Estilo de escritura

Ese Real Decreto que rechina


Sabido debe de ser ya, a estas alturas, que el autor de este blog funge como un tiquismiquis lingüístico de marca mayor. Me suelo comportar (según diría, con su estupendo sentido del humor, mi buen amigo Javier Figueiredo) como un seguidor acérrimo de aquel famoso compositor griego, Tikismikis Teodorakis.

Y si hay una ocasión donde esos escrúpulos míos ante cualquier mínima infracción gramatical o estilística llegan al paroxismo, hasta tal punto que me provocan casi una reacción física de desagrado, esa es la que cuento a continuación.

Imaginemos que un magistrado, un fiscal, un ilustre y querido compañero, o un probo funcionario se refieren, oralmente o por escrito, al artículo número tantos de tal Real Decreto. Por ejemplo, invocan el artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, o el artículo 5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Cuando esto sucede, uno no puede evitar sentir algo así como una punzada en el cerebro, o un pitido en los oídos, acompañados a veces de un crujido de dientes.

Quizás piense el lector que esto que me ocurre es manía obsesiva o síntoma de locura. Y no lo culparía yo así lo pensara. Pero no es cierto: mi aversión (quiero creer) responde a unas bases racionales y tiene su debido fundamento. Intentaré explicarme cabalmente de seguido, si es que esto fuera posible.


Ya se trató en este blog, en la entrada “El nombre (exacto) de las normas”, la cuestión de la denominación de las normas jurídicas (en relación con sus diversas clases) en nuestro Ordenamiento Jurídico. Y a ella conviene remitirse en primer lugar.

Pues bien, como se decía allí, las normas jurídicas de rango inferior al de Ley que aprueba la Administración son los Reglamentos. Y la forma jurídica de la aprobación de los Reglamentos, cuando corresponde hacerlo al Consejo de Ministros, es la de Real Decreto.

Ocurre que los Reglamentos aprobados por Real Decreto pueden tener dos estructuras diferentes.

Así, en la mayoría de los Reglamentos, el Real Decreto aparece estructurado en varios artículos, de tal manera que todo el texto de la norma reglamentaria forma parte de esa estructura articulada del Real Decreto. Por ejemplo, esto pasa en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre o en el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, entre otros muchos.

Pero por el contrario, en otros Reglamentos (precisamente en aquellos en los cuales el término “Reglamento” sí aparece en su denominación oficial) lo que hace el Real Decreto es limitarse a aprobar, en uno o dos artículos a lo sumo, el texto del Reglamento que luego se incluye separadamente como continuación o anexo al articulado de ese Real Decreto. Esto suele ocurrir en los Reglamentos que desarrollan con carácter general y extenso una Ley previa. Por ejemplo, el Reglamento general de Circulación, el Reglamento Penitenciario, o el Reglamento Hipotecario. Como se puede apreciar, aquí esos Reales Decretos tienen un único artículo. Y luego se inserta el Reglamento. A estos Reales Decretos se refieren las Directrices de técnica normativa como “Reales Decretos aprobatorios”.

Por ello, aunque todos podamos llegar a saber a qué se refiere, la cita o invocación del artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (por seguir con el ejemplo anterior) no deja de ser incorrecta e inexacta. Porque, como hemos visto, no existe tal artículo en ese Real Decreto, que tiene un único artículo. Ese artículo al que se refieren es en realidad del Reglamento aprobado por ese Real Decreto. Por lo tanto, debería mencionarse siempre así: artículo 48 del Reglamento General de Circulación.

Pero además de que es un error, con esta forma de citar también se provoca una menor claridad. Porque pocos (salvo los iniciados) sabrán a primera vista cuál es el Real Decreto número tantos de tal año; pero, en cambio, todos identifican sin problemas el Reglamento General de Circulación o el Reglamento Penitenciario.


