Escritos procesales, Estilo de escritura

Más formulismos abogadiles


Ya publiqué, hace un tiempo, una entrada sobre esas expresiones estereotipadas propias de leguleyos que todavía insertamos los Letrados en los escritos procesales: los formulismos abogadiles.

El uso de los formulismos abogadiles tiene, cuando uno empieza a ejercer, un efecto psicológico tranquilizador fundamental. Parece que insertarlos nos da esa pátina de experiencia que necesitamos proyectar. Sentimos que usarlos es de iniciados, porque sólo quien pertenece al foro ha podido llegar a conocer estos arcanos. Y quizás por eso, asumimos, sin mayor cuestionamiento, que es propio de buenos abogados el emplearlos siempre que haya ocasión.

Pero, después de años de experiencia, parece conveniente ir soltando lastre. Porque uno, a poco que se lo plantee, acaba dándose cuenta de que todos estos formulismos tienen algo en común: que pueden ser omitidos sin mayor problema. Es más, la claridad, requisito imprescindible del buen estilo, nos exige su supresión.

Así que aquí voy a ampliar lo que ya dije, y continúo añadiendo algunos pocos formulismos más a mi particular (y personalísima) lista negra de expresiones a desterrar.


–  «Al Juzgado de Primera Instancia de [localidad] que por turno corresponda».

De esta manera se encabezan habitualmente los escritos con los que se ejercita una acción judicial: demandas, querellas, interposiciones de recursos contencioso-administrativos, etc.

En las localidades donde hay más de un Juzgado o Tribunal de la misma clase, el escrito, al ser el primero que se presenta sobre ese caso ante la Justicia, no puede tener un órgano judicial concreto como destinatario, porque es susceptible de recaer en cualquiera de los de esa clase en esa ciudad. No podemos dirigir sin más una demanda,  por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, o un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz; no existe el derecho a elegir el Juzgado que queremos que lleve nuestro pleito. ¿Cómo solucionar este pequeño inconveniente? Pues utilizando este tradicional formulismo: decimos que vaya al «que por turno corresponda».

El artículo 167.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que en estos supuestos  (dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional en una misma localidad), los asuntos se distribuirán entre los Juzgados y Tribunales «conforme a normas de reparto prefijadas». Y es el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente, bajo la supervisión del Juez Decano (art. 167.3 de la LOPJ), quien los envía al concreto Juzgado que se va a encargar del caso, conforme a las normas de reparto (el «turno») previamente establecidas.

En la práctica diaria actual, en la que para presentar escritos se utiliza la plataforma informática LexNet, este tipo de escritos se encuadran dentro de la categoría de «escrito iniciador de asunto»; y como tales, la aplicación sólo nos permite enviarlos a la «Oficina de reparto» del orden jurisdiccional correspondiente, que es donde se procederá conforme a lo antes explicado. Como se ve, insertemos o no este formulismo, el camino que seguirá nuestro escrito será exactamente el mismo. Una buena razón para suprimirlo.

Y aún hay una razón adicional para este desmoche. En vez de decirse «que corresponda por turno» (no recuerdo haberlo visto así nunca), se introduce una especie de anástrofe mediante el cambio del orden sintáctico habitual en la actualidad de esas palabras. Amén de innecesario, arcaizante.


– «Lo cierto y verdad es que…»

Se trata de una fórmula con la que se suele introducir nuestra versión de los hechos, contraria a la de la parte adversa.

Además de formulismo, es este otro pleonasmo más (salvo que existiera algo que, siendo cierto, pueda al mismo tiempo no ser verdad).

Y manifiesta, como suele ocurrir con los pleonasmos, una cierta debilidad de la postura mantenida, que se intenta camuflar con la reiteración.


– «…y con expresa imposición de costas a la parte contraria».

Esta expresión suele cerrar el suplico (o mejor, solicito) de los escritos de demanda.

