El estilo y sus manuales (I): una panorámica general

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La palabra estilo, tan cara a este blog, la empleamos aquí en sus dos acepciones principales referidas a la escritura. El estilo es escribir bien. Pero también es hacerlo a nuestra personal manera.

El aprendizaje de la correcta redacción procesal, y la consiguiente adquisición de nuestro propio estilo jurídico, es andadura larga, posiblemente de toda nuestra vida profesional. Para ayudarnos en este proceso, tenemos a nuestra disposición, al menos, tres diferentes recursos.

Un primer recurso son los formularios, recopilaciones de modelos de escritos procesales. Muy útiles cuando uno está empezando para conocer cuál debe ser la configuración y el contenido de nuestros escritos. Formularios tienen todas las bases de datos jurídicas de pago. Y también podemos encontrarlos gratuitos. Aunque, como ya se ha dicho en este blog, es posible que no exista mejor formulario que la ley.

Tenemos también los escritos reales presentados ante los tribunales por otros abogados. Es una muy buena forma de descubrir cómo se resuelven problemas prácticos de redacción en un caso concreto. Nos van a ayudar también, mucho mejor que los abstractos formularios, a conocer las maneras específicas de argumentar por escrito. Y asimismo nos sirven para comprobar la existencia de diferentes estilos de escritura, lo que nos permitirá ir amoldando el nuestro al que nos resulte más apropiado. Están ahora disponibles en la red algunos repositorios de pago, como este de Casos Reales de Economist & Jurist. Pero tampoco es complicado encontrar escritos reales que están a nuestra disposición gratuitamente, sobre todo los de los casos relevantes con más repercusión en los medios de comunicación. Algunos ejemplos recientes de esto son los escritos de defensa en el caso del Procés o el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

Y por último, están los manuales de estilo.

¿Se puede aprender a escribir bien, estilosamente, con un libro de estilo? Pues claro que sí. Porque estos materiales, a diferencia de los formularios y de los escritos reales, se centran en la correcta técnica de redacción. Sirven también como libros de consulta para la resolución de dudas de escritura. E, incluso los que no están puramente enfocados a la redacción jurídica, nos van a proporcionar consejos útiles para enfocar mejor nuestros escritos.

A los manuales de estilo les vamos a dedicar esta entrada y la siguiente. Empezaremos por presentar, brevemente, algunos manuales dedicados al estilo de escritura no específicamente jurídica.

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1) Manual de estilo de la lengua española, de José Martínez de Sousa

Se trata de una obra de referencia para escritores, editoriales, traductores y correctores. Martínez de Sousa distingue entre los libros de estilo, cuyo objetivo es unificar criterios en el uso de la lengua (por lo que se utilizan sobre todo en periódicos y agencias de prensa) y los manuales de estilo, enfocados hacia las editoriales, y que, por eso, incluyen otros elementos adicionales a los de los libros de estilo, como son los códigos tipográficos. Por tanto, su “Manual”, además de incluir cuestiones de escritura, está más orientado a la edición de libros. Y probablemente sea el más completo de los existentes.

Tiene dos grandes partes. En la primera, dedicada al “trabajo intelectual”, incluye apartados sobre el trabajo documental previo, la escritura, la ortotipografía, y la bibliología. La segunda es la parte de consulta, un extenso “diccionario de materias” en el que presenta alfabéticamente todas las cuestiones referentes al estilo, entre ellas, por ejemplo, las locuciones latinas aceptadas en español o los tratamientos.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

• La descripción de los problemas de redacción que hay que evitar y las maneras de solucionarlos: ambigüedad, vaguedad, anacolutos, anfibología u oscuridad, empobrecimiento…(capitulo 7 del apartado 2, páginas 118 a 131 de la edición que yo he manejado, que es la 2ª ed., de 2003).
• Todo lo referente a la ortotipografía (apartado 3, páginas 133 a 154).

“El buen escritor procura enriquecer su léxico y aplicarlo con propiedad”

Página 119.

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2) Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, de la Real Academia Española (RAE)

La RAE define el estilo como la “manera de escribir o de hablar”. Y ese estilo lo muestra aquí conforme a la “norma panhispánica”, es decir, con “reconocimiento de las variedades lingüísticas de cada región que se integran en la armonía de la unidad”.

El Libro de estilo se ocupa de las dudas en relación con la Gramática, la Fonética y la Ortografía. Y de las variaciones que se han producido desde la publicación de estas obras oficiales de la RAE hasta el momento de publicación del Libro (2018). Trata de aquellas partes donde hay dudas más frecuentes. Por eso, actúa como una especie de compendio o resumen de las reglas gramaticales, fonéticas y ortográficas oficiales que más problemas de interpretación han venido presentando. Nos conviene tenerlo como breviario o libro de dudas usual.

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso?:

• Las cuestiones de ortotipografía (páginas 149 a 209). La RAE define la ortotipografía como “el conjunto de usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos”. Se trata de la ortotipografía normativa oficial.
• El apartado dedicado a la elocución (“buena manera de hablar”), donde se analizan los factores implicados en dicha técnica: velocidad de habla, pausas, intensidad, acento, ritmo y entonación (páginas 223-267). Son habilidades fundamentales para la oratoria, pero que también conviene tener en cuenta en nuestros escritos, en aquello que sea aplicable.
• Para blogueros: los apartados sobre “Indicaciones generales para la comunicación digital” (páginas 271 a 279) e “Indicaciones particulares para distintos canales” (páginas 297 a 310).
• La lista de abreviaturas (páginas 484 a 496).

“Ortega y Gasset enseñaría […] que para regenerar este país caído, antes que una educación política, era necesaria como base indispensable una educación de la sensibilidad, y que esta solo se logra con el cuidado de la palabra”.

Página 17.

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3) Manual de escritura académica y profesional, dirigido por Estrella Montolío

Es un manual destinado a universitarios y profesionales en general, elaborado por profesores universitarios y expertos dirigidos por una de las grandes especialistas españolas en lenguaje y estrategias de comunicación, la Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío.

En el Volumen I se tratan las “estrategias gramaticales” (ortografía, léxico…). El Volumen II está dedicado a las “estrategias discursivas”, dirigidas a la construcción de los textos. Uno de sus puntos fuertes es la abundancia de tablas, ejemplos y ejercicios prácticos (muchos de ellos incluyen sus correspondientes soluciones).

¿Qué puede aprovechar especialmente de él el jurista estiloso? (Volumen II):

• El capítulo dedicado a los conectores esas expresiones que van guiando el discurso mediante la plasmación de la relación existente entre los fragmentos del mismo (páginas 11 a 92). Su conocimiento y correcto uso es fundamental en los escritos procesales, que deben articularse como un discurso claro. Está escrito por Estrella Montolío.
• El capítulo sobre las estrategias para la construcción de textos expositivos (páginas 123 a 186), que nos vendrá muy bien para las demandas. Escrito por Irene Yúfera.
• Argumentar por escrito, por José Portolés (páginas 233 a 284). Imprescindible para conocer cómo plasmar la lógica en nuestros escritos.
• La revisión (páginas 359 a 390). Para realizar la revisión de nuestros escritos puede sernos especialmente útil la lista de comprobación que se incluye en este apartado. Escrito por Mar Garachana.

