Introducción al Derecho, Vocabulario jurídico

Decreto-ley / Decreto Legislativo


Esta entrada va especialmente dirigida a estudiantes de primer curso de Derecho, a los que se les puede atragantar algo la diferencia existente entre estos dos tipos de normas con rango de ley emanadas del Gobierno que tienen una denominación tan similar. Y, por qué no, también pienso que resultará útil a mis amigos que estudian traducción jurídica.


Los dos términos tienen larga tradición en nuestra historia jurídica, si bien, y en esto también coinciden, fueron objeto de regulación constitucional bastante tiempo después de haber sido empezados a utilizar. Hubo Decretos-leyes en el siglo XIX, y se generalizaron en la dictadura de Primo de Rivera, pero no fueron constitucionalizados hasta la Constitución de 1931. En esa Constitución se regularon también por primera vez los Decretos Legislativos. Aunque lo cierto es que algunas de las normas más importantes del siglo XIX ya habían adoptado esta tipología: la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal aún vigente (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882); o, ni más ni menos, el Código Civil de 1889, que también sigue todavía en vigor (aprobado por Decreto Legislativo de 24 de julio de 1889 previa delegación por Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, según el procedimiento propuesto por Alonso Martínez).


Ambas normas gubernamentales con rango de ley son una excepción al principio de división de poderes, principio según el cual es al poder legislativo al que le corresponde la aprobación de las leyes, no al ejecutivo.

Y precisamente, una de las diferencias principales entre los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos se encuentra en el diverso fundamento constitucional que tiene esta excepción a la separación de poderes en unos y otros:

– En el caso de los Decretos-leyes, dicho fundamento estriba en la existencia de una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86.1), debido a cuya concurrencia la Constitución permite la actuación legislativa inmediata del poder ejecutivo. La aprobación de esta norma se sujeta únicamente a los límites materiales previstos en la Constitución, y al requisito formal de su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. En consonancia con la concurrencia de esa extraordinaria y urgente necesidad, la intervención del poder legislativo es a posteriori de la aprobación y entrada en vigor de la norma gubernamental.

– En el caso de los Decretos Legislativos, por contra, el fundamento está en que el poder legislativo delega previamente dicha facultad para un asunto concreto, con sujeción tanto a los límites previstos tanto en la Constitución (temporales, formales y materiales) como en la propia ley de delegación (arts. 82-85). Aquí la intervención del poder legislativo, al contrario que en los Decretos-leyes, debe producirse siempre previamente a la aprobación de la norma por el Gobierno.

Estos dos tipos de normas gubernamentales con rango de ley, con la misma configuración y denominación, también pueden ser dictadas por las Comunidades Autónomas en las que así lo prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía.


Una vez vista la diferenciación entre ambos tipos de normas de nombre tan semejante, me gustaría hacer tres últimos apuntes un tanto al margen de lo anterior.

1. Pese a que la Constitución se refiere a ellos como Decretos-leyes y Decretos Legislativos, cuando estas normas son estatales, en su denominación oficial a la hora de publicarse en el BOE se les antepone el calificativo de “Real” (véase la imagen que sirve de portada a esta entrada). No ocurre así en el caso de que tales normas sean autonómicas. Para esta cuestión me remito a la entrada sobre “El nombre (exacto) de las normas“.

2. Una pequeña pincelada sobre su ortografía. En esta entrada he seguido el uso de las mayúsculas en la denominación de estas dos normas que viene recogido en los preceptos de la Constitución donde se regulan (arts. 82-86). Pero, en el caso del Decreto-ley, no acabo de ver claro que sea correcto poner el primer sustantivo en mayúsculas y el segundo en minúsculas; y es que la Ortografía de la RAE prescribe que en las palabras unidas con un guion, de ser necesario el uso de mayúsculas, esto afecta tanto al primer elemento como al segundo. Más sobre este tema, en general, en la entrada “La titulación de las normas (I): ortografía“.

3. Y finalmente, un truco mnemotécnico que nos puede servir para que se nos quede bien fijado en la mente cuál es cada norma: el Decreto-ley es “ley” ya, desde el mismo momento de su publicación; el Decreto Legislativo es el fruto de una previa delegación “legislativa“.

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Estilo de escritura, Vocabulario jurídico

Otro(sí o no)


Entre el sí y el no al otrosí, propugno decididamente el sí.

