Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia, Sentencias

Cómo citar Sentencias (I): Sentencias de Tribunales españoles


Recuerdo con especial cariño un estupendo manual de Derecho que utilizamos durante la carrera y que he seguido usando a menudo posteriormente. Era, y es, un manual de referencia en la materia, por su profundidad, visión global y análisis de cada institución jurídica.

Pero a mí había algo que me llamaba la atención, sobre todo cuando empezaba a ejercer y quería echar mano del manual para preparar los pleitos. Y era la forma tan etérea que tenía ese buenísimo manual de citar las Sentencias que mencionaba. Así, por ejemplo, decía: “Según algunas Sentencias como las de 25 de enero de 1982, 22 de diciembre de 1997, 17 de febrero de 1998, etc.”. Entonces, uno intentaba buscar, pongamos por caso, esa Sentencia de 22 de diciembre de 1997. Ocurre que, suponiendo que la Sentencia citada fuera del Tribunal Supremo (cosa que tampoco se especificaba en el manual), tras la búsqueda resultaba que el 22 de diciembre de 1997 el Tribunal Supremo dictó al menos ¡71 Sentencias! Uno tenía entonces que armarse de paciencia para llegar, si es que llegaba, a la que suponía que era la Sentencia citada.

Evidentemente, no podemos hacer esto en nuestros escritos procesales, que se guían, ante todo, por la eficacia en la comunicación. En el foro, cuando queremos referirnos a una Sentencia determinada tenemos que hacerlo con toda precisión. Y además, facilitando lo más posible que el Juez pueda llegar a esa Sentencia.

Ocurre que, en España, las Sentencias no se conocen por el nombre del caso o de los litigantes; salvo contadísimas excepciones, como la del caso Gürtel, o la del caso RUMASA o la del Estatuto de Cataluña. Es más, no hay establecido (al menos que yo conozca) un sistema estandarizado y usual de realizar la cita de las Sentencias de nuestros Tribunales.

Por eso, el tema de esta entrada es cómo puede indicarse la referencia correcta de las Sentencias que citamos en los escritos procesales. Es una entrada enfocada a la práctica forense; en otros ámbitos, como el de la confección de trabajos académicos, se pueden encontrar diversas guías muy útiles para citar Sentencias, elaboradas por algunas universidades, como la de la Universidad Autónoma de Madrid, la de la Universidad de Alcalá de Henares, o el video tutorial de la UNED.

Quede claro que no pretendo aquí sentar cátedra o elaborar unas normas de estilo. Nada de eso. Intentaré, sencillamente, exponer qué problemas sobre esta cuestión me he ido encontrando a lo largo de mis años de práctica profesional y explicar qué es lo que yo hago actualmente. Es un itinerario personal que, como quedará patente en esta entrada, continúa todavía abierto.

Empezaremos por la cita de sentencias de (y ante) Tribunales españoles.


Objetivos

Me parece que resulta necesario tener claro los objetivos que se pretenden alcanzar con la cita de la sentencia. Según mi experiencia, los criterios generales que resultan atendibles, serían, por su orden:

  • 1º.- Que la referencia permita una identificación inequívoca de la Sentencia citada. Como ya se indicó antes, es esencial que al lector (el órgano judicial y las restantes partes) no le quepa duda alguna de cuál es la concreta sentencia indicada.
  • 2º.- Que se entienda fácil y rápidamente a qué Sentencia nos referimos. Es decir, que la indicación no sea demasiado larga ni farragosa, de tal manera que la lectura de la referencia no produzca rechazo y que con un vistazo rápido se tenga una idea clara.
  • 3º.- Que facilite lo más posible acceder al texto de la Sentencia. Para esto es fundamental que se explicite en la cita de la Sentencia la referencia de la misma en alguna base de datos de uso habitual.

A partir de aquí…


Cita de Sentencias, en general

1º.- Los elementos esenciales que permiten individualizar una Sentencia de un Tribunal español son estos:

  • Tribunal que la dicta.
  • Sala. En algunos Tribunales existen varias Salas, dedicadas cada una de ellas a un orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, e incluso, en el caso del Tribunal Supremo, Militar.
  • Sección. Las secciones se forman dentro de una Sala. Se componen de varios Magistrados y se suelen especializar en una determinada materia de esa jurisdicción. Así, en la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) existen en la actualidad siete secciones.  Por ejemplo, dentro de esa Sala 3ª, la Sección 2ª, que dictó la sentencia antes referenciada, se ocupa de los asuntos en materia tributaria. No en todas las Salas de todos los Tribunales existen secciones.
  • Número de la Sentencia. Cada Tribunal (o cada Sala cuando hay varias en el Tribunal) lleva una numeración de las Sentencias que dicta a lo largo de un año. A semejanza de lo que ocurre con la numeración de las normas, se expresa con el número secuencial y el año, separados por una barra.
  • Número del recurso (o del asunto) resuelto por la sentencia.
  • Fecha en que se dicta.