“Una clasificación de textos ya tradicional diferencia entre: texto narrativo -cuenta una sucesión de acontecimientos-, texto descriptivo -fotografía con palabras-, texto expositivo -explica a quien no sabe- , texto instruccional -indica cómo hacer algo- y texto argumentativo -busca convencer de una tesis-.”

Vol II, página 251. (José Portolés)

Abogado, traductor

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Los abogados somos traductores, de eso no debería caber duda alguna. Unos traductores permanentes, siempre en constante ejercicio de nuestro arte traslatorio. Y muy especiales: una parte importante de nuestro trabajo consiste en traducir del lenguaje jurídico al lenguaje usual comprensible por nuestros clientes.

Pero también lo somos, y esto es algo que se suele olvidar, en el sentido inverso. Quiero decir: los abogados estamos obligados a entender el lenguaje usual de los clientes, para luego trasladarlo al jurídico, y así conseguir armar nuestro caso y explicarlo ante los tribunales.

Lo más peculiar de este entendimiento del lenguaje común (para su posterior traslación al lenguaje jurídico) es que resulta objeto de un aprendizaje singular. Porque no puede tratarse de un aprendizaje reglado ni impartido en la Universidad, sino que tiene que ser, forzosamente, vivido. Si la Universidad es, sobre todo, enseñanza del lenguaje jurídico, ese otro lenguaje popular, aunque aplicado a los problemas jurídicos, no tiene cabida allí. Hay que aprenderlo en otro lugar y por uno mismo.

Lo cual me lleva a recordar mis inicios en la profesión, recién salido de la Facultad, cuando comenzaba como abogado de agricultores en la Extremadura rural de comienzos de los años 90 del pasado siglo. Entonces, como todo abogado novel, tuve que aprender a descifrar el vocabulario especial (casi una jerga pseudojurídica) de quienes eran mis primeros clientes. Es claro que sin comprender cabalmente lo que nos dicen los clientes no se puede ejercer la abogacía.

Si he mencionado antes el contexto social y temporal es porque el mismo es determinante de cómo las gentes usan su propio léxico “jurídico” adaptado, a su modo y manera, a sus circunstancias. En este caso, al nivel de estudios de la clientela, que solían ser primarios, se unían las reminiscencias de instituciones jurídicas del régimen anterior.

Así, cuando alguien venía quejándose de que no le habían ingresado la “paga del 18 de julio”, se refería a la paga extraordinaria de verano. Cobrar “los puntos” era cobrar la prestación familiar de Seguridad Social por hijo a cargo. El “sello grande” y el “sello pequeño” eran los nombres usuales de las cotizaciones al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, por cuenta propia y por cuenta ajena, respectivamente.

La prestación contributiva por desempleo era “el sindicato” (aún hoy barajo varias teorías para explicar el origen de tan peculiar denominación, sin que haya llegado a una conclusión definitiva). Y quien cobraba la “prórroga” estaba cobrando el subsidio por desempleo.

Muchos querían que la “media paga” (Invalidez Permanente Total) que venían cobrando, en cantidades misérrimas, se convirtiera en la “paga entera” (Invalidez Permanente Absoluta).

Y si a uno le habían “despropiado”, era que había sufrido una expropiación forzosa de sus bienes. Cuya titularidad muchas veces sólo podía acreditarse con los “recibos de la contribución” (justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles)…

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No fue este un aprendizaje difícil. Tan sólo había que averiguar qué querían decir los clientes. Para ello bastaba, la mayoría de las veces, con preguntarles delicadamente a ellos, pidiendo disculpas por mi ignorancia (o, en ocasiones, intentando disimularla).

Y así fue uno haciéndose al oficio de abogado. Y en consonancia, al de traductor. En todos sus sentidos.

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La titulación de las normas (y II): estilo

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Alumbrar la denominación que ha de tener el título de una norma, y acertar a hacerlo con elegancia y precisión, es todo un arte. Ahí tenemos, cual faros, algunas de las leyes más conocidas de nuestro pasado. Con sus títulos, ya clásicos, bien sonoros y breves, pero plenamente expresivos, a simple vista, de su contenido: Código Civil, Código Penal, Código de Comercio. O, ya con títulos un poco más largos, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contratos del Estado.

En esta entrada veremos el estilo a seguir en la elección del título o denominación de las normas jurídicas. Se trata de la última entrada de una serie en la que hemos ido tratando todos los aspectos presentes en la denominación oficial de las normas: la manera de designar el tipo de norma, la configuración de su numeración y fecha y la ortografía a seguir en su titulación. Una buena parte de las ideas que se vierten aquí me las ha sugerido la lectura del artículo «Título de las leyes y homogeneidad» de José Luis Martín Moreno.

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La titulación, según las Directrices de técnica normativa

Empezamos por analizar cómo se enfoca este tema en las vigentes Directrices de técnica normativa, esa especie de manual de estilo para todos los legisladores. Las Directrices tratan la cuestión de la elección de los títulos de las normas en su apartado I.b.7), bajo el epígrafe de «nominación».

El objetivo que debe perseguir la denominación de la ley es doble. En primer lugar, el título de la norma debe «permitir identificarla», es decir, que se pueda diferenciar nítidamente de cualquier otra ya existente, sin dar lugar a equívocos. Y en segundo lugar, tiene que «describir su contenido esencial», de tal manera que la simple lectura del título nos permita hacernos una idea lo más precisa posible de su contenido específico; se busca aquí tanto la expresividad del título como la singularización de la materia.

Para conseguir ese doble objetivo, las Directrices recomiendan que la redacción del nombre sea «clara y concisa». Mientras más corto, y al mismo tiempo completo y exacto, mejor. Hay que despojar al título de adjetivaciones superfluas.

Además, las Directrices vetan la inclusión en el título de «descripciones propias de la parte dispositiva». Es decir, se trata de dejar para el texto de la norma lo que es propio de esa parte, y no del título.

Aunque es lo cierto que a veces se sigue encontrando uno con títulos de leyes muy cortos y verdaderamente descriptivos, al estilo clásico de antaño (Ley Concursal, Ley del Cine, Ley de Caza), esto ha dejado ya de ser ya lo habitual, como se verá a continuación.

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Algunos problemas de estilo que plantea la titulación de las normas en la actualidad 

Con los mimbres antes descritos, titular leyes hoy es labor ardua. Creo que las dificultades actuales provienen, esencialmente, de la conflictiva confluencia de dos vectores enfrentados: la necesidad de alcanzar la mayor seguridad jurídica posible, frente a la búsqueda, al mismo tiempo, de la claridad y la concisión. A continuación se exponen, muy sucintamente, cuáles son algunos de los problemas concretos planteados.

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Las normas que modifican otras anteriores

Esta dificultad viene dada por algo que está prescrito en las propias Directrices de técnica normativa. Y es que. según dichas Directrices, en caso de tratarse de una disposición modificativa, el nombre «deberá indicarlo explícitamente, citando el título completo de la disposición modificada». Así, las únicas leyes con una denominación original serán las primeras dictadas en una materia, o las que las sustituyen por completo. Todas las que se limitan a modificar parcialmente las anteriores suelen limitar su denominación a «Ley por la que se modifica la Ley…».