Ya advertí de que este problema aquí descrito es propio de tiquismiquis, de quienes nos ocupamos en cuestiones menores y discutimos por auténticas nimiedades. A pesar de nuestros pesares, no reviste mayor importancia. Pero eso sí, todavía nos duele más cuando, además, la cita viene incorporada a un acto sancionador, como ocurre en la foto de arriba. Parece que al sufrir también nuestro bolsillo, padece más todavía si cabe nuestro corazoncito estilístico.

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Dudas de escritura, Estilo de escritura, Introducción al Derecho

Artículo y punto (por favor)


(Aviso para navegantes de la blogosfera: esta entrada es sobre un asunto tan nimio y minucioso que, si gustas de temas jurídicos verdaderamente relevantes y aprecias tu tiempo en lo que vale, harías bien en directamente omitir su lectura)


A quienes solemos hablar de Derecho ante un público (en mi caso, en el aula y en el foro) nos acechan en ocasiones determinadas complicaciones en la comunicación que, no por pequeñas, no dejan de resultarnos un tanto angustiantes. Este que describo a continuación es, para mí, uno de esos pequeños problemas recurrentes.

Imaginemos que estamos ante un numeroso grupo de estudiantes, todos ellos con sus códigos legales a mano. Y nos interesa que localicen de inmediato en un texto legal un precepto concreto, para que procedan allí mismo a la lectura de un fragmento de ese precepto, con la finalidad de que comprendan mejor la regulación de una institución jurídica.

Paremos mientes en el siguiente ejemplo: queremos que los estudiantes presentes en el aula se centren en un derecho concreto regulado en el artículo 24 de la Constitución Española (por cierto, seguramente el precepto más citado, de largo, de todo nuestro Ordenamiento Jurídico).

¿Cómo le indicamos aquí a nuestra audiencia dónde está garantizado exactamente el derecho a la presunción de inocencia, para que puedan ir rápidamente a ese fragmento concreto?


Tenemos que utilizar una referencia correcta. Entiendo como correcta aquella que es perfectamente entendible, resulta precisa y no puede provocar equívoco alguno.

Basándome en parte en el sentido común, en parte en lo establecido (para España) en las Directrices de técnica normativa y, por qué no decirlo, también en ciertas costumbres (o quizá manías) adquiridas en los años de docencia, según mi particular opinión creo que se pueden distinguir algunas maneras de hacerlo correctamente, frente a otras que serían incorrectas.


Referencias incorrectas

A mi personal modo de ver, algunas de las maneras de hacerlo que podrían resultar incorrectas (principalmente porque pueden producir equívocos o están huérfanas de la necesaria precisión), serían las siguientes:

  • Mencionar únicamente el número del artículo, sin precisar apartado: «artículo 24» de la Constitución Española. Obviamente, esto dificulta bastante la rapidez en la consulta, puesto que nos obliga a leer buena parte del artículo hasta que damos con lo que nos interesa.

  • Referirse al «segundo párrafo del artículo 24». Ciertamente, las Directrices de técnica normativa, en su apartado 31 acerca de la división de los artículos, permiten que existan varios párrafos sin numerar en un artículo. Pero al mismo tiempo prescriben que los apartados de los artículos se numeren «con cardinales arábigos, en cifra», y establecen que «los distintos párrafos de un apartado no se considerarán subdivisiones de este, por lo que no irán numerados». Por ese motivo, en el ejemplo que estamos manejando aquí esta manera de hacer la cita podría hacer dudar a nuestra audiencia, y llevarles, equivocadamente, al segundo párrafo del 24.2, donde no se encuentra la presunción de inocencia, sino el secreto profesional.

  • Utilizar un número ordinal, en lugar de un número cardinal: «el artículo 24.2º» o «el apartado segundo del artículo 24». Nuevamente volvemos al apartado 31 de las Directrices de técnica normativa. Según se estipula allí, en nuestras normas jurídicas, si es necesario establecer subdivisiones de las divisiones en apartados, esas subdivisiones se insertan con letras minúsculas ordenadas alfabéticamente: a), b), c)… Y sólo si todavía es preciso introducir una nueva subdivisión en la anterior es cuando se utilizarían ya los ordinales arábigos: 1.º, 2.º, 3.º… Por lo tanto, únicamente en este último caso (que no es el del nuestro artículo 24 del ejemplo) hay números ordinales en los artículos.