Este es un ejemplo de identificación completa de una Sentencia con todos esos elementos:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 2ª) nº 1531/2018 (recurso nº 1168/2017) de 23 de octubre de 2018

2º.- Pero, en aras de la concisión, ¿deben incluirse todos estos elementos en la cita de la Sentencia?

Yo confieso que, para no hacer la referencia extensa y llena de cifras, tiendo a suprimir algunos de esos elementos en mis escritos. Así, no incluyo nunca el número de recurso o de asunto. Tampoco suelo poner el número de la Sentencia, por la razón que luego explicaré. Es raro también que indique la Sección.

La referencia de la Sentencia anterior, normalmente, la haría así (añadiendo, eso sí, el número de referencia de la bases de datos) :

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (Aranzadi JUR\2018\285131)

Aparte de esos elementos, ¿habría que incluir otros?

Creo que con lo anterior (incluyendo el número de referencia de la base de datos) es suficiente para lograr la identificación inequívoca de la Sentencia.

Pero, en ocasiones, en los escritos procesales nos interesa añadir otros elementos adicionales. No ya para facilitar la identificación, sino por motivos puramente argumentativos: para dejar claro, ya en la propia referencia, la relevancia que tiene la Sentencia que citamos para la interpretación del Derecho que nosotros defendemos. Así:

  • Si resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina o en interés de ley. En tal caso, lo dictaminado en dichas Sentencias debe seguirse por las Sentencias de Tribunales inferiores.
  • Si la Sentencia se dictó por el Pleno del Tribunal o de la Sala. Ello es relevante porque esa Sentencia marca la linea que deben seguir todas las Sentencias posteriores de las Salas o Secciones de ese Tribunal.
  • Quién es el ponente (el Magistrado encargado de redactar el texto de la Sentencia). Esto me parece que puede ser útil (a efectos del refuerzo argumentativo) en los casos en que la Sentencia que citamos es de la misma Sala a la que dirigimos nuestro escrito.

3º.-Facilitar el acceso al texto de la Sentencia.

Para esto es imprescindible indicar el número de referencia que tiene asignada la Sentencia en la bases de datos de la que la hemos extraído. Así además, puesto que se asigna un número de referencia a cada Sentencia, nos podemos ahorrar de paso la indicación del número de Sentencia del propio Tribunal.

Cada editorial le asigna un número de referencia propio (e incluso, alguna, como Aranzadi tiene, o tenía, nomenclaturas diferentes según las diversas secciones de sus bases de datos). Por seguir con el ejemplo de la anterior Sentencia del Tribunal Supremo, dicha Sentencia se identifica en la base de datos de la editorial Aranzadi como JUR\2018\285131, en La Ley Digital como  147167/2018, en Tirant on Line como TOL 6.864.403 y en el CENDOJ como 28079130022018100218.

Hace tiempo que yo tenía claro que la cita del número identificativo de la base de datos era esencial, imprescindible. Pero a la hora de incluirlo, y puesto que el Juez o Tribunal destinatario del escrito procesal puede no usar la misma base de datos que yo cito, sino otra diferente, siempre tenía el temor de que esto no facilitara suficientemente el acceso al texto de la Sentencia citada.

Hasta que, recientemente, llegó el ECLI. El European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia) es un número de referencia para todas las Sentencias dictadas, bien por Tribunales nacionales bien por Tribunales europeos, en el ámbito de la Unión Europea. El identificador se construye con cinco elementos obligatorios, que resultan fácilmente comprensibles:

Así, queda resuelto cualquier problema tanto identificativo como de acceso a la Sentencia, puesto que todas las bases de datos recogen, aparte de su referencia propia, el ECLI. Y la cita de la Sentencia del ejemplo queda así:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:3519)


Algunas especialidades a tener en cuenta según los Tribunales

Sentencias del Tribunal Constitucional

Yo sigo la práctica de identificarlas únicamente por su número, porque me parece que es suficiente y que con ello basta para acceder a su texto fácilmente a través de la base de datos del propio Tribunal Constitucional. Así: STC 3/2018.

Por otra parte, puede resultar interesante, a efectos argumentativos, indicar el tipo de conflicto o recurso que resolvió la Sentencia.

Sentencias del Tribunal Supremo

Hay que tener en cuenta especialmente lo que ya se dijo sobre la conveniencia de indicar si la Sentencia es del Pleno. Así como si resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina o en interés de ley.

Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia

A la hora de identificar correctamente el Tribunal, conviene tener en cuenta que existen algunos Tribunales Superiores de Justicia que se encuentran repartidos en varias sedes, por lo que hay que indicar cuál es la sede que dictó la Sentencia. Es el caso del Tribunal Superior de Andalucía (con Salas en Sevilla, Granada y Málaga), el de Castilla y León (Burgos y Valladolid) y el de Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

También puede resultar interesante indicar, en su caso, si la Sentencia se dictó en casación contencioso-administrativa autonómica o en interés de ley.