He aquí un buen ejemplo de esto, en el que se pueden apreciar los problemas que se originan: la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. O mejor dicho, las Leyes Orgánicas que modifican, porque ha habido más de diez normas con este mismo título desde 1985. Es verdad que con estas denominaciones se identifica claramente la ley objeto de modificación. Pero se presta a confusión la identificación de la ley modificadora. Y, sobre todo, dicho título nada nos indica sobre el otro objetivo que tiene la denominación de las leyes: la descripción de su contenido material. Esta carencia se ha paliado por el legislador, en ocasiones, indicando adicionalmente en el título cuál era el principal objetivo de la reforma; así: Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, o Ley Orgánica de reforma del Consejo General del poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

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Las leyes de contenido heterogéneo

Una de las peculiaridades de la técnica legislativa de un tiempo a esta parte es la existencia de textos normativos que, bien por el apresuramiento del legislador (cuando no, directamente, por su mala fe), bien por imperativo de la transposición de normas comunitarias, tienen un contenido notablemente heterogéneo, imposible de reducir a una unidad. Muchos recordamos el caso de la llamada «Ley ómnibus», aprobada para transponer (parcialmente) la Directiva Bolkestein, que supuso la modificación de más de 100 normas estatales y autonómicas.

Ante esta realidad, ¿cómo buscar en tales ocasiones la necesaria congruencia entre el título y el contenido de la disposición? Puede haber diferentes estrategias.

Una es indicar, de manera separada por comas, cada una de las diferentes materias de la ley. Siempre que esto sea posible sin hacer interminable o inentiligible el título, claro. Un ejemplo: la Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

Otra estrategia diferente es usar un título tan vago que en él pueda caber de todo, al estilo de un cajón de sastre. Como ejemplo acabado de esto, un clásico que se repite todos los años: la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado).

Y también está el remedio de acudir a nombrar aquello por lo cual se hace obligado dictar la norma heterogénea. Como en el caso de la ya citada «Ley ómnibus», que se tituló Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

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Las normas de transposición del Derecho de la Unión Europea

Las Directivas de la Unión Europea requieren (salvo contadas excepciones) su incorporación a nuestro Derecho interno mediante la aprobación de la correspondiente norma jurídica de transposición. En todas las Directivas se incluye expresamente la obligación del Estado miembro de hacer referencia, en la norma de transposición, a la Directiva que es objeto de incorporación. No obstante, la forma en que se plasma dicha referencia es algo que corresponde establecer a cada Estado miembro.

En el caso de España, las Directrices de técnica normativa prevén que la mención a la Directiva transpuesta se haga en una de las Disposiciones Finales de la norma con la siguiente fórmula:  «Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva….».

Pese a ello, en bastantes ocasiones el legislador lleva la referencia a la Directiva transpuesta al propio título de la norma, lo que lo hace más farragoso. Un ejemplo reciente es la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Como es lógico, las gentes del Derecho, en la práctica diaria, han prescindido de la parte del título que se refiere a las Directivas.

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Hasta aquí el atento lector habrá podido comprobar que titular normas es un arte, sí. Y, como en casi todo arte, nuestra mejor referencia debiera ser lo clásico.

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La titulación de las normas (I): ortografía

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Si el lector de estas líneas se desenvuelve en el ámbito del Derecho, posiblemente se habrá encontrado, en algunas ocasiones, con pequeñas dudas sobre la manera correcta y exacta de escribir el nombre de una norma jurídica. Para seguir intentando despejar esas dudas, en esta entrada continuamos con el análisis de cómo se lleva a cabo, en España, la denominación oficial de las normas jurídicas.

Recordemos que ese nombre oficial se plasma, desde 1959, así:

tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma

O sea, en un ejemplo reciente:

Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos

Ya vimos en entradas anteriores la manera de designar el tipo de norma y la configuración de su numeración y fecha. Toca ahora, por tanto, ver el postrero de esos componentes: el título. Comenzaremos, en esta primera entrada dedicada al título, por tratar la cuestión de su ortografía.

Pero antes de entrar en el meollo del asunto, recordemos algunas reglas de ortografía referentes a los anteriores componentes. Así: el tipo de norma se escribe con mayúsculas iniciales (en todas sus palabras); la numeración, la fecha y el título se separan mediante comas; y en la fecha se expresa el número del día en cifra y con letra (siempre con minúscula inicial) el nombre del mes.

Pasamos ahora a los dos problemas que puede plantear la ortografía del título de la norma, que son la puntuación y, sobre todo, el uso de las mayúsculas.

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Puntuación

No he encontrado ninguna norma específica referida a la puntuación de los títulos de las normas jurídicas en la actual Ortografía de la Real Academia Española (RAE), por lo que entiendo que se deben seguir las normas generales sobre el uso de los signos de puntuación. Dado que el título pretende ser una expresión sintética que, en una frase, indique el contenido de la norma, si se usan signos de puntuación estos serán, generalmente, sólo comas.

Un ejemplo de norma en cuyo título se emplean comas, en este caso para enunciar los miembros de una coordinación copulativa, es este: la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

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Uso de mayúsculas

En esta cuestión conviven dos preceptivas diferentes. Por un lado, la ya mencionada Ortografía de la RAE. Y por otro lado, las Directrices de técnica normativa (aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005); estas Directrices son una herramienta con la que se pretende “elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayudar a utilizar un lenguaje correcto”.

Ocurre que, como se mostrará a continuación, parece haber una cierta discordancia entre lo que preceptúan las normas de la ortografía y lo que señalan los usos establecidos de técnica normativa.

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A) Según la Ortografía académica

Ya se vio en otra entrada de este blog que la Ortografía oficial es reacia a la extensión del uso de las mayúsculas. Aun así, la actual Ortografía de la RAE contiene dos reglas específicas sobre el uso de las mayúsculas en la titulación oficial de las leyes en español. Me llama la atención que, quién sabe si imbuidos de la doctrina jurídica alemana, nuestros académicos incrustan en estas reglas lo que a todos luces podríamos considerar dos conceptos jurídicos indeterminados. Las reglas académicas son las siguientes:

1.- Se escriben con mayúscula inicial “todas las palabras significativas del título” de los textos legales.

El problema estriba en saber cuáles son, en cada caso concreto, esas “palabras significativas”.

Podría pensarse que lo son todos los sustantivos presentes en el título, y tan sólo los sustantivos, excluyéndose al resto de categorías gramaticales (artículos, pronombres, verbos, conjunciones, etc.). Pero el caso, es que en ocasiones también aparecen en mayúsculas los adjetivos. Precisamente, el ejemplo mencionado en este punto en la Ortografía de la RAE es la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, la cual, como se aprecia, lleva en mayúsculas todos sus sustantivos y adjetivos.

También cabría entender que son “palabras significativas” del título aquellas (ya sean sustantivos o adjetivos) que permiten una más rápida identificación y comprensión del contenido, las palabras denotativas del núcleo de lo que se regula.

2.- No obstante lo anterior, “cuando el título de una ley es muy largo, la mayúscula se aplica sólo al primer elemento, y se delimita la extensión mediante la cursiva o las comillas”.

Nuevamente, se introduce una noción no del todo precisa: la extensión “muy larga” del título. Para orientarnos mejor, el ejemplo que ofrece la Ortografía de la RAE de esto es la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

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B) Según las Directrices de técnica normativa

Las Directrices de técnica normativa  tratan la cuestión del uso de las mayúsculas en los títulos de las normas en su Anexo V.