Reconozco que a mí, cuando conocí este peculiar vocablo durante la carrera, en una clase práctica de Derecho Procesal, no me gustó nada: arcaico, incomprensible, sacado de rancios y arcanos formularios…

Pero ahora soy firme partidario de seguir manteniendo el uso del dichoso otrosí en los escritos procesales. Y ya no sólo por el cariño que uno le ha acabado tomando a la peculiar palabreja, sino también porque las razones que se suelen esgrimir para que sea suprimido no acaban de convencerme en absoluto.


Se dice que es palabra completamente inusual fuera del lenguaje jurídico, por lo que no merece seguir en el Diccionario. Pero el caso es que sigue existiendo. Y no sólo en el Diccionario de la Real Academia, sino en la práctica forense diaria. Y además, y esto es lo más importante para los juristas prácticos, está presente en las leyes. Porque en ciertos casos las normas procesales obligan incluso a usar justamente esta palabra como fórmula procesal. Por ejemplo, así está previsto en la Disposición final vigésimo quinta 5. 4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en los artículos. 60.1, 40.1 y 62.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


¿Que es una palabra totalmente desconocida para los legos en Derecho, a quienes les resulta incomprensible? Sí, eso es indudablemente cierto.

Pero esta objeción, que se suele plantear por quienes defienden el lenguaje claro en los textos jurídicos, pasa por alto una circunstancia fundamental: el otrosí únicamente se utiliza en los textos realizados por abogados que se dirigen a los jueces y a otros abogados, en el seno del proceso. No forma parte de escritos de los que haya de entender necesariamente el justiciable, o que lo tengan a él como destinatario.

Además, en todo caso, para aquellos curiosos que quieran leer estos textos, bastaría con una rápida consulta al diccionario.


Los ataques al otrosí tampoco tienen en cuenta su utilidad práctica, que es mucha y frecuente.

Cuando explico en las clases qué cosa es el otrosí, suelo decir que es la palabra jurídica talismán por excelencia. Lo invocamos como tal y acude a servirnos como cajón de sastre, comodín o tabla de salvación para introducir cualquier cuestión que tengamos que tratar en el escrito y que se aparte de la petición principal formulada previamente: pedir pruebas, indicar domicilio en la sede del Tribunal, solicitar medidas cautelares… Y todo aquello que se nos pueda ocurrir al margen del núcleo del escrito.

Con la virtualidad añadida de que nuestro lector ya sabe, con sólo ver esa palabra, que a partir de ahí se va a contar algo al margen de lo anterior, acompañado de una petición nueva y diferente. Actúa como una especie de excurso, pero programado, de la narración; o como una posdata con solicitud.


Se ha propuesto alguna solución alternativa al uso del otrosí, para hacer los escritos procesales más comprensibles y adaptados al lenguaje actual. Como, por ejemplo, la de utilizar la expresión “además digo”.

Ciertamente, es similar en cuanto al significado y resulta más asequible para el público en general. Pero no se puede decir que sea equivalente en cuanto al uso estrictamente procesal. Porque “además digo”, precisamente por su posibilidad más amplia de usos, y en tanto que expresión no específica, sino general, cabe que aparezca en cualquier parte del escrito; y esto nos podría llevar a equívocos.

En cambio la idiosincrasia del otrosí es su uso justamente al final del escrito, y sólo allí. Debido precisamente a su peculiaridad terminológica, no se usa más que en ese lugar que tiene específicamente previsto y aun reservado.


P.S. (u otrosí): Si hay, no obstante, algo que reprocharle, y con razón, a nuestro querido otrosí sería, creo, su dificultad de traducción exacta a otros idiomas. Por lo que, en nombre de las gentes del foro que defendemos los otrosíes, humildemente pido disculpas a los amigos traductores estilosos que me siguen.

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Escritos procesales, Estilo de escritura

El estilo y sus manuales (I): una panorámica general


La palabra estilo, tan cara a este blog, la empleamos aquí en sus dos acepciones principales referidas a la escritura. El estilo es escribir bien. Pero también es hacerlo a nuestra personal manera.

El aprendizaje de la correcta redacción procesal, y la consiguiente adquisición de nuestro propio estilo jurídico, es andadura larga, posiblemente de toda nuestra vida profesional. Para ayudarnos en este proceso, tenemos a nuestra disposición, al menos, tres diferentes recursos.