Todas las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso (con algunas contadas excepciones) deben contener un pronunciamiento sobre a quién le corresponde el pago de las costas procesales: el Juez o Tribunal tiene que decidir si las costas se imponen a una parte, a la otra, o no se imponen a ninguna. Por eso, no tiene sentido pedir que la imposición de costas sea «expresa». Si el Juez o Tribunal, como es su obligación, resuelve sobre las costas, y lo hace imponiéndolas a la otra parte, sólo lo puede llevar a cabo de manera expresa; no caben aquí condenas implícitas ni silencios positivos.

Creo que aquí subyace un matiz psicológico, en un doble sentido: por una parte, de cara al contrario, el formulismo se usa con una cierta intención de amedrentarle, poniéndole de frente ante el peligro que corre de perder el pleito y cargar con las costas que tan fieramente pedimos; y por otra parte, sirve, pretendidamente, para amarrar aún más nuestra petición.

P.S.: Reflexionando para confeccionar esta entrada, e imbuido de cierto prurito recortador, me surgió una cuestión a lo que no he conseguido todavía dar una respuesta terminante. Planteo aquí esta cuestión a los abogados litigantes y/o expertos procesalistas que lean esto: ¿y por qué seguir pidiendo en nuestro escrito la condena en costas? El Juez tiene que tomar necesariamente, porque está obligado por las distintas leyes procesales, una decisión sobre las costas. Y debe resolver sobre ello en todos los casos, se haya pedido por las partes la condena a las costas o no.

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Dudas de escritura, Escritos procesales, Estilo de escritura

Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (III)


Con este tipo de dudas, tan particulares de uno, sucede que, puestos a resolver unas, se vienen apareciendo, sin previo aviso ni tampoco mucho orden ni concierto, una sucesión de algunas más. Si ya me enfrenté a la primera y a la segunda tanda, aquí está ya la tercera entrega, donde hay dudillas sobre la puntuación,  el uso de las mayúsculas y alguna más. Con sorpresa (al menos para mí) incluida.


III.1.-Después del numeral del hecho, ¿empiezo diciendo «Que…»?

Los formularios tradicionales recogen esta construcción:

HECHOS
PRIMERO: Que DON XXX es titular de una explotación agraria sita en el término municipal de Sancti Spiritus…

Debido a que, durante el periodo de estudios, nos insistieron siempre en que no resultaba de buena redacción usar ese «que», a mí esta formula me sorprendía bastante en mis primeros tiempos de ejercicio. Aun así, entendiendo que esto era una peculiaridad más del lenguaje forense, empezaba mis hechos con ese «que».

Hasta que un día, misterios de estas dudas duendes, me detuve a pensarlo y me pareció que la fórmula era repetitiva, sonaba arcaica y, sobre todo, me di cuenta no solo de que suprimir ese «que» no le privaba de sentido a la oración, sino que, aunque fuera levemente, descargaba un tanto el escrito. Suprimo la letanía del «que» desde entonces.


III.2.- ¿Pongo dos puntos después del «SOLICITO» o no?

Pues la respuesta depende de cómo construyamos nuestra petición después de escribir ese «SOLICITO» (que, por cierto, se puede escribir todo en mayúsculas, según se vio en el punto I.2 de una entrada anterior).

Si tras el «SOLICITO» insertamos, en párrafo aparte, una lista en la que enumeramos lo que estamos pidiendo, se pueden usar los dos puntos, según la Ortografía de la RAE.

Si continuamos escribiendo seguidamente en el mismo párrafo, yo no encuentro  en la Ortografía justificación para poder usar los dos puntos, salvo que se incluyera un elemento anticipador. Además, creo que si se insertan los dos puntos en este caso, se estaría rompiendo la unidad sintáctica entre el verbo y su complemento directo.

Por lo tanto, las construcciones de estos dos ejemplos resultan correctas según la RAE:

SOLICITO:
1)      La anulación del acto.
2)      El reconocimiento del derecho a una indemnización.
SOLICITO que se dicte Sentencia en la que se estime el recurso, y en consecuencia:
1)      Se anule el acto.
2)      Se reconozca el derecho a una indemnización.