  • Citarlo como «el parágrafo 2». El parágrafo (cuyo signo es §) es una forma de designar una sección o artículo que se utiliza en Alemania (y creo que también en otros Estados, como algunos de los Estados Unidos), pero que no es propia de las normas jurídicas españolas, las cuales tradicionalmente identifican sus artículos con números cardinales arábigos, como hemos visto.


Posibles referencias correctas

Vuelvo a insistir en que se trata sólo de mi opinión personal, basada, fundamentalmente, en mi experiencia.

Yo, en el ejemplo que estamos viendo, citaría el precepto constitucional donde se garantiza el derecho fundamental a la presunción de inocencia como el «artículo 24.2» o «el punto 2 del artículo 24». Así es como lo suelo hacer. Conforme a las Directrices de técnica normativa, quizás resultaría más correcto citarlo como «el apartado 2 del artículo 24», pero uno, que tiene sus querencias y sus costumbres consolidadas, habitualmente prefiere decir punto.

Y para total precisión, me referiría a «el final del primer párrafo del artículo 24.2». O, con un útil latinismo incluido, «el primer párrafo, ‘in fine’, del artículo 24.2 ».


Hasta aquí esta breve entrada sobre una cuestión que, probablemente, os parecerá muy menor y demasiado detallista. Pero, ¡qué se le va hacer! Es lo propio de esta pequeña tribu tan especial, los puntillosos del estilo.

P.S.: Creo que las anteriores consideraciones sobre cómo hacer verbalmente la cita o referencia concreta de las partes de los preceptos normativos también pueden ser aplicables, mutatis mutandis, a su cita en los escritos jurídicos.

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Introducción al Derecho, Vocabulario jurídico

Decreto-ley / Decreto Legislativo


Esta entrada va especialmente dirigida a estudiantes de primer curso de Derecho, a los que se les puede atragantar algo la diferencia existente entre estos dos tipos de normas con rango de ley emanadas del Gobierno que tienen una denominación tan similar. Y, por qué no, también pienso que resultará útil a mis amigos que estudian traducción jurídica.


Los dos términos tienen larga tradición en nuestra historia jurídica, si bien, y en esto también coinciden, fueron objeto de regulación constitucional bastante tiempo después de haber sido empezados a utilizar. Hubo Decretos-leyes en el siglo XIX, y se generalizaron en la dictadura de Primo de Rivera, pero no fueron constitucionalizados hasta la Constitución de 1931. En esa Constitución se regularon también por primera vez los Decretos Legislativos. Aunque lo cierto es que algunas de las normas más importantes del siglo XIX ya habían adoptado esta tipología: la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal aún vigente (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882); o, ni más ni menos, el Código Civil de 1889, que también sigue todavía en vigor (aprobado por Decreto Legislativo de 24 de julio de 1889 previa delegación por Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, según el procedimiento propuesto por Alonso Martínez).


Ambas normas gubernamentales con rango de ley son una excepción al principio de división de poderes, principio según el cual es al poder legislativo al que le corresponde la aprobación de las leyes, no al ejecutivo.

Y precisamente, una de las diferencias principales entre los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos se encuentra en el diverso fundamento constitucional que tiene esta excepción a la separación de poderes en unos y otros:

– En el caso de los Decretos-leyes, dicho fundamento estriba en la existencia de una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86.1), debido a cuya concurrencia la Constitución permite la actuación legislativa inmediata del poder ejecutivo. La aprobación de esta norma se sujeta únicamente a los límites materiales previstos en la Constitución, y al requisito formal de su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. En consonancia con la concurrencia de esa extraordinaria y urgente necesidad, la intervención del poder legislativo es a posteriori de la aprobación y entrada en vigor de la norma gubernamental.

