy conociendo de la realidad jurídica iberoamericana, creo que allá tienen mejor regulado el papel de «las jurisprudencias» y, posiblemente, a ustedes se les presentan menos problemas en esta cuestión.

Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia

El arte de alegar jurisprudencia (I): ¿por qué y para qué aducirla?



Hace muchos años, cuando yo impartía mi añorada asignatura de Prácticum Interno en la Facultad de Derecho, a la hora de explicar cómo redactar demandas y recursos solía centrarme, obligado por la escasez de tiempo, en que los estudiantes aprendieran lo básico. Y lo básico era, a mi entender, saber plasmar los hechos, y la correspondiente fundamentación jurídica extraída del Derecho Positivo, de acuerdo con las formalidades que exigen las leyes procesales.

Pero he aquí que un día, ya al final de las clases de la asignatura, un avispado estudiante (por cierto, ahora con un cargo político importante en el ámbito local) me formuló una pregunta clave: «¿Por qué no incluimos jurisprudencia en el escrito que estamos haciendo?». Responderle no me resultó demasiado difícil en ese momento. Simplemente le expliqué que yo, por motivos pedagógicos, no era partidario de hacerlo en aquellas clases, porque bastante teníamos ya con enseñar/aprender a redactar lo más elemental. Pero, en mi fuero interno, no quedé contento, porque esa era una pregunta que yo me venía haciendo desde que comencé mi ejercicio profesional como abogado, sin que tuviera hasta ese momento una respuesta mínimamente satisfactoria.

Y es que el uso de la jurisprudencia en los escritos procesales representaba ya entonces para mí un arte. Un arte y no una técnica. Algo que no es mecánico, sino que cuesta mucho dominar, si es que se llega a dominar alguna vez, y que requiere sabiduría, combinada con sentido de la proporción. Para mí, dominar este arte conlleva recorrer un largo camino en el que todavía sigo. En esta cuestión de la alegación de jurisprudencia parece que también resuena el viejo adagio: «ars longa, vita brevis».

Para intentar asentar mis ideas y seguir avanzando, es por lo que me he decidido a escribir esta serie de entradas en las que plasmar algunas reflexiones personales sobre este noble arte de la alegación de jurisprudencia. Quiero aclarar que lo que sigue debe entenderse por el lector no como consejos que yo pretenda que se sigan por otros, sino tan solo como ideas que me surgen en mi camino.


Hay que empezar señalando lo obvio: por regla general, citar jurisprudencia no es un requisito que las leyes españolas exijan a los escritos procesales. Por lo tanto (por regla general, insisto), nuestro escrito procesal será formalmente correcto tanto si su contenido incorpora jurisprudencia como si no.

La excepción a esta regla reside, claro está, en el supuesto de algunos escritos de recurso específicos (como los de casación, casación por unificación de doctrina, o casación en interés de ley) cuyo presupuesto procesal es precisamente que se deben fundamentar en la infracción de una concreta jurisprudencia. Estos casos peculiares quedan fuera, obviamente, de estas reflexiones.

¿Por qué entonces alegar y citar jurisprudencia en nuestros escritos?

Creo que la razón principal que aconseja la introducción de jurisprudencia debe ser que esta añada algo a la fundamentación jurídica y a la capacidad de convencer de nuestro escrito. Nunca, por supuesto, la de aumentar su número de páginas.

Nuestro sistema jurídico es el continental, opuesto al sistema anglosajón del «Common Law», lo que excluye, en principio el valor vinculante de los precedentes judiciales. Pero hay que tener en cuenta que el concepto y la función de la jurisprudencia establecidos en el todavía vigente artículo 1.6 de nuestro Código Civil han sido superados en la actualidad. Con todos los matices que se quieran, parece claro que la jurisprudencia ha adquirido un estatus de fuente del Derecho en la práctica. No se limita ya sólo a «complementar» el Ordenamiento Jurídico, sino que va más allá; así lo demuestra, por poner un ejemplo clarísimo, la jurisprudencia surgida del caso COSTA/ENEL sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea, una jurisprudencia que ha sido capaz incluso de modificar nuestro sistema de fuentes del Derecho. Y al mismo tiempo, la jurisprudencia tampoco es ahora únicamente la emanada del Tribunal Supremo, sino que comprende la de otros muchos tribunales.