Y esta otra, creo, no hace un uso adecuado de los dos puntos:

SOLICITO: que se dicte Sentencia en la que se estime el recurso, y, en consecuencia, se anule el acto y se reconozca el derecho a una indemnización.

III.3.- Después de los dos puntos, ¿la palabra siguiente comienza en minúsculas o en mayúsculas?

La regla ortográfica general es que, tras los dos puntos, la siguiente palabra empieza en minúsculas.

Pero esta regla tiene varias excepciones que se dan en nuestro ámbito jurídico y en las que la RAE permite que la palabra que sigue tras los dos puntos se escriba con la inicial en mayúsculas.

Una excepción es cuando, tras los dos puntos de una enumeración en forma de lista, el texto explicativo que sigue continúa en la misma línea. Un ejemplo:

PRIMERO: El pasado día 20 de diciembre, DON YYY sufrió una caída cuando caminaba por la vía pública en....

Y otra es cuando se trata de esos verbos que vimos antes que se escriben enteramente en mayúsculas, la RAE . Por ejemplo:

DIGO:
Que se me ha notificado la Providencia por la que…

III.4.- ¿Cómo escribo la fecha del escrito?

Yo, entre los diferentes modelos reconocidos por la RAE, me inclino por utilizar el que es más habitual en nuestro ámbito, el llamado modelo de orden ascendente: día (en números arábigos), mes (con su nombre) y año (en números arábigos), separando cada uno de los elementos con la preposición «de». Así:

En Badajoz, a 31 de marzo de 2016.

Es importante tener en cuenta que el nombre del mes se escribe siempre en minúsculas; no es correcto poner la inicial en mayúsculas. Y también que no se deben separar los grupos de tres dígitos en el número del año, ya sea usando el punto, la coma o el espacio.


III.5.- En el pie de firma, ¿la abreviatura de Letrado es «Ltdo.» o «Ldo.»? ¿y la de Procurador?

Yo he venido usando una u otra, según me parecía, pero sin tener claro cuál era la correcta.

La Ortografía de la RAE incorpora como anexo una Lista de abreviaturas convencionales de uso general en españolSe reputan como «convencionales» por estar reconocidas y resultar empleadas comúnmente.

Pero, curiosamente, en esta lista figura «Ltdo.» como abreviatura de «limitado», y «Ldo.» de «licenciado». O sea ni una ni otra serían abreviaturas convencionales de uso general para Letrado, sino que corresponden a otras palabras. Para mi completa sorpresa (he de confesarlo), la lista solo recoge como abreviatura convencional la referente a «Abogado»: «Abg.; Abg.º (fem. Abg.ª)».

En la referida lista, tampoco parece abreviatura alguna para «Procurador».

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Contencioso-Administrativo, Escritos procesales

Lo que tiene de (puñeteramente) especial la forma de una demanda contencioso-administrativa


Esta entrada está especialmente dedicada tanto a alumnos del Máster de Abogacía como a Abogados que, ejerciendo habitualmente en otros órdenes jurisdiccionales, tienen sus primeros asuntos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La estructura de las demandas formuladas en el seno de un recurso contencioso-administrativo es igual que la de las demandas civiles. Así resulta de lo que establece, muy someramente, el art. 56.1 de la LJCA, unido a  la aplicación supletoria del art. 399 de la LEC:  identificación de las partes, hechos (separados y numerados), fundamentos de Derecho (con indicación de cuáles son procesales y cuáles sustantivos) y petición.

Este simple esquema y la supletoriedad de la LEC nos pueden hacer pensar, si no estamos familiarizados con esta jurisdicción, que hacer una demanda contenciosa es lo mismo, formalmente, que hacer una civil. Pero no, no es exactamente así. Porque resulta que la sistemática de la LJCA nos tiene preparadas unas pequeñas trampas, las cuales parecen puestas ahí de propósito para los letrados incautos. Se trata de determinados extremos específicos a los que resulta obligatorio hacer mención en la demanda. Salvo una, no son cuestiones demasiado relevantes, o pueden ser subsanadas. Pero es fácil pasarlas por alto si estamos acostumbrados a hacer solo demandas civiles o laborales.