– En el caso de los Decretos Legislativos, por contra, el fundamento está en que el poder legislativo delega previamente dicha facultad para un asunto concreto, con sujeción tanto a los límites previstos tanto en la Constitución (temporales, formales y materiales) como en la propia ley de delegación (arts. 82-85). Aquí la intervención del poder legislativo, al contrario que en los Decretos-leyes, debe producirse siempre previamente a la aprobación de la norma por el Gobierno.

Estos dos tipos de normas gubernamentales con rango de ley, con la misma configuración y denominación, también pueden ser dictadas por las Comunidades Autónomas en las que así lo prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía.


Una vez vista la diferenciación entre ambos tipos de normas de nombre tan semejante, me gustaría hacer tres últimos apuntes un tanto al margen de lo anterior.

1. Pese a que la Constitución se refiere a ellos como Decretos-leyes y Decretos Legislativos, cuando estas normas son estatales, en su denominación oficial a la hora de publicarse en el BOE se les antepone el calificativo de “Real” (véase la imagen que sirve de portada a esta entrada). No ocurre así en el caso de que tales normas sean autonómicas. Para esta cuestión me remito a la entrada sobre “El nombre (exacto) de las normas“.

2. Una pequeña pincelada sobre su ortografía. En esta entrada he seguido el uso de las mayúsculas en la denominación de estas dos normas que viene recogido en los preceptos de la Constitución donde se regulan (arts. 82-86). Pero, en el caso del Decreto-ley, no acabo de ver claro que sea correcto poner el primer sustantivo en mayúsculas y el segundo en minúsculas; y es que la Ortografía de la RAE prescribe que en las palabras unidas con un guion, de ser necesario el uso de mayúsculas, esto afecta tanto al primer elemento como al segundo. Más sobre este tema, en general, en la entrada “La titulación de las normas (I): ortografía“.

3. Y finalmente, un truco mnemotécnico que nos puede servir para que se nos quede bien fijado en la mente cuál es cada norma: el Decreto-ley es “ley” ya, desde el mismo momento de su publicación; el Decreto Legislativo es el fruto de una previa delegación “legislativa“.

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Estilo de escritura, Vocabulario jurídico

Otro(sí o no)


Entre el sí y el no al otrosí, propugno decididamente el sí.

Reconozco que a mí, cuando conocí este peculiar vocablo durante la carrera, en una clase práctica de Derecho Procesal, no me gustó nada: arcaico, incomprensible, sacado de rancios y arcanos formularios…

Pero ahora soy firme partidario de seguir manteniendo el uso del dichoso otrosí en los escritos procesales. Y ya no sólo por el cariño que uno le ha acabado tomando a la peculiar palabreja, sino también porque las razones que se suelen esgrimir para que sea suprimido no acaban de convencerme en absoluto.


Se dice que es palabra completamente inusual fuera del lenguaje jurídico, por lo que no merece seguir en el Diccionario. Pero el caso es que sigue existiendo. Y no sólo en el Diccionario de la Real Academia, sino en la práctica forense diaria. Y además, y esto es lo más importante para los juristas prácticos, está presente en las leyes. Porque en ciertos casos las normas procesales obligan incluso a usar justamente esta palabra como fórmula procesal. Por ejemplo, así está previsto en la Disposición final vigésimo quinta 5. 4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en los artículos. 60.1, 40.1 y 62.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


¿Que es una palabra totalmente desconocida para los legos en Derecho, a quienes les resulta incomprensible? Sí, eso es indudablemente cierto.

Pero esta objeción, que se suele plantear por quienes defienden el lenguaje claro en los textos jurídicos, pasa por alto una circunstancia fundamental: el otrosí únicamente se utiliza en los textos realizados por abogados que se dirigen a los jueces y a otros abogados, en el seno del proceso. No forma parte de escritos de los que haya de entender necesariamente el justiciable, o que lo tengan a él como destinatario.