¿Conviene siempre alegar jurisprudencia en las escritos procesales?

Antes de decidir en cada caso si alegamos o no jurisprudencia, es necesario tener en cuenta el tipo de escrito que vamos a realizar. En principio, parece que la jurisprudencia resultará más eficaz en los recursos, y menos en las demandas, las cuales se deberían centrar más en la exposición de los hechos. Los escritos de trámite, salvo algún caso excepcional, no son terreno para insertar en ellos jurisprudencia. En principio, por tanto, habría que reservar la introducción de jurisprudencia a aquellos escritos que nos demanden una más profunda argumentación jurídica.


Para completar esta entrada y las reflexiones sobre los pasos iniciales a dar en este arte, creo que conviene ahora plantearse cuál es la finalidad práctica (el para qué) que puede tener la alegación de la jurisprudencia. Empezando, eso sí, por determinar aquello para lo que, en mi opinión, claramente no conviene usarla.


Para qué no sirve alegar jurisprudencia en nuestros escritos:

  • Para demostrar erudición o conocimientos. Una demanda o un recurso no son tratados jurídicos, ni ensayos, ni artículos doctrinales. Toda pretensión que no sea la de convencer para que nos den la razón, está fuera de sitio. Pero es que, además, intentar presumir de erudición a base de insertar una ristra de sentencias, cuantas más mejor, es pretensión baldía en la actualidad. La conjunción de las bases de datos jurídicas, con Google y el «copia y pega» ha arrumbado toda pretensión de erudición por esta vía.

  • Para «adornar» o rellenar nuestro escrito. Los escritos procesales deben ir siempre desnudos, sólo con lo principal y prescindiendo de cualquier accesorio. El escrito no será necesariamente mejor por llevar más jurisprudencia. Es más, si el lector percibe esa intención de adornar o rellenar pretendidos huecos (y es fácil que el lector lo perciba), hay más posibilidades de que abandone la lectura o acabe hastiado.

Para que sí puede servir alegar jurisprudencia:

  • Para fundamentar jurídicamente nuestro escrito. La jurisprudencia tiene, en la práctica, la categoría de fuente del Derecho. Y es que, en determinados casos, no podremos fundamentar en Derecho nuestra petición si no invocamos la jurisprudencia. Piénsese, por ejemplo, en que solicitamos que una Directiva de la Unión Europea no traspuesta en plazo sea aplicable al caso y tenga el efecto directo pretendido por nuestro cliente; imposible justificarlo en Derecho si no lo fundamentamos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre el efecto directo (casos VAN GEND EN LOOS y MARSHALL).

  • Para mostrar casos similares o idénticos ya resueltos por el propio tribunal. Hay que tener en cuenta que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley obliga al tribunal a seguir sus propios precedentes; o, si no lo hiciera así, a justificar especialmente en su sentencia por qué se aparta de los criterios seguidos anteriormente.

  • Para mostrar casos similares o idénticos resueltos por otros tribunales que podrían dar pie, en su momento, a un recurso (de amparo o de casación por unificación de doctrina o en interés de ley) si no se sigue la misma línea jurisprudencial. De esta manera, le podemos enviar una especie de advertencia al juez, advertencia que es posible que tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia.

  • Para reforzar nuestros argumentos. Así podemos demostrar que la interpretación que postulamos de la norma jurídica en cuestión no es descabellada o infundada, porque otros tribunales la han aplicado de la misma manera que nosotros pretendemos.

Serán la depuración de nuestro estilo personal, junto con nuestro mayor dominio y conocimiento de la jurisprudencia, la conciencia de que se trata de un arte y el refinamiento de nuestro propio juicio los que nos vayan llevando por este camino y orientándonos hacia la alegación jurisprudente estilosa.

P. S.: Esta serie ahora iniciada continua con una segunda entrada dedicada a la selección de la jurisprudencia que vamos a alegar, incluyendo las características concretas que debe reunir.

Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia, Sentencias

Cómo citar sentencias (I): sentencias de Tribunales españoles


Recuerdo con especial cariño un estupendo manual de Derecho que utilizamos durante la carrera y que he seguido usando a menudo posteriormente. Era, y es, un manual de referencia en la materia, por su profundidad, visión global y análisis de cada institución jurídica.