Sentencias de Audiencias Provinciales

Aquí también hay que tener la precaución de indicar la Sección, cuando la Audiencia Provincial en cuestión cuenta con Secciones que no están ubicadas en la capital de la provincia. Ocurre, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz y su Sección en Mérida.


Y al final…

El lector atento de esta entrada, posiblemente, haya llegado ahora a la misma conclusión que yo. En la actualidad, la manera más segura de individualizar la Sentencia en nuestro escrito y, sobre todo, de asegurarse de que se puede acceder fácilmente a su texto es: ¡insertar el hipervínculo!

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La numeración y fecha de las normas


Para denominar de manera oficial a las normas jurídicas se viene usando tradicionalmente en España, desde hace casi 60 años, un sistema que fue introducido por obra de la práctica seguida a la hora de la publicación de las normas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En virtud de este sistema, las normas jurídicas estatales que se aprueban en el vigente Ordenamiento Jurídico español siguen esta pauta en su denominación oficial:

tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma

Son esos los cuatro elementos de la denominación (oficial) de las normas. Sobre el primero de ellos, la calificación del tipo de norma, y los problemas que plantea, ya tratamos en otra entrada anterior: el nombre (exacto) de las normas.

En esta entrada nos centraremos en los dos siguientes componentes: la numeración y la fecha.


Numeración

El sistema seguido en la numeración es simple, intuitivo y fácilmente entendible:

12/2018

La cifra que aparece a la izquierda de la barra es el número secuencial que corresponde a la norma. La secuencia que se sigue es la de las normas del mismo tipo promulgadas en ese año natural determinado. Cada año se reinicia la secuencia de normas.

Lo que aparece a la derecha de la barra es el año de la norma en cuestión.

En la numeración del ejemplo, la norma es la duodécima de entre las de su clase (Ley, Ley Orgánica, o la que corresponda) dictada durante el año 2018.

Esta numeración fue introducida a partir del año 1959. Anteriormente, las normas no eran objeto de identificación numérica. Recomiendo a este respecto la lectura de la interesante entrada del blog “Anécdotas y curiosidades jurídicas Iustopía” titulada “Desde cuándo se numeran las leyes”.

Las últimas leyes sin numerar fueron las que se aprobaron el 26 de diciembre de 1958. Pero ese día vieron la luz ni más ni menos que 81 leyes diferentes. Si se tiene en cuenta que tales normas sólo era posible distinguirlas por su título, se comprende perfectamente el problema que ello suponía y la necesidad de introducir un sistema de numeración.

Curiosamente, la aplicación del sistema fue un tanto vacilante en un principio. Como se puede apreciar aquí, los dos primeros Decretos aprobados aunque llevaban el número ordinal, no incluían a continuación ni la barra ni el año. Fue a partir del tercer Decreto aprobado ese año, publicado en el BOE del día siguiente, cuando ya se emplea por primera vez de manera completa el sistema de numeración.

La primera ley numerada fue la Ley 1/1959, de 11 de mayo, por la que se concede una asignación de residencia a los marineros y soldados de Infantería de Marina que prestan servicio en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Pero tampoco fue la primera norma con rango de ley que contaba con numeración. Esta lo fue el Decreto-ley 1/1959, de 20 de febrero, por el que se modifican los devengos del personal perteneciente a las Unidades que prestan servicio en las Provincias de Ifni y Saharaentonces, como ocurre ahora, urgencia obligaba.

Este sistema de numeración no incluía a las Órdenes Ministeriales. Las mismas sólo empezaron a numerarse a partir de 2002, y ello mediante un sistema propio de identificación establecido en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 21 de diciembre de 2001, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el “Boletín Oficial del Estado”. Desde entonces las Órdenes Ministeriales se identifican añadiendo a la izquierda, antes del número secuencial, un código de tres letras mayúsculas asignado a cada Ministerio. Un ejemplo reciente donde se aprecia esta forma de identificación de las Ordenes Ministeriales: la Orden JUS/464/2018, de 24 de abril, por el que se regula la base de cotización, la determinación de la cuota y el procedimiento de ingreso de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutualidad General Judicial.

Es preciso aclarar que cuando se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados, y se publica en el Boletín Oficial del Congreso, la Ley no tiene una numeración. La numeración se le adjudica a la Ley sólo cuando se firma por el Rey y ya va a ser publicada en el BOE. Tomemos, por ejemplo, la Ley sobre precursores de explosivos; aquí está el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), sin número asignado; y aquí el texto oficial publicado en el BOE, en el que ya se designa como Ley 8/2017, de 8 de noviembre, y contiene las fórmulas de sanción y promulgación, que no aparecían en la anterior publicación.

En cuanto a la ortografía, hay que tener en cuenta que, según las vigentes reglas ortográficas de la RAE, las cifras de los años no llevan nunca punto, coma, ni blanco de separación, para diferenciar los millares. Y que, como excepción a la regla general, las cifras secuenciales de la norma, precisamente por tratarse de la numeración de una norma jurídica, tampoco los llevan.