Además, en todo caso, para aquellos curiosos que quieran leer estos textos, bastaría con una rápida consulta al diccionario.


Los ataques al otrosí tampoco tienen en cuenta su utilidad práctica, que es mucha y frecuente.

Cuando explico en las clases qué cosa es el otrosí, suelo decir que es la palabra jurídica talismán por excelencia. Lo invocamos como tal y acude a servirnos como cajón de sastre, comodín o tabla de salvación para introducir cualquier cuestión que tengamos que tratar en el escrito y que se aparte de la petición principal formulada previamente: pedir pruebas, indicar domicilio en la sede del Tribunal, solicitar medidas cautelares… Y todo aquello que se nos pueda ocurrir al margen del núcleo del escrito.

Con la virtualidad añadida de que nuestro lector ya sabe, con sólo ver esa palabra, que a partir de ahí se va a contar algo al margen de lo anterior, acompañado de una petición nueva y diferente. Actúa como una especie de excurso, pero programado, de la narración; o como una posdata con solicitud.


Se ha propuesto alguna solución alternativa al uso del otrosí, para hacer los escritos procesales más comprensibles y adaptados al lenguaje actual. Como, por ejemplo, la de utilizar la expresión “además digo”.

Ciertamente, es similar en cuanto al significado y resulta más asequible para el público en general. Pero no se puede decir que sea equivalente en cuanto al uso estrictamente procesal. Porque “además digo”, precisamente por su posibilidad más amplia de usos, y en tanto que expresión no específica, sino general, cabe que aparezca en cualquier parte del escrito; y esto nos podría llevar a equívocos.

En cambio la idiosincrasia del otrosí es su uso justamente al final del escrito, y sólo allí. Debido precisamente a su peculiaridad terminológica, no se usa más que en ese lugar que tiene específicamente previsto y aun reservado.


P.S. (u otrosí): Si hay, no obstante, algo que reprocharle, y con razón, a nuestro querido otrosí sería, creo, su dificultad de traducción exacta a otros idiomas. Por lo que, en nombre de las gentes del foro que defendemos los otrosíes, humildemente pido disculpas a los amigos traductores estilosos que me siguen.

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Escritos procesales, Estilo de escritura

El estilo y sus manuales (I): una panorámica general


La palabra estilo, tan cara a este blog, la empleamos aquí en sus dos acepciones principales referidas a la escritura. El estilo es escribir bien. Pero también es hacerlo a nuestra personal manera.

El aprendizaje de la correcta redacción procesal, y la consiguiente adquisición de nuestro propio estilo jurídico, es andadura larga, posiblemente de toda nuestra vida profesional. Para ayudarnos en este proceso, tenemos a nuestra disposición, al menos, tres diferentes recursos.

Un primer recurso son los formularios, recopilaciones de modelos de escritos procesales. Muy útiles cuando uno está empezando para conocer cuál debe ser la configuración y el contenido de nuestros escritos. Formularios tienen todas las bases de datos jurídicas de pago. Y también podemos encontrarlos gratuitos. Aunque, como ya se ha dicho en este blog, es posible que no exista mejor formulario que la ley.

Tenemos también los escritos reales presentados ante los tribunales por otros abogados. Es una muy buena forma de descubrir cómo se resuelven problemas prácticos de redacción en un caso concreto. Nos van a ayudar también, mucho mejor que los abstractos formularios, a conocer las maneras específicas de argumentar por escrito. Y asimismo nos sirven para comprobar la existencia de diferentes estilos de escritura, lo que nos permitirá ir amoldando el nuestro al que nos resulte más apropiado. Están ahora disponibles en la red algunos repositorios de pago, como este de Casos Reales de Economist & Jurist. Pero tampoco es complicado encontrar escritos reales que están a nuestra disposición gratuitamente, sobre todo los de los casos relevantes con más repercusión en los medios de comunicación. Algunos ejemplos recientes de esto son los escritos de defensa en el caso del Procés o el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

Y por último, están los manuales de estilo.