Pero a mí había algo que me llamaba la atención, sobre todo cuando empezaba a ejercer y quería echar mano del manual para preparar los pleitos. Y era la forma tan etérea que tenía ese buenísimo manual de citar las Sentencias que mencionaba. Así, por ejemplo, decía: «Según algunas Sentencias como las de 25 de enero de 1982, 22 de diciembre de 1997, 17 de febrero de 1998, etc.». Entonces, uno intentaba buscar, pongamos por caso, esa Sentencia de 22 de diciembre de 1997. Ocurre que, suponiendo que la Sentencia citada fuera del Tribunal Supremo (cosa que tampoco se especificaba en el manual), tras la búsqueda resultaba que el 22 de diciembre de 1997 el Tribunal Supremo dictó al menos ¡71 Sentencias! Uno tenía entonces que armarse de paciencia para llegar, si es que llegaba, a la que suponía que era la Sentencia citada.

Evidentemente, no podemos hacer esto en nuestros escritos procesales, que se guían, ante todo, por la eficacia en la comunicación. En el foro, cuando queremos referirnos a una Sentencia determinada tenemos que hacerlo con toda precisión. Y además, facilitando lo más posible que el Juez pueda llegar a esa Sentencia.

Ocurre que, en España, las Sentencias no se conocen por el nombre del caso o de los litigantes; salvo contadísimas excepciones, como la del caso Gürtel, o la del caso RUMASA o la del Estatuto de Cataluña. Es más, no hay establecido (al menos que yo conozca) un sistema estandarizado y usual de realizar la cita de las Sentencias de nuestros Tribunales.

Por eso, el tema de esta entrada es cómo puede indicarse la referencia correcta de las Sentencias que citamos en los escritos procesales. Es una entrada enfocada a la práctica forense; en otros ámbitos, como el de la confección de trabajos académicos, se pueden encontrar diversas guías muy útiles para citar Sentencias, elaboradas por algunas universidades, como la de la Universidad Autónoma de Madrid, la de la Universidad de Alcalá de Henares, o el video tutorial de la UNED.

Quede claro que no pretendo aquí sentar cátedra o elaborar unas normas de estilo. Nada de eso. Intentaré, sencillamente, exponer qué problemas sobre esta cuestión me he ido encontrando a lo largo de mis años de práctica profesional y explicar qué es lo que yo hago actualmente. Es un itinerario personal que, como quedará patente en esta entrada, continúa todavía abierto.

Empezaremos por la cita de sentencias de (y ante) Tribunales españoles.


Objetivos

Me parece que resulta necesario tener claro los objetivos que se pretenden alcanzar con la cita de la sentencia. Según mi experiencia, los criterios generales que resultan atendibles, serían, por su orden:

  • 1º.- Que la referencia permita una identificación inequívoca de la Sentencia citada. Como ya se indicó antes, es esencial que al lector (el órgano judicial y las restantes partes) no le quepa duda alguna de cuál es la concreta sentencia indicada.
  • 2º.- Que se entienda fácil y rápidamente a qué Sentencia nos referimos. Es decir, que la indicación no sea demasiado larga ni farragosa, de tal manera que la lectura de la referencia no produzca rechazo y que con un vistazo rápido se tenga una idea clara.
  • 3º.- Que facilite lo más posible acceder al texto de la Sentencia. Para esto es fundamental que se explicite en la cita de la Sentencia la referencia de la misma en alguna base de datos de uso habitual.

A partir de aquí…


Cita de Sentencias, en general

1º.- Los elementos esenciales que permiten individualizar una Sentencia de un Tribunal español son estos:

  • Tribunal que la dicta.
  • Sala. En algunos Tribunales existen varias Salas, dedicadas cada una de ellas a un orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, e incluso, en el caso del Tribunal Supremo, Militar.
  • Sección. Las secciones se forman dentro de una Sala. Se componen de varios Magistrados y se suelen especializar en una determinada materia de esa jurisdicción. Así, en la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) existen en la actualidad siete secciones.  Por ejemplo, dentro de esa Sala 3ª, la Sección 2ª, que dictó la sentencia antes referenciada, se ocupa de los asuntos en materia tributaria. No en todas las Salas de todos los Tribunales existen secciones.
  • Número de la Sentencia. Cada Tribunal (o cada Sala cuando hay varias en el Tribunal) lleva una numeración de las Sentencias que dicta a lo largo de un año. A semejanza de lo que ocurre con la numeración de las normas, se expresa con el número secuencial y el año, separados por una barra.
  • Número del recurso (o del asunto) resuelto por la sentencia.
  • Fecha en que se dicta.