Al igual que la Ortografía de la RAE, las Directrices también parten del principio general de que el uso de las mayúsculas debe restringirse lo máximo posible, por lo que proponen “que los títulos de las distintas disposiciones se escriban en minúscula”. Pero aun así, admiten tres excepciones en las que se pueden usar las mayúsculas, si se dan estas circunstancias:

1.ª Que el título sea de extensión breve. Se pone como ejemplo la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2.ª Que la norma realice una “regulación completa de la materia”, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3.ª Que la norma regule órganos constitucionales y “grandes referentes legislativos del ordenamiento”. Ejemplos de ello serían, según las propias Directrices, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General.

Como se ve, las dos últimas excepciones al uso de las minúsculas tienen un neto cariz jurídico, de teoría general de las fuentes, que contrasta con los enunciados de las normas de la Ortografía de la RAE.

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El lector atento de esta entrada habrá percibido ya que los títulos de las Leyes publicadas no siguen siempre las leyes de la Ortografía oficial. Fíjese, si no en la primera de las normas citadas aquí, la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. De extensión en modo alguno larga y con “palabras significativas”, pero en minúsculas.

Sí, persiste una cierta incertidumbre.

P.S. Curiosamente, como se puede ver en la foto de portada, parece que esto no supone problema alguno en la República Federal de Alemania. En el país que fue la cuna de la doctrina de los actos jurídicos indeterminados, la cuestión estaría resuelta taxativamente en el propio idioma alemán: la regla ortográfica general es que todos los sustantivos van en mayúsculas. Unido al extendido uso de las palabras compuestas en la lengua germana, asunto arreglado.

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Recurso / Reclamación

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A menudo confundidos o asimilados en el lenguaje usual, recurso y reclamación son términos que tienen un significado preciso, y diferenciado, en el lenguaje jurídico. En esta entrada intentaremos desentrañar cuáles son las diferencias entre uno y otro, e indicar cómo se usan tales términos correctamente. El análisis se centrará en el ámbito, fundamentalmente, del Derecho Administrativo.

Desde una perspectiva global, recurso y reclamación son dos formas diferentes que reviste la impugnación de los actos jurídicos de la Administración Pública. Se trata, en ambos casos, de medios de impugnación, a través de los cuales se pretende obtener, con fundamento en Derecho, la revocación de una decisión tomada previamente. Pero al lado de la impugnación tenemos la queja, con la cual no se pretende revocar una decisión, sino expresar un malestar ante una actuación que, incluso aunque hubiera podido ser legal, ha producido molestias en el interesado (algo similar a eso que en lenguaje vulgar se da en llamar el “derecho al pataleo”). Las quejas quedan fuera de esta entrada.

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¿Qué es un recurso (administrativo)?

Siempre me ha parecido insuperable la definición de recurso administrativo que hace García de Enterría en su Curso de Derecho Administrativo: el acto del administrado mediante el que éste pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto administrativo, en virtud de un título jurídico específico.

Pero hay que tener cuidado con la terminología, porque no existe el término jurídico “recurso” a secas, ni tampoco un recurso que se denomine simplemente “recurso administrativo”. El vocablo recurso va siempre acompañado de un “apellido” que indica el tipo de recurso administrativo del que se trata. Así, muy brevemente, tenemos: recurso de alzada, ante el superior jerárquico de quien dictó el acto recurrido; recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano; recurso extraordinario de revisión, contra actos administrativos firmes y sólo en muy concretos supuestos; recurso especial en materia de contratación, contra determinados actos dictados en el procedimiento de adjudicación de contratos del Sector Público.

Aunque no son recursos administrativos, también se les denomina recursos, y responden a la misma esencia impugnatoria (pero en este caso de resoluciones judiciales), a los recursos que se pueden plantear en el seno de los procedimientos judiciales: recursos de apelación, suplicación, súplica, casación, reforma… Incluso hay alguno con nombre coincidente con el de recursos administrativos: recurso de reposición y recurso extraordinario de revisión.

Es muy peculiar el caso del recurso contencioso-administrativo. Porque, a pesar de su denominación, dicho término no designa ni a un recurso administrativo ni a un recurso contra una decisión de los Juzgados y Tribunales, sino que se nombra así al ejercicio de una acción judicial. Su particular denominación responde a que, a diferencia de otras formas de iniciar procedimientos judiciales (como la demanda civil o la querella), aquí se parte de una decisión previa de la Administración; hay un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, el cual se impugna mediante la interposición del recurso, pero ya ante los Jueces y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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¿Y qué es una reclamación?

Ya dije al principio que la reclamación es otro medio de impugnación. Por lo tanto, comparte la misma naturaleza sustancial del recurso: la solicitud a la Administración de la revocación de una actuación, invocando razones jurídicas.

¿Dónde están entonces sus diferencias con los recursos? Pues, más allá de la denominación, no resultan a veces fáciles de detectar. Y es que normalmente tales diferencias se encuentran en pequeños matices que, además, varían según la clase de reclamación de que se trate. Vamos ahora a ver cuáles son.

Reclamación

Aquí sí existe la “reclamación” a secas, sin apellido. Estas reclamaciones se prevén en ciertas normas reguladoras de determinados procedimientos administrativos, especialmente procedimientos selectivos de personal. La reclamación se presenta contra actos administrativos de trámite o resoluciones provisionales, a fin de depurar eventuales errores o defectos antes de terminar el procedimiento administrativo; una vez resuelta la reclamación, cabrá interponer los recursos administrativos procedentes. Ejemplos de esto son las reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos en una oposición. O la reclamación que formulan los estudiantes universitarios contra la calificación de un asignatura, como paso previo para poder presentar posteriormente recurso de alzada o de reposición si dicha calificación es confirmada.

Reclamación económico-administrativa

Las diferencias con los recursos administrativos estriban, básicamente, en su materia y en el procedimiento a seguir.

Las reclamaciones económico-administrativas están previstas como medios de impugnación específicos de los actos administrativos de naturaleza tributaria y de los actos de recaudación de todo tipo de ingresos públicos. En estas materias se excluyen los recursos administrativos antes descritos.

Además tienen un procedimiento propio previsto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa (aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de mayo). Una característica de este procedimiento es que cabe interponer, antes de la reclamación, un recurso de reposición de los previstos en materia tributaria. Otra característica esencial es que resulta obligatorio presentar la reclamación económico-administrativa, y agotar dicha vía, antes de poder iniciar la vía judicial contencioso-administrativa.

Reclamación previa a la vía judicial social

Aunque ya han desaparecido las reclamaciones previas a la vía judicial con carácter general, aún persisten tales reclamaciones en materia de prestaciones de Seguridad Social (art. 71 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La principal diferencia de las reclamaciones previas con los recursos administrativos está en que los actos objeto de estas reclamaciones previas son actos de la Administración, pero no son actos administrativos, sino que están sujetos al Derecho Laboral; y, en consonancia con ello, la acción judicial posterior a la resolución de la reclamación previa debe dirigirse a la jurisdicción social.