A continuación, el catálogo (creo que completo) de esas pequeñas y puñeteras trampas agazapadas diseminadamente por el texto de la LJCA. Las expongo ordenadas de mayor a menor trascendencia procesal (por cierto, todos los extremos que cito deben hacerse constar mediante el oportuno otrosí, esa palabra talismán):

√  La petición del recibimiento del proceso a prueba y proposición de los medios de prueba (art. 60 LJCA). Hay que hacer constar ambas, tanto la petición como la proposición de los medios, aunque, claro está, separando una y otra. Por lo que respecta a la solicitud de apertura del trámite probatorio, se tiene que hacer expresando “de forma ordenada”, los “puntos de hecho” sobre los que debe versar la prueba. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia ha declarado que es correcto desestimar las solicitudes de trámite de prueba que carecen de concreción; por ejemplo las que se refieren como puntos de hecho objeto de prueba a “todos los extremos o todos los hechos de la demanda” (STS de 25-6-2008 y STS de 10-3-2009; Aranzadi RJ 2009\2146). No hay una regla específica sobre la forma de la proposición de pruebas, por lo que esta se hará conforme a las normas previstas en los procedimientos civiles: arts. 284 y concordantes de la LEC.

  La indicación de la cuantía del proceso (art. 40 LJCA). Se trata de expresar cuál es el parecer de la parte demandante acerca de la cuantía del proceso, para su posterior fijación por el Juzgado o Tribunal. Si omitimos la inclusión en nuestra demanda de este otrosí, seremos requeridos por el órgano judicial para indicar la cuantía que proponemos.

  La solicitud de vista o conclusiones (art. 62.2 LJCA). Es necesaria solo en el procedimiento ordinario, no en el abreviado. Afortunadamente, esta trampa nos permite una segunda oportunidad: si se nos olvida incluirla mediante otrosí en nuestra demanda, se puede solicitar posteriormente, en el plazo de cinco días desde la notificación de la diligencia de ordenación que declare concluso el periodo probatorio.

  La solicitud de que el pleito se falle sin necesidad de recibimiento a prueba, vista o conclusiones (párrafo tercero del art. 78.3 LJCA). Esto solo está previsto en los procedimientos abreviados, no en los ordinarios. Y resulta además facultativo para la parte demandante. Se trata de optar por la utilización de lo que se ha llamado el “procedimiento abreviado exprés” o “abreviadísimo”, que permite prescindir de la vista y pasar directamente, tras la contestación a la demanda, a dictar Sentencia. Obvio es que, si omitimos esta solicitud, la única consecuencia es que el procedimiento abreviado seguirá por sus trámites habituales.

Cuidado, pues, con estas trampas legales. Es preciso que las conozcamos bien para no apartarnos del buen y recto estilo en las demandas contencioso-administrativas.

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Dudas de escritura, Escritos procesales

Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (II)


Sigo aquí con la serie que inicié sobre esas dudas no importantes, pero insistentes.


II.1.- ¿”Artículo” o “art.”?

Esta abreviatura está incluida por la RAE dentro de su listado de abreviaturas convencionales más usuales en español, lo que da idea de la extensión de su uso y de su aceptación oficial. En todo caso, obviamente, su utilización no resulta obligatoria, por lo que tenemos que optar por una de las dos alternativas: palabra completa o abreviatura.

En esta cuestión, me inclino últimamente (aunque solo para escritos forenses, no para otro tipo de escritos jurídicos) por usar la abreviatura cuando después de la palabra “artículo” consigno el ordinal de dicho precepto. Por ejemplo: “art. 1” de tal o cual norma.

Pero no la uso cuando la palabra “artículo” no va seguida del correspondiente ordinal. Por ejemplo: “según viene establecido en el artículo antes transcrito”.