Desde mi experiencia, este sistema de numeración presenta varias ventajas:

  • Individualiza perfectamente, por sí solo, la norma. Es más fácil que retengamos el número que la fecha. Incluso ocurre en ocasiones que, ante la extensión del título de la Ley, se la denomina usualmente en el foro sólo por su numeración. Ocurría así con la anterior Ley 30/1992 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), a la que los prácticos (y sobre todo, los sufridos opositores) nos referíamos simplemente como “Leytreintanoventaydós”. Lo cual tal vez vuelva a ocurrir también con sus sucesoras, las famosas “siamesas administrativas” Leyes 39 y 40/2015.
  • Al reiniciarse cada año, la numeración no alcanza cifras muy elevadas, que resultarían más difíciles de manejar.
  • Es muy intuitivo. Basta con ver la denominación oficial de dos normas para que uno se haga una idea inmediata de cómo se les atribuye su numeración.

Termino este apartado con un pequeño excurso personal. Me llamaba la atención, a veces, la numeración que tiene asignada el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), norma que es usada y citada constantemente en la práctica. El TRRL se aprobó por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Me parecía que ese número secuencial (781 Reales Decretos Legislativos ya a mediados de abril) era demasiado abultado, máxime para el tipo de norma del que se trata; pensaba que esa cifra tan alta podría responder a un error o a un cambio momentáneo del sistema de numeración.

Pero todo tiene su explicación. Debido a la entrada de España, el 1 de enero de 1986, en las Comunidades Europeas, se aprobó la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. Con ello se delegó en el Gobierno la adecuación al ordenamiento jurídico comunitario de todas las normas legales vigentes que fueran contradictoras con el mismo. Y por eso, en ese año de 1986 se alcanzó la insólita cifra de 1.304 Reales Decretos Legislativos. Un volumen de producción legislativa que, seguramente (y por fortuna), nunca más se volverá a alcanzar.


Fecha

De la fecha de la norma se indica el día y el mes, entre comas. No se añade el año porque sería redundante, ya que éste ya viene indicado previamente en la numeración.

De acuerdo con las normas de ortografía generales, el nombre del mes se escribe con minúsculas.

Es importante aclarar a qué momento corresponde la fecha inserta en la denominación oficial: esa fecha es la de la sanción y promulgación (es decir, la fecha de su firma por el Rey). No es la fecha de su aprobación (que siempre es anterior) o la de su publicación en el BOE (que siempre es una fecha posterior, o, como mucho, coetánea). Esto vale también, obviamente, para la indicación del año en la numeración; y, consiguientemente, para la numeración secuencial por tipo de norma.

La sanción es la expresión, por parte del Jefe del Estado, de su conformidad con la Ley. Además de con su firma, se expresa con la siguiente fórmula tradicional que encabeza la publicación en el BOE:

“A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley”.

La promulgación es la proclamación formal y pública de la obligación de acatar la ley. Se coloca al final del texto y se plasma con la siguiente fórmula:

“Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley”.

Si tomamos como ejemplo la Ley que se ha mencionado anteriormente, la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, se puede comprobar fácilmente cómo se desarrollan los distintos momentos. Esa Ley se aprueba el 17 de octubre de 2017 por el Congreso de los Diputados. Posteriormente se sanciona y promulga por el Rey el 8 de noviembre, fecha que es la que reza en la denominación oficial. Y, finalmente, se publica en el BOE el día 9 de noviembre. Sólo a partir de entonces existe y puede entrar en vigor.

La indicación de la fecha reviste menor importancia práctica, ante la existencia de la numeración con ese sistema correlativo anual, que individualiza perfectamente, por sí solo, la norma. Resulta mucho más fácil que retengamos el número que la fecha.


Hasta aquí lo referente a esta especie de pequeño jeroglífico (no demasiado complicado) que supone la aplicación de un número identificativo y de una fecha concreta a las normas jurídicas. Para desentrañar el último de los componentes de la denominación oficial, el título de las normas, reservaremos una próxima entrada.

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Una disyuntiva sintáctico/normativa


Cuando tengo que intentar explicarle en qué consiste el estudio del Derecho a alguien que, proviniendo del Bachillerato, no tiene experiencia previa en el mundo jurídico, suelo acudir a la comparación con otras disciplinas ya conocidas, y digo que tiene cierto parecido con la Filosofía o con la Historia. Pero, sobre todo, insisto en que, quizás, lo más afín al Derecho sea el análisis del lenguaje.

Porque las normas jurídicas son enunciados lingüísticos que vienen a expresar una conducta preceptiva. Y, por lo tanto, una buena parte de los problemas jurídicos consiste, en definitiva y en la práctica, en interpretar qué dicen (o que quieren decir) exactamente tales enunciados. Esto nos lleva en bastantes ocasiones a tener que considerar los inconvenientes que se plantean cuando la redacción de las normas jurídicas no es todo lo gramaticalmente correcta que debería. Especialmente en el campo de las normas sancionadoras, en el cual resulta más necesario que en ningún otro ámbito que la redacción de las normas sea lo más precisa y clara posible.