Este es un ejemplo de identificación completa de una Sentencia con todos esos elementos:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 2ª) nº 1531/2018 (recurso nº 1168/2017) de 23 de octubre de 2018

2º.- Pero, en aras de la concisión, ¿deben incluirse todos estos elementos en la cita de la Sentencia?

Yo confieso que, para no hacer la referencia extensa y llena de cifras, tiendo a suprimir algunos de esos elementos en mis escritos. Así, no incluyo nunca el número de recurso o de asunto. Tampoco suelo poner el número de la Sentencia, por la razón que luego explicaré. Es raro también que indique la Sección.

La referencia de la Sentencia anterior, normalmente, la haría así (añadiendo, eso sí, el número de referencia de la bases de datos) :

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (Aranzadi JUR\2018\285131)

Aparte de esos elementos, ¿habría que incluir otros?

Creo que con lo anterior (incluyendo el número de referencia de la base de datos) es suficiente para lograr la identificación inequívoca de la Sentencia.

Pero, en ocasiones, en los escritos procesales nos interesa añadir otros elementos adicionales. No ya para facilitar la identificación, sino por motivos puramente argumentativos: para dejar claro, ya en la propia referencia, la relevancia que tiene la Sentencia que citamos para la interpretación del Derecho que nosotros defendemos. Así:

  • Si resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina o en interés de ley. En tal caso, lo dictaminado en dichas Sentencias debe seguirse por las Sentencias de Tribunales inferiores.
  • Si la Sentencia se dictó por el Pleno del Tribunal o de la Sala. Ello es relevante porque esa Sentencia marca la linea que deben seguir todas las Sentencias posteriores de las Salas o Secciones de ese Tribunal.
  • Quién es el ponente (el Magistrado encargado de redactar el texto de la Sentencia). Esto me parece que puede ser útil (a efectos del refuerzo argumentativo) en los casos en que la Sentencia que citamos es de la misma Sala a la que dirigimos nuestro escrito.

3º.-Facilitar el acceso al texto de la Sentencia.

Para esto es imprescindible indicar el número de referencia que tiene asignada la Sentencia en la bases de datos de la que la hemos extraído. Así además, puesto que se asigna un número de referencia a cada Sentencia, nos podemos ahorrar de paso la indicación del número de Sentencia del propio Tribunal.

Cada editorial le asigna un número de referencia propio (e incluso, alguna, como Aranzadi tiene, o tenía, nomenclaturas diferentes según las diversas secciones de sus bases de datos). Por seguir con el ejemplo de la anterior Sentencia del Tribunal Supremo, dicha Sentencia se identifica en la base de datos de la editorial Aranzadi como JUR\2018\285131, en La Ley Digital como  147167/2018, en Tirant on Line como TOL 6.864.403 y en el CENDOJ como 28079130022018100218.

Hace tiempo que yo tenía claro que la cita del número identificativo de la base de datos era esencial, imprescindible. Pero a la hora de incluirlo, y puesto que el Juez o Tribunal destinatario del escrito procesal puede no usar la misma base de datos que yo cito, sino otra diferente, siempre tenía el temor de que esto no facilitara suficientemente el acceso al texto de la Sentencia citada.

Hasta que, recientemente, llegó el ECLI. El European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia) es un número de referencia para todas las Sentencias dictadas, bien por Tribunales nacionales bien por Tribunales europeos, en el ámbito de la Unión Europea. El identificador se construye con cinco elementos obligatorios, que resultan fácilmente comprensibles:

Así, queda resuelto cualquier problema tanto identificativo como de acceso a la Sentencia, puesto que todas las bases de datos recogen, aparte de su referencia propia, el ECLI. Y la cita de la Sentencia del ejemplo queda así:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:3519)


Algunas especialidades a tener en cuenta según los Tribunales

Sentencias del Tribunal Constitucional

Yo sigo la práctica de identificarlas únicamente por su número, porque me parece que es suficiente y que con ello basta para acceder a su texto fácilmente a través de la base de datos del propio Tribunal Constitucional. Así: STC 3/2018.