Un primer recurso son los formularios, recopilaciones de modelos de escritos procesales. Muy útiles cuando uno está empezando para conocer cuál debe ser la configuración y el contenido de nuestros escritos. Formularios tienen todas las bases de datos jurídicas de pago. Y también podemos encontrarlos gratuitos. Aunque, como ya se ha dicho en este blog, es posible que no exista mejor formulario que la ley.

Tenemos también los escritos reales presentados ante los tribunales por otros abogados. Es una muy buena forma de descubrir cómo se resuelven problemas prácticos de redacción en un caso concreto. Nos van a ayudar también, mucho mejor que los abstractos formularios, a conocer las maneras específicas de argumentar por escrito. Y asimismo nos sirven para comprobar la existencia de diferentes estilos de escritura, lo que nos permitirá ir amoldando el nuestro al que nos resulte más apropiado. Están ahora disponibles en la red algunos repositorios de pago, como este de Casos Reales de Economist & Jurist. Pero tampoco es complicado encontrar escritos reales que están a nuestra disposición gratuitamente, sobre todo los de los casos relevantes con más repercusión en los medios de comunicación. Algunos ejemplos recientes de esto son los escritos de defensa en el caso del Procés o el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

Y por último, están los manuales de estilo.

¿Se puede aprender a escribir bien, estilosamente, con un libro de estilo? Pues claro que sí. Porque estos materiales, a diferencia de los formularios y de los escritos reales, se centran en la correcta técnica de redacción. Sirven también como libros de consulta para la resolución de dudas de escritura. E, incluso los que no están puramente enfocados a la redacción jurídica, nos van a proporcionar consejos útiles para enfocar mejor nuestros escritos.

A los manuales de estilo les vamos a dedicar esta entrada y la siguiente. Empezaremos por presentar, brevemente, algunos manuales dedicados al estilo de escritura no específicamente jurídica.


1) Manual de estilo de la lengua española, de José Martínez de Sousa

Se trata de una obra de referencia para escritores, editoriales, traductores y correctores. Martínez de Sousa distingue entre los libros de estilo, cuyo objetivo es unificar criterios en el uso de la lengua (por lo que se utilizan sobre todo en periódicos y agencias de prensa) y los manuales de estilo, enfocados hacia las editoriales, y que, por eso, incluyen otros elementos adicionales a los de los libros de estilo, como son los códigos tipográficos. Por tanto, su “Manual”, además de incluir cuestiones de escritura, está más orientado a la edición de libros. Y probablemente sea el más completo de los existentes.

Tiene dos grandes partes. En la primera, dedicada al “trabajo intelectual”, incluye apartados sobre el trabajo documental previo, la escritura, la ortotipografía, y la bibliología. La segunda es la parte de consulta, un extenso “diccionario de materias” en el que presenta alfabéticamente todas las cuestiones referentes al estilo, entre ellas, por ejemplo, las locuciones latinas aceptadas en español o los tratamientos.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

  • La descripción de los problemas de redacción que hay que evitar y las maneras de solucionarlos: ambigüedad, vaguedad, anacolutos, anfibología u oscuridad, empobrecimiento…(capitulo 7 del apartado 2, páginas 118 a 131 de la edición que yo he manejado, que es la 2ª ed., de 2003).
  • Todo lo referente a la ortotipografía (apartado 3, páginas 133 a 154).

“El buen escritor procura enriquecer su léxico y aplicarlo con propiedad”

Página 119.

2) Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, de la Real Academia Española (RAE)

La RAE define el estilo como la “manera de escribir o de hablar”. Y ese estilo lo muestra aquí conforme a la “norma panhispánica”, es decir, con “reconocimiento de las variedades lingüísticas de cada región que se integran en la armonía de la unidad”.