Para ilustrar esto pondré ahora un ejemplo que he conocido recientemente.

Un precepto de un reglamento municipal reza literalmente que, entre otras, constituye infracción, sancionada con la correspondiente multa, lo siguiente:

«Encontrarse en la vía pública en estado de embriaguez, entorpeciendo el tráfico o produciendo escándalo».

Para intentar analizar la redacción y el exacto significado de la norma transcrita, y procurar de esta manera ejemplificar la importancia del uso correcto del lenguaje por el legislador, prescindiré aquí de la indeterminación (y consiguiente merma de la seguridad jurídica) que supone el uso de expresiones como «estado de embriaguez» o «produciendo escándalo». No quiero extenderme demasiado.

Prefiero ahora centrarme en otros aspectos, no semánticos, sino sintácticos y ortográficos.

En primer lugar, tenemos el uso combinado del gerundio junto con el infinitivo. Si el infinitivo es la forma no personal del verbo que denota la realización de una acción, el gerundio viene a expresar un contenido simultáneo con la acción a la que se refiere ese verbo principal en infinitivo. Esto, en el ejemplo, indicaría, en principio, que la conducta infractora consistiría no simplemente en hallarse (infinitivo) en estado de embriaguez, sino en estar llevando a cabo (gerundio) además, y al mismo tiempo, bien un entorpecimiento del tráfico o bien un comportamiento escandaloso. Ese sería, creo, el uso sintáctico correcto de ambas formas verbales en concurrencia.

Pero el caso es que también hay que tener muy presente la utilización de la puntuación. Salta enseguida a la vista que se ha colocado una coma justo detrás de «embriaguez». Se delimita así ese primer grupo sintáctico de los dos restantes, y con ello se introduce una coordinación, mediante yuxtaposición, de grupos sintácticos equivalentes. Además, se coloca posteriormente la conjunción disyuntiva «o» para separar entre sí los otros dos grupos sintácticos. Ambas elecciones en la redacción, compaginadas, son las que vienen a añadir incertidumbre al significado del precepto normativo. Porque con la coma se incrusta una enumeración, una yuxtaposición de grupos sintácticos de igual valor, que se convierte posteriormente en una coordinación disyuntiva, y todo ello denotaría la existencia no de dos, sino de tres opciones; tantas como grupos sintácticos resultantes.

Resultado de este desliz gramatical: una disyunción, una alternativa, pero que no se sabe a ciencia cierta si ofrece dos o tres opciones (y cuáles) de actuación infractora. Parece una insignificancia, pero, a efectos interpretativos prácticos, tiene su importancia: ¿bastaría con la existencia de una embriaguez en la vía pública, sin más, para que haya infracción?,¿o sólo es infracción en el caso de que a la embriaguez se le sume, simultáneamente, alguna de las otras dos acciones? Difícil determinarlo de manera categórica, me parece, tal y como está redactado el precepto.

Ante el discutible estilo sintáctico/ortográfico del redactor de la norma, no nos queda ahora sino confiar en el sentido común de los agentes, funcionarios y autoridades municipales a la hora de aplicar el reglamento. O tal vez, en última instancia, encomendarnos a la protección de aquel santo bebedor de Joseph Roth.

 

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Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (III)


Con este tipo de dudas, tan particulares de uno, sucede que, puestos a resolver unas, se vienen apareciendo, sin previo aviso ni tampoco mucho orden ni concierto, una sucesión de algunas más. Si ya me enfrenté a la primera y a la segunda tanda, aquí está ya la tercera entrega, donde hay dudillas sobre la puntuación,  el uso de las mayúsculas y alguna más. Con sorpresa (al menos para mí) incluida.


III.1.-Después del numeral del hecho, ¿empiezo diciendo «Que…»?

Los formularios tradicionales recogen esta construcción:

HECHOS
PRIMERO: Que DON XXX es titular de una explotación agraria sita en el término municipal de Sancti Spiritus…

Debido a que, durante el periodo de estudios, nos insistieron siempre en que no resultaba de buena redacción usar ese «que», a mí esta formula me sorprendía bastante en mis primeros tiempos de ejercicio. Aun así, entendiendo que esto era una peculiaridad más del lenguaje forense, empezaba mis hechos con ese «que».

Hasta que un día, misterios de estas dudas duendes, me detuve a pensarlo y me pareció que la fórmula era repetitiva, sonaba arcaica y, sobre todo, me di cuenta no solo de que suprimir ese «que» no le privaba de sentido a la oración, sino que, aunque fuera levemente, descargaba un tanto el escrito. Suprimo la letanía del «que» desde entonces.


III.2.- ¿Pongo dos puntos después del «SOLICITO» o no?

Pues la respuesta depende de cómo construyamos nuestra petición después de escribir ese «SOLICITO» (que, por cierto, se puede escribir todo en mayúsculas, según se vio en el punto I.2 de una entrada anterior).