Por otra parte, puede resultar interesante, a efectos argumentativos, indicar el tipo de conflicto o recurso que resolvió la Sentencia.

Sentencias del Tribunal Supremo

Hay que tener en cuenta especialmente lo que ya se dijo sobre la conveniencia de indicar si la Sentencia es del Pleno. Así como si resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina o en interés de ley.

Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia

A la hora de identificar correctamente el Tribunal, conviene tener en cuenta que existen algunos Tribunales Superiores de Justicia que se encuentran repartidos en varias sedes, por lo que hay que indicar cuál es la sede que dictó la Sentencia. Es el caso del Tribunal Superior de Andalucía (con Salas en Sevilla, Granada y Málaga), el de Castilla y León (Burgos y Valladolid) y el de Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

También puede resultar interesante indicar, en su caso, si la Sentencia se dictó en casación contencioso-administrativa autonómica o en interés de ley.

Sentencias de Audiencias Provinciales

Aquí también hay que tener la precaución de indicar la Sección, cuando la Audiencia Provincial en cuestión cuenta con Secciones que no están ubicadas en la capital de la provincia. Ocurre, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz y su Sección en Mérida.


Y al final…

El lector atento de esta entrada, posiblemente, haya llegado ahora a la misma conclusión que yo. En la actualidad, la manera más segura de individualizar la Sentencia en nuestro escrito y, sobre todo, de asegurarse de que se puede acceder fácilmente a su texto es: ¡insertar el hipervínculo!

Estándar
Introducción al Derecho, Jurisprudencia, Sentencias

Cómo realizar un comentario de sentencia


En una de las primeras entradas de este blog se dieron unas nociones básicas para poder leer comprensivamente una Sentencia, dirigidas a todos aquellos que se enfrentan a ello por primera vez. Ya decía allí que la lectura de jurisprudencia tiene un indudable valor pedagógico. Ahora intentaré ir un paso más allá de la simple lectura: se trata aquí de facilitar unas indicaciones para la realización, con fines formativos, del comentario de una Sentencia. Por lo tanto, los destinatarios principales de estas líneas son los estudiantes de Derecho.

Antes de ofrecer las pautas, hay que tener en cuenta que es prácticamente imposible establecer una forma canónica de hacer el comentario. El contenido y la estructura del comentario variarán según los objetivos concretos del profesor y de la asignatura, del orden jurisdiccional, del Tribunal sentenciador (Constitucional, Supremo…), del tipo de Sentencias y, por supuesto, del nivel de conocimientos jurídicos que tengan los estudiantes.

Desde mi personal punto de vista, las principales utilidades que tiene la realización de comentarios de Sentencias son que los alumnos asimilen mejor las instituciones jurídicas objeto de su estudio, que vean qué es eso de «razonar en Derecho» y que aprendan a ser críticos con los argumentos jurídicos. Hacia esos objetivos debe ir enfocada la manera en que se construye el comentario.

Para elaborar estas pautas he seguido en gran medida los consejos que se ofrecen en dos fuentes que me parecen muy interesantes y recomendables para quienes estamos, a uno y otro lado del aula, en la docencia universitaria del Derecho:


Preliminar.- Lectura detenida y comprensiva

Antes de comenzar a realizar el comentario, debe realizarse, obviamente, una lectura lo más detenida y comprensiva posible del texto de la Sentencia en cuestión. A quienes no estén familiarizados con la lectura de Sentencias, les aconsejo que vean la entrada de este blog sobre cómo comenzar a intentar entender una Sentencia.


I.-  Parte descriptiva

Como paso previo a la realización de una crítica, hemos de facilitar la comprensión de la Sentencia a quien va a leer nuestro comentario, realizando una descripción objetiva, que sea lo bastante precisa, de los principales elementos de la misma. Esta descripción debería comprender, al menos, los siguientes apartados:

  1. Hechos en que consiste el caso. No tendría que ser un relato pormenorizado y exhaustivo, pero sí lo suficientemente detallado para que nos permita comprender correctamente los problemas jurídicos que se van a plantear. Llegar a tener un conocimiento preciso de los hechos resulta a veces una labor dificultosa, en aquellas ocasiones en que la Sentencia no los expresa con claridad. Conviene construir el relato de los hechos de manera cronológica. Es imprescindible señalar quiénes son las partes presentes en el litigio.