El Libro de estilo se ocupa de las dudas en relación con la Gramática, la Fonética y la Ortografía. Y de las variaciones que se han producido desde la publicación de estas obras oficiales de la RAE hasta el momento de publicación del Libro (2018). Trata de aquellas partes donde hay dudas más frecuentes. Por eso, actúa como una especie de compendio o resumen de las reglas gramaticales, fonéticas y ortográficas oficiales que más problemas de interpretación han venido presentando. Nos conviene tenerlo como breviario o libro de dudas usual.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

  • Las cuestiones de ortotipografía (páginas 149 a 209). La RAE define la ortotipografía como “el conjunto de usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos”. Se trata de la ortotipografía normativa oficial.
  • El apartado dedicado a la elocución (“buena manera de hablar”), donde se analizan los factores implicados en dicha técnica: velocidad de habla, pausas, intensidad, acento, ritmo y entonación (páginas 223-267). Son habilidades fundamentales para la oratoria, pero que también conviene tener en cuenta en nuestros escritos, en aquello que sea aplicable.
  • Para blogueros: los apartados sobre “Indicaciones generales para la comunicación digital” (páginas 271 a 279) e “Indicaciones particulares para distintos canales” (páginas 297 a 310).
  • La lista de abreviaturas (páginas 484 a 496).

“Ortega y Gasset enseñaría […] que para regenerar este país caído, antes que una educación política, era necesaria como base indispensable una educación de la sensibilidad, y que esta solo se logra con el cuidado de la palabra”.

Página 17.

3) Manual de escritura académica y profesional, dirigido por Estrella Montolío

Es un manual destinado a universitarios y profesionales en general, elaborado por profesores universitarios y expertos dirigidos por una de las grandes especialistas españolas en lenguaje y estrategias de comunicación, la Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío.

En el Volumen I se tratan las “estrategias gramaticales” (ortografía, léxico…). El Volumen II está dedicado a las “estrategias discursivas”, dirigidas a la construcción de los textos. Uno de sus puntos fuertes es la abundancia de tablas, ejemplos y ejercicios prácticos (muchos de ellos incluyen sus correspondientes soluciones).

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso? (Volumen II):

  • El capítulo dedicado a los conectores esas expresiones que van guiando el discurso mediante la plasmación de la relación existente entre los fragmentos del mismo (páginas 11 a 92). Su conocimiento y correcto uso es fundamental en los escritos procesales, que deben articularse como un discurso claro. Está escrito por Estrella Montolío.
  • El capítulo sobre las estrategias para la construcción de textos expositivos (páginas 123 a 186), que nos vendrá muy bien para las demandas. Escrito por Irene Yúfera.
  • Argumentar por escrito, por José Portolés (páginas 233 a 284). Imprescindible para conocer cómo plasmar la lógica en nuestros escritos.
  • La revisión (páginas 359 a 390). Para realizar la revisión de nuestros escritos puede sernos especialmente útil la lista de comprobación que se incluye en este apartado. Escrito por Mar Garachana.

“Una clasificación de textos ya tradicional diferencia entre: texto narrativo -cuenta una sucesión de acontecimientos-, texto descriptivo -fotografía con palabras-, texto expositivo -explica a quien no sabe- , texto instruccional -indica cómo hacer algo- y texto argumentativo -busca convencer de una tesis-.”

Vol II, página 251. (José Portolés)
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General, Vocabulario jurídico

Abogado, traductor


Los abogados somos traductores, de eso no debería caber duda alguna. Unos traductores permanentes, siempre en constante ejercicio de nuestro arte traslatorio. Y muy especiales: una parte importante de nuestro trabajo consiste en traducir del lenguaje jurídico al lenguaje usual comprensible por nuestros clientes.

Pero también lo somos, y esto es algo que se suele olvidar, en el sentido inverso. Quiero decir: los abogados estamos obligados a entender el lenguaje usual de los clientes, para luego trasladarlo al jurídico, y así conseguir armar nuestro caso y explicarlo ante los tribunales.

Lo más peculiar de este entendimiento del lenguaje común (para su posterior traslación al lenguaje jurídico) es que resulta objeto de un aprendizaje singular. Porque no puede tratarse de un aprendizaje reglado ni impartido en la Universidad, sino que tiene que ser, forzosamente, vivido. Si la Universidad es, sobre todo, enseñanza del lenguaje jurídico, ese otro lenguaje popular, aunque aplicado a los problemas jurídicos, no tiene cabida allí. Hay que aprenderlo en otro lugar y por uno mismo.