“Reclamación” de responsabilidad patrimonial de la Administración

En la Ley de 20 de julio de 1957 sobre régimen jurídico de la Administración del Estado se establecía que los particulares que pretendieran el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración debían presentar una “reclamación de indemnización”. Puesto que, en puridad, no se trata una impugnación de la actuación administrativa, en la actualidad (y desde la Ley 30/1992), esto se considera por la Ley, acertadamente, como la “solicitud de iniciación” del procedimiento de responsabilidad patrimonial (artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). No obstante, bien sea por la inercia de la legislación anterior, o bien porque la ley actual también habla del “derecho a reclamar” de los particulares, todavía nos podemos encontrar con que se use el término “reclamación de responsabilidad patrimonial”.

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Espero, paciente lector, que si ha llegado hasta aquí, sepa bien ya si debe recurrir o reclamar. Pero si aún persistiera la duda, impugne. Eso sí, siempre con estilo.

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Cómo citar Sentencias (I): Sentencias de Tribunales españoles

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Recuerdo con especial cariño un estupendo manual de Derecho que utilizamos durante la carrera y que he seguido usando a menudo posteriormente. Era, y es, un manual de referencia en la materia, por su profundidad, visión global y análisis de cada institución jurídica.

Pero a mí había algo que me llamaba la atención, sobre todo cuando empezaba a ejercer y quería echar mano del manual para preparar los pleitos. Y era la forma tan etérea que tenía ese buenísimo manual de citar las Sentencias que mencionaba. Así, por ejemplo, decía: “Según algunas Sentencias como las de 25 de enero de 1982, 22 de diciembre de 1997, 17 de febrero de 1998, etc.”. Entonces, uno intentaba buscar, pongamos por caso, esa Sentencia de 22 de diciembre de 1997. Ocurre que, suponiendo que la Sentencia citada fuera del Tribunal Supremo (cosa que tampoco se especificaba en el manual), tras la búsqueda resultaba que el 22 de diciembre de 1997 el Tribunal Supremo dictó al menos ¡71 Sentencias! Uno tenía entonces que armarse de paciencia para llegar, si es que llegaba, a la que suponía que era la Sentencia citada.

Evidentemente, no podemos hacer esto en nuestros escritos procesales, que se guían, ante todo, por la eficacia en la comunicación. En el foro, cuando queremos referirnos a una Sentencia determinada tenemos que hacerlo con toda precisión. Y además, facilitando lo más posible que el Juez pueda llegar a esa Sentencia.

Ocurre que, en España, las Sentencias no se conocen por el nombre del caso o de los litigantes; salvo contadísimas excepciones, como la del caso Gürtel, o la del caso RUMASA o la del Estatuto de Cataluña. Es más, no hay establecido (al menos que yo conozca) un sistema estandarizado y usual de realizar la cita de las Sentencias de nuestros Tribunales.

Por eso, el tema de esta entrada es cómo puede indicarse la referencia correcta de las Sentencias que citamos en los escritos procesales. Es una entrada enfocada a la práctica forense; en otros ámbitos, como el de la confección de trabajos académicos, se pueden encontrar diversas guías muy útiles para citar Sentencias, elaboradas por algunas universidades, como la de la Universidad Autónoma de Madrid, la de la Universidad de Alcalá de Henares, o el video tutorial de la UNED.

Quede claro que no pretendo aquí sentar cátedra o elaborar unas normas de estilo. Nada de eso. Intentaré, sencillamente, exponer qué problemas sobre esta cuestión me he ido encontrando a lo largo de mis años de práctica profesional y explicar qué es lo que yo hago actualmente. Es un itinerario personal que, como quedará patente en esta entrada, continúa todavía abierto.

Empezaremos por la cita de sentencias de (y ante) Tribunales españoles.

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Objetivos

Me parece que resulta necesario tener claro los objetivos que se pretenden alcanzar con la cita de la sentencia. Según mi experiencia, los criterios generales que resultan atendibles, serían, por su orden:

• 1º.- Que la referencia permita una identificación inequívoca de la Sentencia citada. Como ya se indicó antes, es esencial que al lector (el órgano judicial y las restantes partes) no le quepa duda alguna de cuál es la concreta sentencia indicada.
• 2º.- Que se entienda fácil y rápidamente a qué Sentencia nos referimos. Es decir, que la indicación no sea demasiado larga ni farragosa, de tal manera que la lectura de la referencia no produzca rechazo y que con un vistazo rápido se tenga una idea clara.
• 3º.- Que facilite lo más posible acceder al texto de la Sentencia. Para esto es fundamental que se explicite en la cita de la Sentencia la referencia de la misma en alguna base de datos de uso habitual.

A partir de aquí…

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Cita de Sentencias, en general

1º.- Los elementos esenciales que permiten individualizar una Sentencia de un Tribunal español son estos:

• Tribunal que la dicta.
• Sala. En algunos Tribunales existen varias Salas, dedicadas cada una de ellas a un orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, e incluso, en el caso del Tribunal Supremo, Militar.
• Sección. Las secciones se forman dentro de una Sala. Se componen de varios Magistrados y se suelen especializar en una determinada materia de esa jurisdicción. Así, en la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) existen en la actualidad siete secciones.  Por ejemplo, dentro de esa Sala 3ª, la Sección 2ª, que dictó la sentencia antes referenciada, se ocupa de los asuntos en materia tributaria. No en todas las Salas de todos los Tribunales existen secciones.
• Número de la Sentencia. Cada Tribunal (o cada Sala cuando hay varias en el Tribunal) lleva una numeración de las Sentencias que dicta a lo largo de un año. A semejanza de lo que ocurre con la numeración de las normas, se expresa con el número secuencial y el año, separados por una barra.
• Número del recurso (o del asunto) resuelto por la sentencia.
• Fecha en que se dicta.

Este es un ejemplo de identificación completa de una Sentencia con todos esos elementos:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 2ª) nº 1531/2018 (recurso nº 1168/2017) de 23 de octubre de 2018

2º.- Pero, en aras de la concisión, ¿deben incluirse todos estos elementos en la cita de la Sentencia?

Yo confieso que, para no hacer la referencia extensa y llena de cifras, tiendo a suprimir algunos de esos elementos en mis escritos. Así, no incluyo nunca el número de recurso o de asunto. Tampoco suelo poner el número de la Sentencia, por la razón que luego explicaré. Es raro también que indique la Sección.

La referencia de la Sentencia anterior, normalmente, la haría así (añadiendo, eso sí, el número de referencia de la bases de datos) :

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (Aranzadi JUR\2018\285131)

Aparte de esos elementos, ¿habría que incluir otros?

Creo que con lo anterior (incluyendo el número de referencia de la base de datos) es suficiente para lograr la identificación inequívoca de la Sentencia.

Pero, en ocasiones, en los escritos procesales nos interesa añadir otros elementos adicionales. No ya para facilitar la identificación, sino por motivos puramente argumentativos: para dejar claro, ya en la propia referencia, la relevancia que tiene la Sentencia que citamos para la interpretación del Derecho que nosotros defendemos. Así:

• Si resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina o en interés de ley. En tal caso, lo dictaminado en dichas Sentencias debe seguirse por las Sentencias de Tribunales inferiores.
• Si la Sentencia se dictó por el Pleno del Tribunal o de la Sala. Ello es relevante porque esa Sentencia marca la linea que deben seguir todas las Sentencias posteriores de las Salas o Secciones de ese Tribunal.
• Quién es el ponente (el Magistrado encargado de redactar el texto de la Sentencia). Esto me parece que puede ser útil (a efectos del refuerzo argumentativo) en los casos en que la Sentencia que citamos es de la misma Sala a la que dirigimos nuestro escrito.