¿Se puede aprender a escribir bien, estilosamente, con un libro de estilo? Pues claro que sí. Porque estos materiales, a diferencia de los formularios y de los escritos reales, se centran en la correcta técnica de redacción. Sirven también como libros de consulta para la resolución de dudas de escritura. E, incluso los que no están puramente enfocados a la redacción jurídica, nos van a proporcionar consejos útiles para enfocar mejor nuestros escritos.

A los manuales de estilo les vamos a dedicar esta entrada y la siguiente. Empezaremos por presentar, brevemente, algunos manuales dedicados al estilo de escritura no específicamente jurídica.


1) Manual de estilo de la lengua española, de José Martínez de Sousa

Se trata de una obra de referencia para escritores, editoriales, traductores y correctores. Martínez de Sousa distingue entre los libros de estilo, cuyo objetivo es unificar criterios en el uso de la lengua (por lo que se utilizan sobre todo en periódicos y agencias de prensa) y los manuales de estilo, enfocados hacia las editoriales, y que, por eso, incluyen otros elementos adicionales a los de los libros de estilo, como son los códigos tipográficos. Por tanto, su “Manual”, además de incluir cuestiones de escritura, está más orientado a la edición de libros. Y probablemente sea el más completo de los existentes.

Tiene dos grandes partes. En la primera, dedicada al “trabajo intelectual”, incluye apartados sobre el trabajo documental previo, la escritura, la ortotipografía, y la bibliología. La segunda es la parte de consulta, un extenso “diccionario de materias” en el que presenta alfabéticamente todas las cuestiones referentes al estilo, entre ellas, por ejemplo, las locuciones latinas aceptadas en español o los tratamientos.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

  • La descripción de los problemas de redacción que hay que evitar y las maneras de solucionarlos: ambigüedad, vaguedad, anacolutos, anfibología u oscuridad, empobrecimiento…(capitulo 7 del apartado 2, páginas 118 a 131 de la edición que yo he manejado, que es la 2ª ed., de 2003).
  • Todo lo referente a la ortotipografía (apartado 3, páginas 133 a 154).

“El buen escritor procura enriquecer su léxico y aplicarlo con propiedad”

Página 119.

2) Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, de la Real Academia Española (RAE)

La RAE define el estilo como la “manera de escribir o de hablar”. Y ese estilo lo muestra aquí conforme a la “norma panhispánica”, es decir, con “reconocimiento de las variedades lingüísticas de cada región que se integran en la armonía de la unidad”.

El Libro de estilo se ocupa de las dudas en relación con la Gramática, la Fonética y la Ortografía. Y de las variaciones que se han producido desde la publicación de estas obras oficiales de la RAE hasta el momento de publicación del Libro (2018). Trata de aquellas partes donde hay dudas más frecuentes. Por eso, actúa como una especie de compendio o resumen de las reglas gramaticales, fonéticas y ortográficas oficiales que más problemas de interpretación han venido presentando. Nos conviene tenerlo como breviario o libro de dudas usual.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

  • Las cuestiones de ortotipografía (páginas 149 a 209). La RAE define la ortotipografía como “el conjunto de usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos”. Se trata de la ortotipografía normativa oficial.
  • El apartado dedicado a la elocución (“buena manera de hablar”), donde se analizan los factores implicados en dicha técnica: velocidad de habla, pausas, intensidad, acento, ritmo y entonación (páginas 223-267). Son habilidades fundamentales para la oratoria, pero que también conviene tener en cuenta en nuestros escritos, en aquello que sea aplicable.
  • Para blogueros: los apartados sobre “Indicaciones generales para la comunicación digital” (páginas 271 a 279) e “Indicaciones particulares para distintos canales” (páginas 297 a 310).
  • La lista de abreviaturas (páginas 484 a 496).