Lo cual me lleva a recordar mis inicios en la profesión, recién salido de la Facultad, cuando comenzaba como abogado de agricultores en la Extremadura rural de comienzos de los años 90 del pasado siglo. Entonces, como todo abogado novel, tuve que aprender a descifrar el vocabulario especial (casi una jerga pseudojurídica) de quienes eran mis primeros clientes. Es claro que sin comprender cabalmente lo que nos dicen los clientes no se puede ejercer la abogacía.

Si he mencionado antes el contexto social y temporal es porque el mismo es determinante de cómo las gentes usan su propio léxico “jurídico” adaptado, a su modo y manera, a sus circunstancias. En este caso, al nivel de estudios de la clientela, que solían ser primarios, se unían las reminiscencias de instituciones jurídicas del régimen anterior.

Así, cuando alguien venía quejándose de que no le habían ingresado la “paga del 18 de julio”, se refería a la paga extraordinaria de verano. Cobrar “los puntos” era cobrar la prestación familiar de Seguridad Social por hijo a cargo. El “sello grande” y el “sello pequeño” eran los nombres usuales de las cotizaciones al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, por cuenta propia y por cuenta ajena, respectivamente.

La prestación contributiva por desempleo era “el sindicato” (aún hoy barajo varias teorías para explicar el origen de tan peculiar denominación, sin que haya llegado a una conclusión definitiva). Y quien cobraba la “prórroga” estaba cobrando el subsidio por desempleo.

Muchos querían que la “media paga” (Invalidez Permanente Total) que venían cobrando, en cantidades misérrimas, se convirtiera en la “paga entera” (Invalidez Permanente Absoluta).

Y si a uno le habían “despropiado”, era que había sufrido una expropiación forzosa de sus bienes. Cuya titularidad muchas veces sólo podía acreditarse con los “recibos de la contribución” (justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles)…


No fue este un aprendizaje difícil. Tan sólo había que averiguar qué querían decir los clientes. Para ello bastaba, la mayoría de las veces, con preguntarles delicadamente a ellos, pidiendo disculpas por mi ignorancia (o, en ocasiones, intentando disimularla).

Y así fue uno haciéndose al oficio de abogado. Y en consonancia, al de traductor. En todos sus sentidos.

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Cuando los abogados pedimos algo y también lo contrario: subsidiariamente… — Castaño y Moralo Abogados


Cómo realizar en Derecho dos peticiones en apariencia contradictorias: subsidiariamente.

Cuando los abogados pedimos algo y también lo contrario: subsidiariamente… — Castaño y Moralo Abogados
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¿Entienden los ciudadanos lo que les dicen los jueces? — Castaño y Moralo Abogados


Por Manuel Moralo Aragüete / Estilo Jurídico El ciudadano (o justiciable, según expresión ahora muy usada) que debe acudir a una sede judicial va, ya de por sí, con nerviosismo ante lo desconocido. Si además ha sido llamado para estar presente en un juicio (vista oral), se aumenta su sensación de desasosiego expectante. Accederá a […]

¿Entienden los ciudadanos lo que les dicen los jueces? — Castaño y Moralo Abogados
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¿Cómo hago un recurso administrativo?


Castaño y Moralo Abogados

Por Manuel Moralo Aragüete / Estilo Jurídico

En este blog tenemos un colaborador muy especial. Un tipo diferente, obsesionado con la excelencia en la escritura, quizás algo retrógrado y con cierta vocación pedagógica. A pesar de que a veces parece un poco pedante, resulta, al mismo tiempo, entrañable. Él mantiene un blog bastante peculiar, dedicado a tan ríspido tema como es el de cómo escribir bien en Derecho: Estilo Jurídico.

Entre otras muchas cuestiones, Estilo Jurídico nos indicó en su blog cómo confeccionar un recurso administrativo. Aunque siempre sea recomendable encomendarlo a un profesional, para presentar un recurso administrativo no es obligatorio legalmente hacerlo mediante un abogado. Ahora bien, cuando nos ponemos manos a la obra, si no somos profesionales (o lo somos primerizos), nos van a asaltar las dudas: ¿qué tengo que poner, y qué no, en el recurso? ¿qué forma debe tener?, etc.