3º.-Facilitar el acceso al texto de la Sentencia.

Para esto es imprescindible indicar el número de referencia que tiene asignada la Sentencia en la bases de datos de la que la hemos extraído. Así además, puesto que se asigna un número de referencia a cada Sentencia, nos podemos ahorrar de paso la indicación del número de Sentencia del propio Tribunal.

Cada editorial le asigna un número de referencia propio (e incluso, alguna, como Aranzadi tiene, o tenía, nomenclaturas diferentes según las diversas secciones de sus bases de datos). Por seguir con el ejemplo de la anterior Sentencia del Tribunal Supremo, dicha Sentencia se identifica en la base de datos de la editorial Aranzadi como JUR\2018\285131, en La Ley Digital como  147167/2018, en Tirant on Line como TOL 6.864.403 y en el CENDOJ como 28079130022018100218.

Hace tiempo que yo tenía claro que la cita del número identificativo de la base de datos era esencial, imprescindible. Pero a la hora de incluirlo, y puesto que el Juez o Tribunal destinatario del escrito procesal puede no usar la misma base de datos que yo cito, sino otra diferente, siempre tenía el temor de que esto no facilitara suficientemente el acceso al texto de la Sentencia citada.

Hasta que, recientemente, llegó el ECLI. El European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia) es un número de referencia para todas las Sentencias dictadas, bien por Tribunales nacionales bien por Tribunales europeos, en el ámbito de la Unión Europea. El identificador se construye con cinco elementos obligatorios, que resultan fácilmente comprensibles:

Así, queda resuelto cualquier problema tanto identificativo como de acceso a la Sentencia, puesto que todas las bases de datos recogen, aparte de su referencia propia, el ECLI. Y la cita de la Sentencia del ejemplo queda así:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:3519)

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Algunas especialidades a tener en cuenta según los Tribunales

Sentencias del Tribunal Constitucional

Yo sigo la práctica de identificarlas únicamente por su número, porque me parece que es suficiente y que con ello basta para acceder a su texto fácilmente a través de la base de datos del propio Tribunal Constitucional. Así: STC 3/2018.

Por otra parte, puede resultar interesante, a efectos argumentativos, indicar el tipo de conflicto o recurso que resolvió la Sentencia.

Sentencias del Tribunal Supremo

Hay que tener en cuenta especialmente lo que ya se dijo sobre la conveniencia de indicar si la Sentencia es del Pleno. Así como si resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina o en interés de ley.

Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia

A la hora de identificar correctamente el Tribunal, conviene tener en cuenta que existen algunos Tribunales Superiores de Justicia que se encuentran repartidos en varias sedes, por lo que hay que indicar cuál es la sede que dictó la Sentencia. Es el caso del Tribunal Superior de Andalucía (con Salas en Sevilla, Granada y Málaga), el de Castilla y León (Burgos y Valladolid) y el de Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

También puede resultar interesante indicar, en su caso, si la Sentencia se dictó en casación contencioso-administrativa autonómica o en interés de ley.

Sentencias de Audiencias Provinciales

Aquí también hay que tener la precaución de indicar la Sección, cuando la Audiencia Provincial en cuestión cuenta con Secciones que no están ubicadas en la capital de la provincia. Ocurre, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz y su Sección en Mérida.

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Y al final…

El lector atento de esta entrada, posiblemente, haya llegado ahora a la misma conclusión que yo. En la actualidad, la manera más segura de individualizar la Sentencia en nuestro escrito y, sobre todo, de asegurarse de que se puede acceder fácilmente a su texto es: ¡insertar el hipervínculo!

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La numeración y fecha de las normas

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Para denominar de manera oficial a las normas jurídicas se viene usando tradicionalmente en España, desde hace casi 60 años, un sistema que fue introducido por obra de la práctica seguida a la hora de la publicación de las normas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En virtud de este sistema, las normas jurídicas estatales que se aprueban en el vigente Ordenamiento Jurídico español siguen esta pauta en su denominación oficial:

tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma

Son esos los cuatro elementos de la denominación (oficial) de las normas. Sobre el primero de ellos, la calificación del tipo de norma, y los problemas que plantea, ya tratamos en otra entrada anterior: el nombre (exacto) de las normas.

En esta entrada nos centraremos en los dos siguientes componentes: la numeración y la fecha.

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Numeración

El sistema seguido en la numeración es simple, intuitivo y fácilmente entendible:

12/2018

La cifra que aparece a la izquierda de la barra es el número secuencial que corresponde a la norma. La secuencia que se sigue es la de las normas del mismo tipo promulgadas en ese año natural determinado. Cada año se reinicia la secuencia de normas.

Lo que aparece a la derecha de la barra es el año de la norma en cuestión.

En la numeración del ejemplo, la norma es la duodécima de entre las de su clase (Ley, Ley Orgánica, o la que corresponda) dictada durante el año 2018.

Esta numeración fue introducida a partir del año 1959. Anteriormente, las normas no eran objeto de identificación numérica. Recomiendo a este respecto la lectura de la interesante entrada del blog “Anécdotas y curiosidades jurídicas Iustopía” titulada “Desde cuándo se numeran las leyes”.

Las últimas leyes sin numerar fueron las que se aprobaron el 26 de diciembre de 1958. Pero ese día vieron la luz ni más ni menos que 81 leyes diferentes. Si se tiene en cuenta que tales normas sólo era posible distinguirlas por su título, se comprende perfectamente el problema que ello suponía y la necesidad de introducir un sistema de numeración.

Curiosamente, la aplicación del sistema fue un tanto vacilante en un principio. Como se puede apreciar aquí, los dos primeros Decretos aprobados aunque llevaban el número ordinal, no incluían a continuación ni la barra ni el año. Fue a partir del tercer Decreto aprobado ese año, publicado en el BOE del día siguiente, cuando ya se emplea por primera vez de manera completa el sistema de numeración.

La primera ley numerada fue la Ley 1/1959, de 11 de mayo, por la que se concede una asignación de residencia a los marineros y soldados de Infantería de Marina que prestan servicio en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Pero tampoco fue la primera norma con rango de ley que contaba con numeración. Esta lo fue el Decreto-ley 1/1959, de 20 de febrero, por el que se modifican los devengos del personal perteneciente a las Unidades que prestan servicio en las Provincias de Ifni y Sahara; entonces, como ocurre ahora, urgencia obligaba.

Este sistema de numeración no incluía a las Órdenes Ministeriales. Las mismas sólo empezaron a numerarse a partir de 2002, y ello mediante un sistema propio de identificación establecido en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 21 de diciembre de 2001, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el “Boletín Oficial del Estado”. Desde entonces las Órdenes Ministeriales se identifican añadiendo a la izquierda, antes del número secuencial, un código de tres letras mayúsculas asignado a cada Ministerio. Un ejemplo reciente donde se aprecia esta forma de identificación de las Ordenes Ministeriales: la Orden JUS/464/2018, de 24 de abril, por el que se regula la base de cotización, la determinación de la cuota y el procedimiento de ingreso de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutualidad General Judicial.