Creo que en el primer caso, lo relevante es el número del precepto, y eso permite abreviar. Mientras que en el segundo, me da la impresión de que si se usa la abreviatura se rompe el equilibrio de la oración, en la que solo figuran palabras.


II.2.- ¿Uso siglas para designar la ley?

Yo suelo aconsejar que, la primera vez que se mencione la ley, se haga por su denominación oficial completa, seguida de su sigla (si es que tiene alguna habitualmente utilizada) entre paréntesis y, a partir de ahí, usar únicamente la sigla. De esta manera no puede haber equívoco acerca de a qué norma nos referimos.

Pero creo que, en ocasiones, se puede prescindir incluso de esa primera referencia completa, porque ocurre que hay determinados nombres de leyes que ya prácticamente no se mencionan en los escritos del foro si no es denominándolas por su sigla. Pasa sobre todo con las leyes de procedimiento, porque son las más citadas en los escritos procesales: LEC, LECRIM, LJS, LJCA… Y también con alguna de las principales leyes sustantivas: CE, CP, CC. No tiene mucho sentido poner su nombre completo, aunque solo sea en la primera ocasión en que aparece, porque la sigla es de sobra conocida.

Un inciso: en este punto siempre me llamó la atención la uniformidad alemana (o su afán normalizador) aplicada también a sus siglas legislativas que allí están completamente estandarizadas (BGB, GG, etc.), hasta tal punto que hay numerosos libros en cuyo título ya figura la sigla de la ley.


II.3.-  Y, si uso sigla para el nombre de la ley, ¿digo “art. 1 de la LEC” o “art. 1 LEC”?

Me resisto, todavía, a prescindir de la preposición. Me parece que, si no la pongo, estoy escribiendo en estilo telegrama.

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Contencioso-Administrativo, Escritos procesales, Estilo de escritura

Cómo pedir eficazmente medidas cautelares (contencioso-administrativas)


Hace unas semanas participé en una mesa redonda sobre cuestiones procesales actuales del contencioso-administrativo, en la que tratamos el tema de las medidas cautelares. En mi intervención, intenté resaltar las dos ideas claves que, según mi experiencia, están presentes en las actuaciones de los abogados en esta materia. En primer lugar, que las medidas cautelares las tenemos que pedir contra el reloj, antes de que caiga sobre nosotros la espada de Damocles de la ejecución del acto recurrido; por eso, hay que solicitarlas cuanto antes mejor (en vía administrativa previa, incluso). Y en segundo lugar, que existe una incertidumbre bastante elevada sobre el resultado de nuestra petición, incertidumbre que deriva de la propia naturaleza de las medidas y de la redacción del precepto que las regula (art. 130 de la  LJCA), la cual está entreverada de conceptos jurídicos indeterminados.

Al hilo de lo expuesto en la mesa redonda, y espoleado por las opiniones de los Magistrados que me acompañaron, intentaré ofrecer en esta entrada (que tendrá por ello un sesgo más técnico de lo habitual) algunas pautas para procurar que nuestras solicitudes de medidas cautelares resulten más eficaces. En el bien entendido de que no se puede desterrar toda incertidumbre.

1.- En el escrito hay que centrarse en las concretas circunstancias de hecho concurrentes en nuestro caso. El art. 130 de la LJCA ordena al Juez, de manera reiterada, que en su resolución realice una “valoración circunstanciada” de todos los intereses en conflicto y, en su caso, una ponderación “en forma circunstanciada” de la posible perturbación grave de los intereses generales o de tercero. “Circunstanciada” significa que deben quedar explicadas de manera especialmente detallada las circunstancias existentes en el caso concreto.