Conocedor de…

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¿Es posible la rebaja (o exoneración) de la renta de los arrendamientos rústicos por causa del COVID-19? ¿En qué circunstancias se podría rebajar la renta?

a través de Arrendamientos rústicos y estado de alarma por COVID-19 — Castaño y Moralo Abogados

Arrendamientos rústicos y estado de alarma por COVID-19 — Castaño y Moralo Abogados

Cita
Estilo de escritura, General, Introducción al Derecho

La titulación de las normas (y II): estilo


Alumbrar la denominación que ha de tener el título de una norma, y acertar a hacerlo con elegancia y precisión, es todo un arte. Ahí tenemos, cual faros, algunas de las leyes más conocidas de nuestro pasado. Con sus títulos, ya clásicos, bien sonoros y breves, pero plenamente expresivos, a simple vista, de su contenido: Código Civil, Código Penal, Código de Comercio. O, ya con títulos un poco más largos, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contratos del Estado.

En esta entrada veremos el estilo a seguir en la elección del título o denominación de las normas jurídicas. Se trata de la última entrada de una serie en la que hemos ido tratando todos los aspectos presentes en la denominación oficial de las normas: la manera de designar el tipo de norma, la configuración de su numeración y fecha y la ortografía a seguir en su titulación. Una buena parte de las ideas que se vierten aquí me las ha sugerido la lectura del artículo «Título de las leyes y homogeneidad» de José Luis Martín Moreno.


La titulación, según las Directrices de técnica normativa

Empezamos por analizar cómo se enfoca este tema en las vigentes Directrices de técnica normativa, esa especie de manual de estilo para todos los legisladores. Las Directrices tratan la cuestión de la elección de los títulos de las normas en su apartado I.b.7), bajo el epígrafe de «nominación».

El objetivo que debe perseguir la denominación de la ley es doble. En primer lugar, el título de la norma debe «permitir identificarla», es decir, que se pueda diferenciar nítidamente de cualquier otra ya existente, sin dar lugar a equívocos. Y en segundo lugar, tiene que «describir su contenido esencial», de tal manera que la simple lectura del título nos permita hacernos una idea lo más precisa posible de su contenido específico; se busca aquí tanto la expresividad del título como la singularización de la materia.

Para conseguir ese doble objetivo, las Directrices recomiendan que la redacción del nombre sea «clara y concisa». Mientras más corto, y al mismo tiempo completo y exacto, mejor. Hay que despojar al título de adjetivaciones superfluas.

Además, las Directrices vetan la inclusión en el título de «descripciones propias de la parte dispositiva». Es decir, se trata de dejar para el texto de la norma lo que es propio de esa parte, y no del título.

Aunque es lo cierto que a veces se sigue encontrando uno con títulos de leyes muy cortos y verdaderamente descriptivos, al estilo clásico de antaño (Ley Concursal, Ley del Cine, Ley de Caza), esto ha dejado ya de ser ya lo habitual, como se verá a continuación.


Algunos problemas de estilo que plantea la titulación de las normas en la actualidad 

Con los mimbres antes descritos, titular leyes hoy es labor ardua. Creo que las dificultades actuales provienen, esencialmente, de la conflictiva confluencia de dos vectores enfrentados: la necesidad de alcanzar la mayor seguridad jurídica posible, frente a la búsqueda, al mismo tiempo, de la claridad y la concisión. A continuación se exponen, muy sucintamente, cuáles son algunos de los problemas concretos planteados.


Las normas que modifican otras anteriores

Esta dificultad viene dada por algo que está prescrito en las propias Directrices de técnica normativa. Y es que. según dichas Directrices, en caso de tratarse de una disposición modificativa, el nombre «deberá indicarlo explícitamente, citando el título completo de la disposición modificada». Así, las únicas leyes con una denominación original serán las primeras dictadas en una materia, o las que las sustituyen por completo. Todas las que se limitan a modificar parcialmente las anteriores suelen limitar su denominación a «Ley por la que se modifica la Ley…».

He aquí un buen ejemplo de esto, en el que se pueden apreciar los problemas que se originan: la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. O mejor dicho, las Leyes Orgánicas que modifican, porque ha habido más de diez normas con este mismo título desde 1985. Es verdad que con estas denominaciones se identifica claramente la ley objeto de modificación. Pero se presta a confusión la identificación de la ley modificadora. Y, sobre todo, dicho título nada nos indica sobre el otro objetivo que tiene la denominación de las leyes: la descripción de su contenido material. Esta carencia se ha paliado por el legislador, en ocasiones, indicando adicionalmente en el título cuál era el principal objetivo de la reforma; así: Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, o Ley Orgánica de reforma del Consejo General del poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.