Es preciso aclarar que cuando se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados, y se publica en el Boletín Oficial del Congreso, la Ley no tiene una numeración. La numeración se le adjudica a la Ley sólo cuando se firma por el Rey y ya va a ser publicada en el BOE. Tomemos, por ejemplo, la Ley sobre precursores de explosivos; aquí está el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), sin número asignado; y aquí el texto oficial publicado en el BOE, en el que ya se designa como Ley 8/2017, de 8 de noviembre, y contiene las fórmulas de sanción y promulgación, que no aparecían en la anterior publicación.

En cuanto a la ortografía, hay que tener en cuenta que, según las vigentes reglas ortográficas de la RAE, las cifras de los años no llevan nunca punto, coma, ni blanco de separación, para diferenciar los millares. Y que, como excepción a la regla general, las cifras secuenciales de la norma, precisamente por tratarse de la numeración de una norma jurídica, tampoco los llevan.

Desde mi experiencia, este sistema de numeración presenta varias ventajas:

• Individualiza perfectamente, por sí solo, la norma. Es más fácil que retengamos el número que la fecha. Incluso ocurre en ocasiones que, ante la extensión del título de la Ley, se la denomina usualmente en el foro sólo por su numeración. Ocurría así con la anterior Ley 30/1992 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), a la que los prácticos (y sobre todo, los sufridos opositores) nos referíamos simplemente como “Leytreintanoventaydós”. Lo cual tal vez vuelva a ocurrir también con sus sucesoras, las famosas “siamesas administrativas” Leyes 39 y 40/2015.
• Al reiniciarse cada año, la numeración no alcanza cifras muy elevadas, que resultarían más difíciles de manejar.
• Es muy intuitivo. Basta con ver la denominación oficial de dos normas para que uno se haga una idea inmediata de cómo se les atribuye su numeración.

Termino este apartado con un pequeño excurso personal. Me llamaba la atención, a veces, la numeración que tiene asignada el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), norma que es usada y citada constantemente en la práctica. El TRRL se aprobó por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Me parecía que ese número secuencial (781 Reales Decretos Legislativos ya a mediados de abril) era demasiado abultado, máxime para el tipo de norma del que se trata; pensaba que esa cifra tan alta podría responder a un error o a un cambio momentáneo del sistema de numeración.

Pero todo tiene su explicación. Debido a la entrada de España, el 1 de enero de 1986, en las Comunidades Europeas, se aprobó la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. Con ello se delegó en el Gobierno la adecuación al ordenamiento jurídico comunitario de todas las normas legales vigentes que fueran contradictoras con el mismo. Y por eso, en ese año de 1986 se alcanzó la insólita cifra de 1.304 Reales Decretos Legislativos. Un volumen de producción legislativa que, seguramente (y por fortuna), nunca más se volverá a alcanzar.

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Fecha

De la fecha de la norma se indica el día y el mes, entre comas. No se añade el año porque sería redundante, ya que éste ya viene indicado previamente en la numeración.

De acuerdo con las normas de ortografía generales, el nombre del mes se escribe con minúsculas.

Es importante aclarar a qué momento corresponde la fecha inserta en la denominación oficial: esa fecha es la de la sanción y promulgación (es decir, la fecha de su firma por el Rey). No es la fecha de su aprobación (que siempre es anterior) o la de su publicación en el BOE (que siempre es una fecha posterior, o, como mucho, coetánea). Esto vale también, obviamente, para la indicación del año en la numeración; y, consiguientemente, para la numeración secuencial por tipo de norma.

La sanción es la expresión, por parte del Jefe del Estado, de su conformidad con la Ley. Además de con su firma, se expresa con la siguiente fórmula tradicional que encabeza la publicación en el BOE:

“A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley”.

La promulgación es la proclamación formal y pública de la obligación de acatar la ley. Se coloca al final del texto y se plasma con la siguiente fórmula:

“Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley”.

Si tomamos como ejemplo la Ley que se ha mencionado anteriormente, la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, se puede comprobar fácilmente cómo se desarrollan los distintos momentos. Esa Ley se aprueba el 17 de octubre de 2017 por el Congreso de los Diputados. Posteriormente se sanciona y promulga por el Rey el 8 de noviembre, fecha que es la que reza en la denominación oficial. Y, finalmente, se publica en el BOE el día 9 de noviembre. Sólo a partir de entonces existe y puede entrar en vigor.

La indicación de la fecha reviste menor importancia práctica, ante la existencia de la numeración con ese sistema correlativo anual, que individualiza perfectamente, por sí solo, la norma. Resulta mucho más fácil que retengamos el número que la fecha.

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Hasta aquí lo referente a esta especie de pequeño jeroglífico (no demasiado complicado) que supone la aplicación de un número identificativo y de una fecha concreta a las normas jurídicas. Para desentrañar el último de los componentes de la denominación oficial, el título de las normas, reservaremos una próxima entrada.

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Más formulismos abogadiles

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Ya publiqué, hace un tiempo, una entrada sobre esas expresiones estereotipadas propias de leguleyos que todavía insertamos los Letrados en los escritos procesales: los formulismos abogadiles.

El uso de los formulismos abogadiles tiene, cuando uno empieza a ejercer, un efecto psicológico tranquilizador fundamental. Parece que insertarlos nos da esa pátina de experiencia que necesitamos proyectar. Sentimos que usarlos es de iniciados, porque sólo quien pertenece al foro ha podido llegar a conocer estos arcanos. Y quizás por eso, asumimos, sin mayor cuestionamiento, que es propio de buenos abogados el emplearlos siempre que haya ocasión.

Pero, después de años de experiencia, parece conveniente ir soltando lastre. Porque uno, a poco que se lo plantee, acaba dándose cuenta de que todos estos formulismos tienen algo en común: que pueden ser omitidos sin mayor problema. Es más, la claridad, requisito imprescindible del buen estilo, nos exige su supresión.

Así que aquí voy a ampliar lo que ya dije, y continúo añadiendo algunos pocos formulismos más a mi particular (y personalísima) lista negra de expresiones a desterrar.

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–  «Al Juzgado de Primera Instancia de [localidad] que por turno corresponda».

De esta manera se encabezan habitualmente los escritos con los que se ejercita una acción judicial: demandas, querellas, interposiciones de recursos contencioso-administrativos, etc.

En las localidades donde hay más de un Juzgado o Tribunal de la misma clase, el escrito, al ser el primero que se presenta sobre ese caso ante la Justicia, no puede tener un órgano judicial concreto como destinatario, porque es susceptible de recaer en cualquiera de los de esa clase en esa ciudad. No podemos dirigir sin más una demanda,  por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, o un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz; no existe el derecho a elegir el Juzgado que queremos que lleve nuestro pleito. ¿Cómo solucionar este pequeño inconveniente? Pues utilizando este tradicional formulismo: decimos que vaya al «que por turno corresponda».