2.- Además, tenemos que hacer un razonamiento de cómo se puede ver cercenado nuestro derecho si se sigue adelante con la ejecución del acto recurrido. Hay que hacer ver al Juez cómo las circunstancias de nuestro caso se subsumen en el concepto jurídico indeterminado previsto en el art. 130.1 de la LJCA para poder acordar la medida cautelar: que la ejecución del acto “pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso”. Y además, debe razonarse también que la adopción de la medida cautelar pedida no producirá “perturbación grave de los intereses generales o de tercero” (art. 130.2 de la LJCA), que es el otro concepto jurídico indeterminado, cuya concurrencia implicaría la imposibilidad de acordar la medida cautelar.

La dificultad añadida, en ambos casos, es que se trata de convencer de una hipótesis, de la probable producción de un acontecimiento en un futuro, como lo denotan claramente los tiempos verbales escogidos por el legislador (“pudieran hacer” y “pudiera seguirse”).

3.- Creo que no conviene insertar jurisprudencia genérica sobre las medidas cautelares, dado que lo relevante, según la LJCA, son las circunstancias del pleito en cuestión. En todo caso, podría ser útil mencionar alguna Sentencia anterior del Juzgado o TSJ en la que se hayan acordado medidas cautelares en un asunto similar.

4.- ¿Qué medidas pedir? Aunque lo habitual es pedir la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto recurrido, no hay un “númerus clausus” de las mismas. Por lo tanto, también es posible solicitar medidas positivas (por ejemplo, la admisión de un estudiante en un determinado centro escolar y curso), como se va concediendo cada vez más en la jurisprudencia (véase el post al respecto del blog de Chaves).

5.- Si prevemos que el Juzgado nos pudiera exigir, para la efectividad de la medida cautelar, la prestación de caución o garantía para responder de los posibles perjuicios (art. 133 de la LJCA), conviene incluir en nuestro escrito alguna mención a las circunstancias que supondrían la inexigibilidad de dicha caución o, subsidiariamente, la fijación de una cantidad que sea asequible para nuestro cliente. Y, por supuesto, reflejar esta petición en el suplico.

6.- Aunque la LJCA no lo menciona, hay que adjuntar al escrito la prueba documental y pedir la práctica de los otros medios de prueba necesarios para acreditar la concurrencia de las circunstancias que aleguemos (art. 732 de la LEC, aplicable supletoriamente).

7.- La solicitud de medidas cautelares se puede hacer bien mediante otrosí en el escrito de interposición y/o demanda o bien en un escrito aparte. Según mi experiencia, es preferible esto último, porque así el personal del Juzgado no tiene que andar haciendo el correspondiente desglose para formar la pieza separada de medidas cautelares.

Como se puede comprobar, en esta materia (como en casi todas) el estilo debe tender a procurar la mayor eficacia posible a nuestro escrito, aunque esto no nos pueda garantizar, máxime aquí, el éxito de nuestras pretensiones.

P.S.: Estas pautas siguen, en realidad, la máxima de la que hablé al principio de la andadura de este blog: el mejor formulario es la ley.

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Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (I)


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Creo necesario hacer una advertencia previa: esta es una entrada (o mejor, una serie de entradas) no apta más que para auténticos tiquismiquis y rastreadores insanos de los detalles más nimios. No soy responsable de que a alguien, con la lectura de estas líneas, le surjan dudas sobre lo que ya tenía claro de antemano. Lo he advertido. Es solo que, en mi caso, estas dudas vienen siendo recurrentes, y he escogido la vía de hacerlas públicas para intentar que también me desaparezcan (si es que esto fuera posible).


I.1.- ¿”Comparezco”, o no?

Solemos terminar el encabezamiento de las demandas, pero también el de todos los restantes escritos judiciales, con la fórmula de enlace “comparezco y DIGO“.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la tercera acepción de “comparecer”, referida precisamente al campo jurídico es la de “presentarse personalmente o por poder ante un órgano público, especialmente ante un juez o tribunal”. Por lo tanto, cada vez que el procurador (o el abogado) acuden a presentar un escrito en el Juzgado, estarían, en tal sentido, compareciendo ante el órgano judicial y resultaría correcto decirlo así.