  2. Itinerario procesal seguido. La Sentencia se produce después de un determinado recorrido procesal, que es preciso describir someramente y de manera sucesiva. Hay que tener en cuenta que, normalmente, las Sentencias analizadas resuelven un recurso contra otra Sentencia dictada por un Tribunal inferior, por lo que hay que referirse tanto a la fase de primera instancia como a los recursos interpuestos.

  3. Cuáles son las pretensiones de las partes  Se trata de explicar, sucintamente, las posturas que adoptan en el mismo las partes del proceso.

  4. Cuál es el problema jurídico principal. Para preparar convenientemente la crítica de la Sentencia, hay que describir cuál es el debate jurídico planteado en el caso y en qué argumentos se apoyan las diferentes posturas. Es habitual que en la Sentencia se resuelvan también otras cuestiones accesorias; estos problemas colaterales deberían ser reconocidos como tales por los alumnos, pero solo conviene mencionarlos en caso de que redunden en un mejor conocimiento del problema jurídico principal.

  5. Decisión (fallo) que toma el Tribunal. En el caso de que existieran votos particulares, es imprescindible hacer mención a los mismos.

  6. Motivación jurídica de la decisión. Lo más adecuado es hacer una descripción de cuáles son los pasos lógicos que sigue el Tribunal para alcanzar su conclusión.

Esta primera parte del comentario, que corresponde con lo que sería una ficha de la Sentencia, puede constituir la única parte del ejercicio para alumnos de los primeros cursos de la titulación.


II.- Parte crítica

El contenido de esta segunda parte del comentario tiene un carácter subjetivo, de análisis, valoración y crítica. Se puede profundizar tanto como se quiera, en función de los objetivos de la actividad y de los conocimientos del alumno.

Como mínimo, esta parte debería estar compuesta por las siguientes secciones:

  1. Contexto jurídico del caso. Se trata de situarlo en la institución jurídica que es objeto de estudio.

  2. Relevancia de la Sentencia: su importancia y sus repercusiones.

  3. Análisis de la resolución del problema jurídico. Debería ser un análisis crítico, que ponga de relieve las fortalezas y debilidades del razonamiento seguido por el Tribunal: ¿está adecuadamente determinado el régimen jurídico aplicable? ¿cuáles son los criterios interpretativos seguidos? ¿qué principios se manejan? ¿qué aspectos deberían haberse tenido en cuenta en la argumentación? ¿existe la debida correlación entre los hechos y la solución adoptada? ¿hay alguna interrupción del íter lógico del razonamiento judicial? ¿la solución resulta congruente con lo que pedían las partes? ¿cuáles son las consecuencias del fallo? ¿se podría haber llegado a otra solución más justa?, etc.

Partiendo de lo anterior, además se pueden incluir otros aspectos adicionales a los mencionados, ya más propios de alumnos avanzados, como por ejemplo:

  • Situar la Sentencia en el contexto de la jurisprudencia. Puede tratarse de la Sentencia que da inicio a una nueva línea jurisprudencial. O bien, se puede inscribir en la continuación estricta de la línea anterior o ser una matización de la misma.

  • Realizar una comparación de la solución adoptada con las ofrecidas por el mismo u otros Tribunales en casos similares.

Por último, en cuanto a la redacción, se debe tener presente que el comentario no puede constituir una mera repetición de la teoría estudiada; su valor consiste precisamente en comprobar cómo se conectan la doctrina jurídica con la práctica de los Tribunales. Ni tampoco resulta admisible el hacer un «copia y pega» sin más de párrafos enteros de la Sentencia.

P.S.: La imagen que ilustra esta entrada es del cuadro «Jurisprudenz» (1903), de Gustav Klimt, el cual le fue encargado para decorar la Universidad de Viena. Fue destruido en mayo de 1945 por las tropas de la SS en su retirada de Austria. Esperemos que nunca ocurra lo mismo con el concepto que representa.