“Ortega y Gasset enseñaría […] que para regenerar este país caído, antes que una educación política, era necesaria como base indispensable una educación de la sensibilidad, y que esta solo se logra con el cuidado de la palabra”.

Página 17.

3) Manual de escritura académica y profesional, dirigido por Estrella Montolío

Es un manual destinado a universitarios y profesionales en general, elaborado por profesores universitarios y expertos dirigidos por una de las grandes especialistas españolas en lenguaje y estrategias de comunicación, la Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío.

En el Volumen I se tratan las “estrategias gramaticales” (ortografía, léxico…). El Volumen II está dedicado a las “estrategias discursivas”, dirigidas a la construcción de los textos. Uno de sus puntos fuertes es la abundancia de tablas, ejemplos y ejercicios prácticos (muchos de ellos incluyen sus correspondientes soluciones).

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso? (Volumen II):

  • El capítulo dedicado a los conectores esas expresiones que van guiando el discurso mediante la plasmación de la relación existente entre los fragmentos del mismo (páginas 11 a 92). Su conocimiento y correcto uso es fundamental en los escritos procesales, que deben articularse como un discurso claro. Está escrito por Estrella Montolío.
  • El capítulo sobre las estrategias para la construcción de textos expositivos (páginas 123 a 186), que nos vendrá muy bien para las demandas. Escrito por Irene Yúfera.
  • Argumentar por escrito, por José Portolés (páginas 233 a 284). Imprescindible para conocer cómo plasmar la lógica en nuestros escritos.
  • La revisión (páginas 359 a 390). Para realizar la revisión de nuestros escritos puede sernos especialmente útil la lista de comprobación que se incluye en este apartado. Escrito por Mar Garachana.

“Una clasificación de textos ya tradicional diferencia entre: texto narrativo -cuenta una sucesión de acontecimientos-, texto descriptivo -fotografía con palabras-, texto expositivo -explica a quien no sabe- , texto instruccional -indica cómo hacer algo- y texto argumentativo -busca convencer de una tesis-.”

Vol II, página 251. (José Portolés)
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General, Vocabulario jurídico

Abogado, traductor


Los abogados somos traductores, de eso no debería caber duda alguna. Unos traductores permanentes, siempre en constante ejercicio de nuestro arte traslatorio. Y muy especiales: una parte importante de nuestro trabajo consiste en traducir del lenguaje jurídico al lenguaje usual comprensible por nuestros clientes.

Pero también lo somos, y esto es algo que se suele olvidar, en el sentido inverso. Quiero decir: los abogados estamos obligados a entender el lenguaje usual de los clientes, para luego trasladarlo al jurídico, y así conseguir armar nuestro caso y explicarlo ante los tribunales.

Lo más peculiar de este entendimiento del lenguaje común (para su posterior traslación al lenguaje jurídico) es que resulta objeto de un aprendizaje singular. Porque no puede tratarse de un aprendizaje reglado ni impartido en la Universidad, sino que tiene que ser, forzosamente, vivido. Si la Universidad es, sobre todo, enseñanza del lenguaje jurídico, ese otro lenguaje popular, aunque aplicado a los problemas jurídicos, no tiene cabida allí. Hay que aprenderlo en otro lugar y por uno mismo.

Lo cual me lleva a recordar mis inicios en la profesión, recién salido de la Facultad, cuando comenzaba como abogado de agricultores en la Extremadura rural de comienzos de los años 90 del pasado siglo. Entonces, como todo abogado novel, tuve que aprender a descifrar el vocabulario especial (casi una jerga pseudojurídica) de quienes eran mis primeros clientes. Es claro que sin comprender cabalmente lo que nos dicen los clientes no se puede ejercer la abogacía.

Si he mencionado antes el contexto social y temporal es porque el mismo es determinante de cómo las gentes usan su propio léxico “jurídico” adaptado, a su modo y manera, a sus circunstancias. En este caso, al nivel de estudios de la clientela, que solían ser primarios, se unían las reminiscencias de instituciones jurídicas del régimen anterior.