No obstante, en estrictos términos de Derecho Procesal, a mí me cabe la duda de si ese “comparezco” puede usarse en otros escritos que no sean precisamente el primero que presentamos en ese pleito. La incertidumbre me surge por la un tanto ambigua nomenclatura usada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Se habla en la LEC de “comparecencia en juicio”, “comparecencia” (a secas) y “personación”, con significados ligeramente diferentes.

Porque se puede entender que “comparecer”, cuando se usa en los escritos, se refiere a realizar una “comparecencia en juicio”. Es decir, lo que para la Ley es hacerse parte en un concreto proceso judicial ante un determinado Juez o Tribunal (arts. 7 y 23 de la LEC). Algo muy similar a lo que se concebiría como “personación” (por ejemplo, art. 31.2.2º de la LEC). Por lo que, una vez  comparecidos o personados en el pleito con el primer escrito, somos ya parte en el mismo y no cabe volver a comparecer/personarse más veces en ese preciso proceso.

También se podría pensar que ese “comparezco” es expresivo de que estamos efectuando una “comparecencia”, sin más. Ese vocablo se usa así, a secas, en otros preceptos de la LEC (arts. 137, 138, 189 bis, etc.). La Ley lo menciona para referirse a los actos judiciales (por ejemplo, la vista del juicio, la audiencia de las partes sobre determinadas cuestiones, etc.) en los cuales se requiere la presencia en persona de las partes, o de sus representantes, en el Juzgado. Pero ocurre que tales comparecencias son actuaciones orales, sin presentación de escritos en ese momento.

Cabe, finalmente, otra consideración: si cortamos por lo sano y omitimos ese “comparezco”, ¿qué ocurre? Pues absolutamente nada en cuanto al significado del encabezamiento y a las consecuencias procesales. No sé si algo en cuanto al estilo. Desde luego, aligeramos de letras (aunque muy escasamente) el escrito. Pero puede parecernos un tanto abrupto pasar directamente al “DIGO” (¿o quizás es solo cuestión de acostumbrarnos?).


I.2.- ¿Puedo poner DIGO, HECHOS, SOLICITO todo en mayúsculas?

Tradicionalmente se ha venido haciendo así, aunque pareciera que se aparta de la regla ortográfica general, que es refractaria al abuso de las mayúsculas.

Pero lo cierto es que la Real Academia Española (RAE) lo admite expresamente, según su última Ortografía publicada. Dice la Academia que, “en textos jurídicos y administrativos“, se pueden escribir enteramente en mayúsculas “los verbos que expresan la finalidad del escrito o que introducen cada una de sus partes fundamentales, a fin de favorecer su rápida lectura: CERTIFICA, EXPONE, SOLICITA, CONSIDERANDO”.

Se permite, por tanto, en tales condiciones. Con la única finalidad de facilitar la visibilidad y lectura de estos textos. Cuando uno tiene que leer muchos escritos forenses, esto es verdaderamente algo que se agradece.


I.3.- ¿Me dirijo al Juzgado en primera persona del plural?

Esto es bastante común en las actuaciones orales, donde el abogado acostumbra a decir, por ejemplo, “nos oponemos a la demanda y solicitamos el recibimiento del pleito a prueba”, o “impugnamos expresamente ese documento”.

A mí, aunque normalmente también lo recito así en las vistas, esto no deja de rechinarme un tanto. Como habitualmente en las salas de audiencia nos encontramos solos los letrados, me da la impresión de que parece que estuviéramos hablando con un resabio de plural mayestático (al estilo del Papa). Aunque quizá se haga así como una manera de dar entender que el abogado, el procurador y su cliente forman un conjunto plural.

A veces, aunque cada vez más raramente, también se ve esto en los escritos. Pero en tales casos, yo no le encuentro el sentido (o a lo mejor, quien sabe, refleja el conjunto letrado/procurador). Será que yo bastante tengo con dudar entre “digo” y “dice” como para plantearme encima si uso o no el plural.