Si tras el «SOLICITO» insertamos, en párrafo aparte, una lista en la que enumeramos lo que estamos pidiendo, se pueden usar los dos puntos, según la Ortografía de la RAE.

Si continuamos escribiendo seguidamente en el mismo párrafo, yo no encuentro  en la Ortografía justificación para poder usar los dos puntos, salvo que se incluyera un elemento anticipador. Además, creo que si se insertan los dos puntos en este caso, se estaría rompiendo la unidad sintáctica entre el verbo y su complemento directo.

Por lo tanto, las construcciones de estos dos ejemplos resultan correctas según la RAE:

SOLICITO:
1)      La anulación del acto.
2)      El reconocimiento del derecho a una indemnización.
SOLICITO que se dicte Sentencia en la que se estime el recurso, y en consecuencia:
1)      Se anule el acto.
2)      Se reconozca el derecho a una indemnización.

Y esta otra, creo, no hace un uso adecuado de los dos puntos:

SOLICITO: que se dicte Sentencia en la que se estime el recurso, y, en consecuencia, se anule el acto y se reconozca el derecho a una indemnización.

III.3.- Después de los dos puntos, ¿la palabra siguiente comienza en minúsculas o en mayúsculas?

La regla ortográfica general es que, tras los dos puntos, la siguiente palabra empieza en minúsculas.

Pero esta regla tiene varias excepciones que se dan en nuestro ámbito jurídico y en las que la RAE permite que la palabra que sigue tras los dos puntos se escriba con la inicial en mayúsculas.

Una excepción es cuando, tras los dos puntos de una enumeración en forma de lista, el texto explicativo que sigue continúa en la misma línea. Un ejemplo:

PRIMERO: El pasado día 20 de diciembre, DON YYY sufrió una caída cuando caminaba por la vía pública en....

Y otra es cuando se trata de esos verbos que vimos antes que se escriben enteramente en mayúsculas, la RAE . Por ejemplo:

DIGO:
Que se me ha notificado la Providencia por la que…

III.4.- ¿Cómo escribo la fecha del escrito?

Yo, entre los diferentes modelos reconocidos por la RAE, me inclino por utilizar el que es más habitual en nuestro ámbito, el llamado modelo de orden ascendente: día (en números arábigos), mes (con su nombre) y año (en números arábigos), separando cada uno de los elementos con la preposición «de». Así:

En Badajoz, a 31 de marzo de 2016.

Es importante tener en cuenta que el nombre del mes se escribe siempre en minúsculas; no es correcto poner la inicial en mayúsculas. Y también que no se deben separar los grupos de tres dígitos en el número del año, ya sea usando el punto, la coma o el espacio.


III.5.- En el pie de firma, ¿la abreviatura de Letrado es «Ltdo.» o «Ldo.»? ¿y la de Procurador?

Yo he venido usando una u otra, según me parecía, pero sin tener claro cuál era la correcta.

La Ortografía de la RAE incorpora como anexo una Lista de abreviaturas convencionales de uso general en españolSe reputan como «convencionales» por estar reconocidas y resultar empleadas comúnmente.

Pero, curiosamente, en esta lista figura «Ltdo.» como abreviatura de «limitado», y «Ldo.» de «licenciado». O sea ni una ni otra serían abreviaturas convencionales de uso general para Letrado, sino que corresponden a otras palabras. Para mi completa sorpresa (he de confesarlo), la lista solo recoge como abreviatura convencional la referente a «Abogado»: «Abg.; Abg.º (fem. Abg.ª)».

En la referida lista, tampoco parece abreviatura alguna para «Procurador».

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Supletoriamente…


Conviene empezar no confundiendo lo supletorio con lo subsidiario (que por cierto se trató en otra entrada). En el campo jurídico, lo subsidiario, como se vio allí, tiene su ámbito principal en las peticiones de las demandas, en el lenguaje forense.

El ámbito de lo supletorio es el del lenguaje jurídico normativo. Supletorio, en lenguaje usual, es aquello se suple una falta. Lo que se suple es la no existencia de algo, una ausencia que hace necesario acudir a otro lugar para hallar una respuesta. En el Derecho, el uso de la supletoriedad pretende prever que siempre pueda haber algo aplicable: en defecto de todo, aplicamos aquello que es supletorio. Consiguientemente, la supletoriedad es una forma de rellenar huecos, o, dicho en lenguaje jurídico, de evitar la existencia de lagunas normativas. Las normas, por tanto, no son subsidiarias unas de otras: son supletorias de los vacíos existentes en otras normas.

Y la supletoriedad es distinta también de la analogía. La supletoriedad está orientada a que no puedan existir lagunas, mientras que la analogía es un mecanismo que, una vez constatada la existencia de la laguna normativa, permite encontrar una solución que está en una norma que no es aplicable, ni directa ni supletoriamente, al caso. La laguna es presupuesto de la aplicación analógica.