 

Estándar
Actuaciones judiciales, Introducción al Derecho, Jurisprudencia, Sentencias

Comenzar a intentar entender una Sentencia



Leer Sentencias resulta conveniente, aunque no para todos en la misma medida ni por las mismas razones. Para el público en general (al menos para aquella parte del mismo que sí quiere estar bien informado), es necesario para saber con precisión cómo se ha resuelto en realidad ese pleito tan publicitado en los medios. Para el estudiante, como medio de conocimiento de la aplicación del Derecho. Y para el práctico, más que conveniencia, es su deber estar al día del devenir de la jurisprudencia y conocer nuevas posibilidades de defensa de sus clientes.

Esta entrada dirigida a los dos primeros, legos y estudiantes, con la intención de ofrecerles una primera orientación dentro del piélago de los dictámenes judiciales.


¿Qué es una Sentencia?

La Sentencia es la resolución judicial mediante la que, de forma debidamente motivada en Derecho, se pone fin a un procedimiento y se resuelven todas las cuestiones planteadas en el mismo. Constituye la finalización normal de los procedimientos judiciales, aquello a lo que tienden todos ellos y que se debe producir salvo que, por excepción y debido a circunstancias especiales recogidas en las leyes, el pleito termine de otra manera. Con la Sentencia se debe dar satisfacción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) en su vertiente de derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del asunto. La finalidad última de la Sentencia es hacer Justicia en el caso concreto planteado.

Hay Sentencias dictadas en primera instancia, es decir, son la primera resolución judicial de ese tipo que se da en ese litigio . Y también hay Sentencias dictadas en segunda instancia, en las que se resuelve un recurso (de apelación, de casación) interpuesto por alguna de las partes contra una Sentencia de primera instancia. Las Sentencias de primera instancia pueden, por tanto, resultar luego revocadas por otras Sentencias ulteriores.

También existen otros tipos de resoluciones judiciales diferentes a las Sentencias (Autos, Providencias) que, normalmente, tienen menor relevancia.


¿Qué nos encontramos en una Sentencia?

Las Sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales tienen que seguir un mismo esquema, previsto de manera general para todas ellas en el art. 248.3 de la LOPJ y en el art. 209 de la LEC. No obstante, existen algunas singularidades concretas en cada orden jurisdiccional, establecidas en sus correspondientes leyes procedimentales.

Según establece el art. 248.3 de la LOPJ, las Sentencias «se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo».

De este modo, las partes de toda Sentencia son:

1º.-Encabezamiento.

En el mismo se hace constar el Juzgado o Tribunal que dicta Sentencia (especificando el Magistrado ponente, es decir aquel de los que forman el Tribunal que se ha encargado de redactar la Sentencia), la fecha de la misma, quiénes son las partes del procedimiento judicial, los nombres de los abogados y procuradores de las mismas, y el objeto del juicio.

2º.- Antecedentes de hecho.

Los antecedentes de hecho deben expresarse en párrafos numerados y separados. Constituyen un relato, más o menos sucinto, de la tramitación judicial seguida hasta el momento de dictarse la Sentencia: interposición de la demanda o recurso, pretensiones de las partes, pruebas practicadas, etc.

(2º Bis.- Hechos probados)

La declaración de hechos probados, es decir, el relato de los hechos que el Juez o Tribunal considera que son los verdaderamente acaecidos según deduce de las pruebas practicadas en el procedimiento, no es un apartado obligatorio en todas las Sentencias. Actualmente debe constar en las Sentencias dictadas en los órdenes jurisdiccionales penal y social. Pero no ocurre así en las Sentencias de la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa, dónde esta parte no es obligatoria, y, por lo tanto, suele ser inexistente.

3º.- Fundamentos de Derecho.

También se debe expresar en párrafos numerados y separados.

Esta es la parte que constituye el núcleo fundamental. En ella, el Juez o Tribunal debe dar cuenta suficiente de las razones y fundamentos legales de su decisión, expresando cuáles son las normas jurídicas que entiende aplicables y cuál es la interpretación que hace de las mismas en el caso concreto. Además de hacer referencia a las normas jurídicas, también es habitual que se haga un resumen de la doctrina jurisprudencial fijada en Sentencias anteriores que pueda resultar de aplicación al caso enjuiciado.

Es la parte más extensa de la Sentencia.

4º.- Fallo.