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Actuaciones judiciales

¿”DIGO” o “DICE”? Primera/tercera persona en escritos procesales


Tenía pensado escribir sobre este tema en una futura entrada sobre dudas tontas o menores que todavía se me presentan a la hora de redactar mis escritos procesales. Pero… esta concreta incertidumbre mía se fue ramificando y agrandando a medida que intentaba contestármela, con lo que vino a dar en esta especie de soliloquio cuasi hamletiano (aunque ni por asomo tan dramático, claro está).

¿Uso la primera o la tercera persona?

La duda ortográfica/sintáctica/gramatical es simple de resolver, creo: ambas son correctas. Se escoja usar una u otra persona, lo importante es mantener el uso de esa misma persona y la correspondiente concordancia gramatical entre sujeto, verbo y pronombres durante todo el escrito procesal (cuidado: ya vimos que esto es algo que, a veces, el uso del “copia y pega” palimpsesto nos puede impedir involuntariamente).

Otra cosa ya es la duda estilística. Duda que es coincidente con la que tiene cualquier escritor a la hora de empezar su novela: ¿cuál de las dos personas resulta más adecuada? A mí, como lector, me vienen gustando últimamente novelistas contemporáneos que tienden a usar el narrador-protagonista o el monólogo interior, y, por consiguiente, la primera persona: Javier Marías, Javier Cercas… O antes de ellos, de manera magistral, Julio Cortázar. Parece más o menos claro que la evolución en la novela ha ido hacia el mayor uso de la narrativa en primera persona, frente a la ya más clásica tercera persona de las grandes novelas del pasado.

Quizá por ello hay en la red numerosos consejos para los escritores noveles acerca de los  inconvenientes y ventajas que tiene escribir la novela en primera persona. O los de hacerlo en tercera persona.

Pero como en el foro no debemos hacer literatura (ni novela, ni ensayo, ni mucho menos poesía o drama), creo que en nuestro caso habría que plantear este interrogante desde un punto de vista distintivo: desde la perspectiva de la búsqueda de la eficacia. La pregunta pertinente, pues, sería: ¿Qué efecto puede tener una u otra elección a la hora de persuadir a nuestro lector, el Juez?

(Claro que, antes de contestar, quizás habría que hacer un inciso, realmente utópico: lo ideal sería conocer de antemano qué Juez lo va a leer y cómo lo prefiere, y así tendríamos la solución más apropiada al dilema).

Hay, por lo tanto, un importante componente psicológico. Hablar en primera persona supone una afirmación del yo, denotar claramente que somos parte en el pleito y que sostenemos una postura que defendemos sin ambages como la nuestra. Además, y esto es algo que le cuadra más a mi manera de ser, con ello se busca convencer en la cercanía, no en la distancia. Parece también más actual, más moderno (así lo defiende, por ejemplo, Javier Badía en su estupenda bitácora en pro de la claridad en el lenguaje administrativo). Y más sincero.

Por contra, usar la tercera persona resulta más impersonal. Se diría que quien se expresa es un narrador imparcial, que no es parte en el pleito (cuando sí lo es). Parece transmitir engreimiento o superioridad, como en aquel Julio César de los cómics de Asterix, caracterizado por hablar de sí mismo en tercer persona. Suena ya anticuado. De hecho, la mayor parte de los formularios actuales de las bases de datos jurídicas punteras usan la primera persona.

Aunque, finalmente, es posible que todo esto no sean más que elucubraciones sin mucho sentido. Porque, en nuestro caso, en realidad siempre es tercera persona: nuestro escrito, a pesar de que lo redactamos de cabo a rabo los/las abogados/as, lo encabeza el/la procurador/a, y es él/ella quien va relatando, quien es el/la narrador/a. Así que hay una doble mentira latente en todo escrito procesal de parte: el/la procurador/a no dice, sino que relata por escrito; y tampoco escribe, solo firma. Escribimos por persona interpuesta, pues. Y, de esta manera, somos siempre una especie de “negros”, no con estilo literario, pero sí en el sentido literario del término.

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