Resulta claro que, si queremos tener una idea cabal de la estructura normativa del conjunto del ordenamiento jurídico, es imprescindible conocer cómo están construidas, de manera general, las relaciones de supletoriedad entre las normas. Podemos observar cómo en nuestro ordenamiento jurídico se dan, entre otras de menor relevancia, las siguientes manifestaciones de la supletoriedad, ordenadas de mayor a menor ámbito de operatividad:

1.- La supletoriedad de ordenamientos. En virtud de la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 de la Constitución, el ordenamiento estatal es supletorio de los ordenamientos (o subordenamientos) autonómicos.

2.- La supletoriedad de unas fuentes del Derecho frente a otras, en el art. 1 del Código Civil. Solo en ausencia de normas escritas (“ley”) se puede aplicar la costumbre. Y solo si no hay normas escritas ni costumbre se aplican los principios generales del Derecho.

3.- La supletoriedad del Derecho Civil sustantivo respecto del resto de las ramas del Derecho. Así, por disposición expresa del Código Civil, el mismo actúa como supletorio “en las materias regidas por otras leyes” (art. 4.3).

4.- La supletoriedad de la regulación del procedimiento judicial civil respecto  a todas las demás leyes reguladoras del resto de procedimientos judiciales (art. 4 de la LEC).

5.- E incluso dentro de una misma ley procesal, la supletoriedad de unos procedimientos judiciales respecto a otros. Así, por ejemplo, las reglas del procedimiento ordinario laboral son supletorias respecto a las de los procedimientos especiales (art. 102.1 de la LJS); y las de los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios de las de los procedimientos abreviados (art. 78.23 de la LJCA).

Las anteriores no son, ni mucho menos, todas las relaciones de supletoriedad normativa que hay en nuestro ordenamiento. Existen bastantes más reglas de supletoriedad, las cuales, si el legislador ha seguido en la redacción de los textos legislativos lo establecido en las Directrices de técnica normativa, las deberíamos encontrar establecidas en las Disposiciones Finales de las normas.

La supletoriedad de las normas contribuye a la estructuración sistemática y a la plenitud del ordenamiento jurídico. Incluso, desde el punto de vista del estilo, resulta eficaz para evitar la reiteración innecesaria, en normas diferentes, de una regulación idéntica.

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Dudas de escritura, Escritos procesales

Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (II)


Sigo aquí con la serie que inicié sobre esas dudas no importantes, pero insistentes.


II.1.- ¿”Artículo” o “art.”?

Esta abreviatura está incluida por la RAE dentro de su listado de abreviaturas convencionales más usuales en español, lo que da idea de la extensión de su uso y de su aceptación oficial. En todo caso, obviamente, su utilización no resulta obligatoria, por lo que tenemos que optar por una de las dos alternativas: palabra completa o abreviatura.

En esta cuestión, me inclino últimamente (aunque solo para escritos forenses, no para otro tipo de escritos jurídicos) por usar la abreviatura cuando después de la palabra “artículo” consigno el ordinal de dicho precepto. Por ejemplo: “art. 1” de tal o cual norma.

Pero no la uso cuando la palabra “artículo” no va seguida del correspondiente ordinal. Por ejemplo: “según viene establecido en el artículo antes transcrito”.

Creo que en el primer caso, lo relevante es el número del precepto, y eso permite abreviar. Mientras que en el segundo, me da la impresión de que si se usa la abreviatura se rompe el equilibrio de la oración, en la que solo figuran palabras.


II.2.- ¿Uso siglas para designar la ley?

Yo suelo aconsejar que, la primera vez que se mencione la ley, se haga por su denominación oficial completa, seguida de su sigla (si es que tiene alguna habitualmente utilizada) entre paréntesis y, a partir de ahí, usar únicamente la sigla. De esta manera no puede haber equívoco acerca de a qué norma nos referimos.

Pero creo que, en ocasiones, se puede prescindir incluso de esa primera referencia completa, porque ocurre que hay determinados nombres de leyes que ya prácticamente no se mencionan en los escritos del foro si no es denominándolas por su sigla. Pasa sobre todo con las leyes de procedimiento, porque son las más citadas en los escritos procesales: LEC, LECRIM, LJS, LJCA… Y también con alguna de las principales leyes sustantivas: CE, CP, CC. No tiene mucho sentido poner su nombre completo, aunque solo sea en la primera ocasión en que aparece, porque la sigla es de sobra conocida.

Un inciso: en este punto siempre me llamó la atención la uniformidad alemana (o su afán normalizador) aplicada también a sus siglas legislativas que allí están completamente estandarizadas (BGB, GG, etc.), hasta tal punto que hay numerosos libros en cuyo título ya figura la sigla de la ley.


II.3.-  Y, si uso sigla para el nombre de la ley, ¿digo “art. 1 de la LEC” o “art. 1 LEC”?

Me resisto, todavía, a prescindir de la preposición. Me parece que, si no la pongo, estoy escribiendo en estilo telegrama.