A pesar de que en lenguaje usual la palabra «fallo» tiene otro significado, en el ámbito jurídico el fallo es la decisión judicial tomada mediante la Sentencia. Los fallos pueden contener varios pronunciamientos o decisiones diferenciadas. Normalmente, aunque el contenido varía según las distintas jurisdicciones, el fallo absolverá o condenará (total o parcialmente) a la parte contra quien se dirigió el pleito.

El fallo debe incluir también la decisión sobre las costas (gastos generados a la partes por tener que ir a pleito), las cuales se impondrán a la parte que vea desestimadas íntegramente sus pretensiones.

En segunda instancia, las Sentencias confirmarán o anularán («casarán», si el recurso es el de casación) la Sentencia de primera instancia objeto del recurso. También aquí habrá un pronunciamiento sobre las costas.

(4º Bis.- Votos particulares.)

Cuando las Sentencias son dictadas por Tribunales (no por Juzgados) se aprueban por mayoría absoluta de los votos de los Magistrados que formen la Sala o Sección sentenciadora. El resultado de la votación no se hace constar en el texto de la Sentencia.

Pero a veces ocurre, sobre todo cuando el asunto resuelto en la Sentencia es muy relevante o resulta polémico, que los Magistrados que votan en contra del fallo aprobado quieren hacer público el sentido de su voto y la fundamentación del mismo. Para llevarlo a efecto se formula por escrito un «voto particular», una especie de resolución alternativa, con su correspondiente fundamentación jurídica y fallo, que forma parte como anexo del texto de la Sentencia (art. 260 LOPJ). Las Sentencias que cuentan con votos particulares discrepantes suelen ser muy interesantes porque permiten observar el planteamiento de debates jurídicos de gran altura.

Firma, publicación y lectura en audiencia pública.

Las Sentencias deben ser firmadas por los Jueces y Magistrados que las dictan.

Una vez firmadas, las Sentencias son públicas y se depositan en la Oficina judicial, debiéndose permitir «a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas» (art. 266.1 LOPJ). Además, el Consejo General del Poder Judicial realiza la publicación oficial de la jurisprudencia de los diversos Juzgados y Tribunales, a través del órgano técnico denominado Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), quien la pone a disposición del público en general, de forma gratuita, a través de la página web del Poder Judicial.

Las Sentencias deben ser leídas en audiencia pública, si bien esto es algo que, en la práctica cotidiana, es completamente inusual. Por eso, la inmensa mayoría de las Sentencias acaban con una proclamación («fue leída celebrando Audiencia Pública») que no se corresponde en absoluto con la realidad.

Notificación

Por último, aunque esto no forma parte del texto de la Sentencia, en la notificación de la Sentencia a las partes del pleito se debe indicar» si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello« (art. 248.4 LOPJ). Esta indicación, llamada «pie de recurso», se incluye a veces en los textos de las Sentencias contenidas en las bases de datos de jurisprudencia.

Aquí tenemos un ejemplo de una Sentencia reciente en la que he resaltado cada una de sus partes y lo esencial de su contenido. Se trata de una breve Sentencia de primera instancia, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se decide acerca de un asunto relativamente sencillo, por lo que resulta ideal para comprobar cómo se desarrolla el esquema antes descrito.


¿Cómo llegar a comprender lo que se dice en una Sentencia?

Conviene empezar teniendo claro su esquema. Y luego, leerla detenidamente y con mucha perseverancia. Decía una coplilla popular que «Nadie entiende al abogado cuando de su ciencia explica, menos aún al magistrado que latines multiplica, pero el pobre ciudadano si la sentencia ha leído, siempre se queda dudando si es que ha ganado o perdido porque lo declara un fallo»  (cita tomada de MUÑOZ ÁLVAREZ, Guadalupe: «La modernización del lenguaje jurídico», Diario La Ley, 7384, 20 de abril de 2010).

Entender bien una Sentencia va a requerir concentración y realizar un considerable esfuerzo intelectual, pero merece la pena.

Aun así hay sentencias que no se llegan a entender bien. No ya la decisión tomada, ni el porqué de la misma, sino el lenguaje utilizado para justificarlas. Por eso, el lenguaje de las Sentencias merecerá varias entradas aparte en este blog.

No hay que desesperar; la tenacidad es aquí también parte del estilo.

P.S.: Para los estudiantes que ya se iniciaron en la lectura de Sentencias, les puede ser útil consultar la entrada sobre cómo realizar un comentario de Sentencia.

Estándar