Las leyes de contenido heterogéneo

Una de las peculiaridades de la técnica legislativa de un tiempo a esta parte es la existencia de textos normativos que, bien por el apresuramiento del legislador (cuando no, directamente, por su mala fe), bien por imperativo de la transposición de normas comunitarias, tienen un contenido notablemente heterogéneo, imposible de reducir a una unidad. Muchos recordamos el caso de la llamada «Ley ómnibus», aprobada para transponer (parcialmente) la Directiva Bolkestein, que supuso la modificación de más de 100 normas estatales y autonómicas.

Ante esta realidad, ¿cómo buscar en tales ocasiones la necesaria congruencia entre el título y el contenido de la disposición? Puede haber diferentes estrategias.

Una es indicar, de manera separada por comas, cada una de las diferentes materias de la ley. Siempre que esto sea posible sin hacer interminable o inentiligible el título, claro. Un ejemplo: la Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

Otra estrategia diferente es usar un título tan vago que en él pueda caber de todo, al estilo de un cajón de sastre. Como ejemplo acabado de esto, un clásico que se repite todos los años: la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado).

Y también está el remedio de acudir a nombrar aquello por lo cual se hace obligado dictar la norma heterogénea. Como en el caso de la ya citada «Ley ómnibus», que se tituló Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


Las normas de transposición del Derecho de la Unión Europea

Las Directivas de la Unión Europea requieren (salvo contadas excepciones) su incorporación a nuestro Derecho interno mediante la aprobación de la correspondiente norma jurídica de transposición. En todas las Directivas se incluye expresamente la obligación del Estado miembro de hacer referencia, en la norma de transposición, a la Directiva que es objeto de incorporación. No obstante, la forma en que se plasma dicha referencia es algo que corresponde establecer a cada Estado miembro.

En el caso de España, las Directrices de técnica normativa prevén que la mención a la Directiva transpuesta se haga en una de las Disposiciones Finales de la norma con la siguiente fórmula:  «Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva….».

Pese a ello, en bastantes ocasiones el legislador lleva la referencia a la Directiva transpuesta al propio título de la norma, lo que lo hace más farragoso. Un ejemplo reciente es la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Como es lógico, las gentes del Derecho, en la práctica diaria, han prescindido de la parte del título que se refiere a las Directivas.


Hasta aquí el atento lector habrá podido comprobar que titular normas es un arte, sí. Y, como en casi todo arte, nuestra mejor referencia debiera ser lo clásico.

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Estilo de escritura, General, Introducción al Derecho

La titulación de las normas (I): ortografía


Si el lector de estas líneas se desenvuelve en el ámbito del Derecho, posiblemente se habrá encontrado, en algunas ocasiones, con pequeñas dudas sobre la manera correcta y exacta de escribir el nombre de una norma jurídica. Para seguir intentando despejar esas dudas, en esta entrada continuamos con el análisis de cómo se lleva a cabo, en España, la denominación oficial de las normas jurídicas.

Recordemos que ese nombre oficial se plasma, desde 1959, así:

tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma

O sea, en un ejemplo reciente:

Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos

Ya vimos en entradas anteriores la manera de designar el tipo de norma y la configuración de su numeración y fecha. Toca ahora, por tanto, ver el postrero de esos componentes: el título. Comenzaremos, en esta primera entrada dedicada al título, por tratar la cuestión de su ortografía.

Pero antes de entrar en el meollo del asunto, recordemos algunas reglas de ortografía referentes a los anteriores componentes. Así: el tipo de norma se escribe con mayúsculas iniciales (en todas sus palabras); la numeración, la fecha y el título se separan mediante comas; y en la fecha se expresa el número del día en cifra y con letra (siempre con minúscula inicial) el nombre del mes.

Pasamos ahora a los dos problemas que puede plantear la ortografía del título de la norma, que son la puntuación y, sobre todo, el uso de las mayúsculas.


Puntuación

No he encontrado ninguna norma específica referida a la puntuación de los títulos de las normas jurídicas en la actual Ortografía de la Real Academia Española (RAE), por lo que entiendo que se deben seguir las normas generales sobre el uso de los signos de puntuación. Dado que el título pretende ser una expresión sintética que, en una frase, indique el contenido de la norma, si se usan signos de puntuación estos serán, generalmente, sólo comas.