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Contencioso-Administrativo, Escritos procesales, Estilo de escritura

Cómo pedir eficazmente medidas cautelares (contencioso-administrativas)


Hace unas semanas participé en una mesa redonda sobre cuestiones procesales actuales del contencioso-administrativo, en la que tratamos el tema de las medidas cautelares. En mi intervención, intenté resaltar las dos ideas claves que, según mi experiencia, están presentes en las actuaciones de los abogados en esta materia. En primer lugar, que las medidas cautelares las tenemos que pedir contra el reloj, antes de que caiga sobre nosotros la espada de Damocles de la ejecución del acto recurrido; por eso, hay que solicitarlas cuanto antes mejor (en vía administrativa previa, incluso). Y en segundo lugar, que existe una incertidumbre bastante elevada sobre el resultado de nuestra petición, incertidumbre que deriva de la propia naturaleza de las medidas y de la redacción del precepto que las regula (art. 130 de la  LJCA), la cual está entreverada de conceptos jurídicos indeterminados.

Al hilo de lo expuesto en la mesa redonda, y espoleado por las opiniones de los Magistrados que me acompañaron, intentaré ofrecer en esta entrada (que tendrá por ello un sesgo más técnico de lo habitual) algunas pautas para procurar que nuestras solicitudes de medidas cautelares resulten más eficaces. En el bien entendido de que no se puede desterrar toda incertidumbre.

1.- En el escrito hay que centrarse en las concretas circunstancias de hecho concurrentes en nuestro caso. El art. 130 de la LJCA ordena al Juez, de manera reiterada, que en su resolución realice una “valoración circunstanciada” de todos los intereses en conflicto y, en su caso, una ponderación “en forma circunstanciada” de la posible perturbación grave de los intereses generales o de tercero. “Circunstanciada” significa que deben quedar explicadas de manera especialmente detallada las circunstancias existentes en el caso concreto.

2.- Además, tenemos que hacer un razonamiento de cómo se puede ver cercenado nuestro derecho si se sigue adelante con la ejecución del acto recurrido. Hay que hacer ver al Juez cómo las circunstancias de nuestro caso se subsumen en el concepto jurídico indeterminado previsto en el art. 130.1 de la LJCA para poder acordar la medida cautelar: que la ejecución del acto “pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso”. Y además, debe razonarse también que la adopción de la medida cautelar pedida no producirá “perturbación grave de los intereses generales o de tercero” (art. 130.2 de la LJCA), que es el otro concepto jurídico indeterminado, cuya concurrencia implicaría la imposibilidad de acordar la medida cautelar.

La dificultad añadida, en ambos casos, es que se trata de convencer de una hipótesis, de la probable producción de un acontecimiento en un futuro, como lo denotan claramente los tiempos verbales escogidos por el legislador (“pudieran hacer” y “pudiera seguirse”).

3.- Creo que no conviene insertar jurisprudencia genérica sobre las medidas cautelares, dado que lo relevante, según la LJCA, son las circunstancias del pleito en cuestión. En todo caso, podría ser útil mencionar alguna Sentencia anterior del Juzgado o TSJ en la que se hayan acordado medidas cautelares en un asunto similar.

4.- ¿Qué medidas pedir? Aunque lo habitual es pedir la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto recurrido, no hay un “númerus clausus” de las mismas. Por lo tanto, también es posible solicitar medidas positivas (por ejemplo, la admisión de un estudiante en un determinado centro escolar y curso), como se va concediendo cada vez más en la jurisprudencia (véase el post al respecto del blog de Chaves).

5.- Si prevemos que el Juzgado nos pudiera exigir, para la efectividad de la medida cautelar, la prestación de caución o garantía para responder de los posibles perjuicios (art. 133 de la LJCA), conviene incluir en nuestro escrito alguna mención a las circunstancias que supondrían la inexigibilidad de dicha caución o, subsidiariamente, la fijación de una cantidad que sea asequible para nuestro cliente. Y, por supuesto, reflejar esta petición en el suplico.

6.- Aunque la LJCA no lo menciona, hay que adjuntar al escrito la prueba documental y pedir la práctica de los otros medios de prueba necesarios para acreditar la concurrencia de las circunstancias que aleguemos (art. 732 de la LEC, aplicable supletoriamente).

7.- La solicitud de medidas cautelares se puede hacer bien mediante otrosí en el escrito de interposición y/o demanda o bien en un escrito aparte. Según mi experiencia, es preferible esto último, porque así el personal del Juzgado no tiene que andar haciendo el correspondiente desglose para formar la pieza separada de medidas cautelares.

Como se puede comprobar, en esta materia (como en casi todas) el estilo debe tender a procurar la mayor eficacia posible a nuestro escrito, aunque esto no nos pueda garantizar, máxime aquí, el éxito de nuestras pretensiones.

P.S.: Estas pautas siguen, en realidad, la máxima de la que hablé al principio de la andadura de este blog: el mejor formulario es la ley.

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