Así, cuando alguien venía quejándose de que no le habían ingresado la “paga del 18 de julio”, se refería a la paga extraordinaria de verano. Cobrar “los puntos” era cobrar la prestación familiar de Seguridad Social por hijo a cargo. El “sello grande” y el “sello pequeño” eran los nombres usuales de las cotizaciones al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, por cuenta propia y por cuenta ajena, respectivamente.

La prestación contributiva por desempleo era “el sindicato” (aún hoy barajo varias teorías para explicar el origen de tan peculiar denominación, sin que haya llegado a una conclusión definitiva). Y quien cobraba la “prórroga” estaba cobrando el subsidio por desempleo.

Muchos querían que la “media paga” (Invalidez Permanente Total) que venían cobrando, en cantidades misérrimas, se convirtiera en la “paga entera” (Invalidez Permanente Absoluta).

Y si a uno le habían “despropiado”, era que había sufrido una expropiación forzosa de sus bienes. Cuya titularidad muchas veces sólo podía acreditarse con los “recibos de la contribución” (justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles)…


No fue este un aprendizaje difícil. Tan sólo había que averiguar qué querían decir los clientes. Para ello bastaba, la mayoría de las veces, con preguntarles delicadamente a ellos, pidiendo disculpas por mi ignorancia (o, en ocasiones, intentando disimularla).

Y así fue uno haciéndose al oficio de abogado. Y en consonancia, al de traductor. En todos sus sentidos.

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Cuando los abogados pedimos algo y también lo contrario: subsidiariamente… — Castaño y Moralo Abogados


Cómo realizar en Derecho dos peticiones en apariencia contradictorias: subsidiariamente.

Cuando los abogados pedimos algo y también lo contrario: subsidiariamente… — Castaño y Moralo Abogados
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¿Entienden los ciudadanos lo que les dicen los jueces? — Castaño y Moralo Abogados


Por Manuel Moralo Aragüete / Estilo Jurídico El ciudadano (o justiciable, según expresión ahora muy usada) que debe acudir a una sede judicial va, ya de por sí, con nerviosismo ante lo desconocido. Si además ha sido llamado para estar presente en un juicio (vista oral), se aumenta su sensación de desasosiego expectante. Accederá a […]

¿Entienden los ciudadanos lo que les dicen los jueces? — Castaño y Moralo Abogados
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¿Cómo hago un recurso administrativo?


Castaño y Moralo Abogados

Por Manuel Moralo Aragüete / Estilo Jurídico

En este blog tenemos un colaborador muy especial. Un tipo diferente, obsesionado con la excelencia en la escritura, quizás algo retrógrado y con cierta vocación pedagógica. A pesar de que a veces parece un poco pedante, resulta, al mismo tiempo, entrañable. Él mantiene un blog bastante peculiar, dedicado a tan ríspido tema como es el de cómo escribir bien en Derecho: Estilo Jurídico.

Entre otras muchas cuestiones, Estilo Jurídico nos indicó en su blog cómo confeccionar un recurso administrativo. Aunque siempre sea recomendable encomendarlo a un profesional, para presentar un recurso administrativo no es obligatorio legalmente hacerlo mediante un abogado. Ahora bien, cuando nos ponemos manos a la obra, si no somos profesionales (o lo somos primerizos), nos van a asaltar las dudas: ¿qué tengo que poner, y qué no, en el recurso? ¿qué forma debe tener?, etc.

Conocedor de…

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¿Es posible la rebaja (o exoneración) de la renta de los arrendamientos rústicos por causa del COVID-19? ¿En qué circunstancias se podría rebajar la renta?

a través de Arrendamientos rústicos y estado de alarma por COVID-19 — Castaño y Moralo Abogados

Arrendamientos rústicos y estado de alarma por COVID-19 — Castaño y Moralo Abogados

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