Un ejemplo de norma en cuyo título se emplean comas, en este caso para enunciar los miembros de una coordinación copulativa, es este: la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.


Uso de mayúsculas

En esta cuestión conviven dos preceptivas diferentes. Por un lado, la ya mencionada Ortografía de la RAE. Y por otro lado, las Directrices de técnica normativa (aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005); estas Directrices son una herramienta con la que se pretende “elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayudar a utilizar un lenguaje correcto”.

Ocurre que, como se mostrará a continuación, parece haber una cierta discordancia entre lo que preceptúan las normas de la ortografía y lo que señalan los usos establecidos de técnica normativa.


A) Según la Ortografía académica

Ya se vio en otra entrada de este blog que la Ortografía oficial es reacia a la extensión del uso de las mayúsculas. Aun así, la actual Ortografía de la RAE contiene dos reglas específicas sobre el uso de las mayúsculas en la titulación oficial de las leyes en español. Me llama la atención que, quién sabe si imbuidos de la doctrina jurídica alemana, nuestros académicos incrustan en estas reglas lo que a todos luces podríamos considerar dos conceptos jurídicos indeterminados. Las reglas académicas son las siguientes:

1.- Se escriben con mayúscula inicial “todas las palabras significativas del título” de los textos legales.

El problema estriba en saber cuáles son, en cada caso concreto, esas “palabras significativas”.

Podría pensarse que lo son todos los sustantivos presentes en el título, y tan sólo los sustantivos, excluyéndose al resto de categorías gramaticales (artículos, pronombres, verbos, conjunciones, etc.). Pero el caso, es que en ocasiones también aparecen en mayúsculas los adjetivos. Precisamente, el ejemplo mencionado en este punto en la Ortografía de la RAE es la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, la cual, como se aprecia, lleva en mayúsculas todos sus sustantivos y adjetivos.

También cabría entender que son “palabras significativas” del título aquellas (ya sean sustantivos o adjetivos) que permiten una más rápida identificación y comprensión del contenido, las palabras denotativas del núcleo de lo que se regula.

2.- No obstante lo anterior, “cuando el título de una ley es muy largo, la mayúscula se aplica sólo al primer elemento, y se delimita la extensión mediante la cursiva o las comillas”.

Nuevamente, se introduce una noción no del todo precisa: la extensión “muy larga” del título. Para orientarnos mejor, el ejemplo que ofrece la Ortografía de la RAE de esto es la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.


B) Según las Directrices de técnica normativa

Las Directrices de técnica normativa  tratan la cuestión del uso de las mayúsculas en los títulos de las normas en su Anexo V.

Al igual que la Ortografía de la RAE, las Directrices también parten del principio general de que el uso de las mayúsculas debe restringirse lo máximo posible, por lo que proponen “que los títulos de las distintas disposiciones se escriban en minúscula”. Pero aun así, admiten tres excepciones en las que se pueden usar las mayúsculas, si se dan estas circunstancias:

1.ª Que el título sea de extensión breve. Se pone como ejemplo la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2.ª Que la norma realice una “regulación completa de la materia”, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3.ª Que la norma regule órganos constitucionales y “grandes referentes legislativos del ordenamiento”. Ejemplos de ello serían, según las propias Directrices, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General.

Como se ve, las dos últimas excepciones al uso de las minúsculas tienen un neto cariz jurídico, de teoría general de las fuentes, que contrasta con los enunciados de las normas de la Ortografía de la RAE.


El lector atento de esta entrada habrá percibido ya que los títulos de las Leyes publicadas no siguen siempre las leyes de la Ortografía oficial. Fíjese, si no en la primera de las normas citadas aquí, la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. De extensión en modo alguno larga y con “palabras significativas”, pero en minúsculas.

Sí, persiste una cierta incertidumbre.

P.S. Curiosamente, como se puede ver en la foto de portada, parece que esto no supone problema alguno en la República Federal de Alemania. En el país que fue la cuna de la doctrina de los actos jurídicos indeterminados, la cuestión estaría resuelta taxativamente en el propio idioma alemán: la regla ortográfica general es que todos los sustantivos van en mayúsculas. Unido al extendido uso de las palabras compuestas en la lengua germana, asunto arreglado.

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