El artículo 167.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que en estos supuestos  (dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional en una misma localidad), los asuntos se distribuirán entre los Juzgados y Tribunales «conforme a normas de reparto prefijadas». Y es el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente, bajo la supervisión del Juez Decano (art. 167.3 de la LOPJ), quien los envía al concreto Juzgado que se va a encargar del caso, conforme a las normas de reparto (el «turno») previamente establecidas.

En la práctica diaria actual, en la que para presentar escritos se utiliza la plataforma informática LexNet, este tipo de escritos se encuadran dentro de la categoría de «escrito iniciador de asunto»; y como tales, la aplicación sólo nos permite enviarlos a la «Oficina de reparto» del orden jurisdiccional correspondiente, que es donde se procederá conforme a lo antes explicado. Como se ve, insertemos o no este formulismo, el camino que seguirá nuestro escrito será exactamente el mismo. Una buena razón para suprimirlo.

Y aún hay una razón adicional para este desmoche. En vez de decirse «que corresponda por turno» (no recuerdo haberlo visto así nunca), se introduce una especie de anástrofe mediante el cambio del orden sintáctico habitual en la actualidad de esas palabras. Amén de innecesario, arcaizante.

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– «Lo cierto y verdad es que…»

Se trata de una fórmula con la que se suele introducir nuestra versión de los hechos, contraria a la de la parte adversa.

Además de formulismo, es este otro pleonasmo más (salvo que existiera algo que, siendo cierto, pueda al mismo tiempo no ser verdad).

Y manifiesta, como suele ocurrir con los pleonasmos, una cierta debilidad de la postura mantenida, que se intenta camuflar con la reiteración.

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– «…y con expresa imposición de costas a la parte contraria».

Esta expresión suele cerrar el suplico (o mejor, solicito) de los escritos de demanda.

Todas las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso (con algunas contadas excepciones) deben contener un pronunciamiento sobre a quién le corresponde el pago de las costas procesales: el Juez o Tribunal tiene que decidir si las costas se imponen a una parte, a la otra, o no se imponen a ninguna. Por eso, no tiene sentido pedir que la imposición de costas sea «expresa». Si el Juez o Tribunal, como es su obligación, resuelve sobre las costas, y lo hace imponiéndolas a la otra parte, sólo lo puede llevar a cabo de manera expresa; no caben aquí condenas implícitas ni silencios positivos.

Creo que aquí subyace un matiz psicológico, en un doble sentido: por una parte, de cara al contrario, el formulismo se usa con una cierta intención de amedrentarle, poniéndole de frente ante el peligro que corre de perder el pleito y cargar con las costas que tan fieramente pedimos; y por otra parte, sirve, pretendidamente, para amarrar aún más nuestra petición.

P.S.: Reflexionando para confeccionar esta entrada, e imbuido de cierto prurito recortador, me surgió una cuestión a lo que no he conseguido todavía dar una respuesta terminante. Planteo aquí esta cuestión a los abogados litigantes y/o expertos procesalistas que lean esto: ¿y por qué seguir pidiendo en nuestro escrito la condena en costas? El Juez tiene que tomar necesariamente, porque está obligado por las distintas leyes procesales, una decisión sobre las costas. Y debe resolver sobre ello en todos los casos, se haya pedido por las partes la condena a las costas o no.

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Una disyuntiva sintáctico/normativa

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Cuando tengo que intentar explicarle en qué consiste el estudio del Derecho a alguien que, proviniendo del Bachillerato, no tiene experiencia previa en el mundo jurídico, suelo acudir a la comparación con otras disciplinas ya conocidas, y digo que tiene cierto parecido con la Filosofía o con la Historia. Pero, sobre todo, insisto en que, quizás, lo más afín al Derecho sea el análisis del lenguaje.

Porque las normas jurídicas son enunciados lingüísticos que vienen a expresar una conducta preceptiva. Y, por lo tanto, una buena parte de los problemas jurídicos consiste, en definitiva y en la práctica, en interpretar qué dicen (o que quieren decir) exactamente tales enunciados. Esto nos lleva en bastantes ocasiones a tener que considerar los inconvenientes que se plantean cuando la redacción de las normas jurídicas no es todo lo gramaticalmente correcta que debería. Especialmente en el campo de las normas sancionadoras, en el cual resulta más necesario que en ningún otro ámbito que la redacción de las normas sea lo más precisa y clara posible.

Para ilustrar esto pondré ahora un ejemplo que he conocido recientemente.

Un precepto de un reglamento municipal reza literalmente que, entre otras, constituye infracción, sancionada con la correspondiente multa, lo siguiente:

«Encontrarse en la vía pública en estado de embriaguez, entorpeciendo el tráfico o produciendo escándalo».

Para intentar analizar la redacción y el exacto significado de la norma transcrita, y procurar de esta manera ejemplificar la importancia del uso correcto del lenguaje por el legislador, prescindiré aquí de la indeterminación (y consiguiente merma de la seguridad jurídica) que supone el uso de expresiones como «estado de embriaguez» o «produciendo escándalo». No quiero extenderme demasiado.

Prefiero ahora centrarme en otros aspectos, no semánticos, sino sintácticos y ortográficos.

En primer lugar, tenemos el uso combinado del gerundio junto con el infinitivo. Si el infinitivo es la forma no personal del verbo que denota la realización de una acción, el gerundio viene a expresar un contenido simultáneo con la acción a la que se refiere ese verbo principal en infinitivo. Esto, en el ejemplo, indicaría, en principio, que la conducta infractora consistiría no simplemente en hallarse (infinitivo) en estado de embriaguez, sino en estar llevando a cabo (gerundio) además, y al mismo tiempo, bien un entorpecimiento del tráfico o bien un comportamiento escandaloso. Ese sería, creo, el uso sintáctico correcto de ambas formas verbales en concurrencia.

Pero el caso es que también hay que tener muy presente la utilización de la puntuación. Salta enseguida a la vista que se ha colocado una coma justo detrás de «embriaguez». Se delimita así ese primer grupo sintáctico de los dos restantes, y con ello se introduce una coordinación, mediante yuxtaposición, de grupos sintácticos equivalentes. Además, se coloca posteriormente la conjunción disyuntiva «o» para separar entre sí los otros dos grupos sintácticos. Ambas elecciones en la redacción, compaginadas, son las que vienen a añadir incertidumbre al significado del precepto normativo. Porque con la coma se incrusta una enumeración, una yuxtaposición de grupos sintácticos de igual valor, que se convierte posteriormente en una coordinación disyuntiva, y todo ello denotaría la existencia no de dos, sino de tres opciones; tantas como grupos sintácticos resultantes.

Resultado de este desliz gramatical: una disyunción, una alternativa, pero que no se sabe a ciencia cierta si ofrece dos o tres opciones (y cuáles) de actuación infractora. Parece una insignificancia, pero, a efectos interpretativos prácticos, tiene su importancia: ¿bastaría con la existencia de una embriaguez en la vía pública, sin más, para que haya infracción?,¿o sólo es infracción en el caso de que a la embriaguez se le sume, simultáneamente, alguna de las otras dos acciones? Difícil determinarlo de manera categórica, me parece, tal y como está redactado el precepto.

Ante el discutible estilo sintáctico/ortográfico del redactor de la norma, no nos queda ahora sino confiar en el sentido común de los agentes, funcionarios y autoridades municipales a la hora de aplicar el reglamento. O tal vez, en última instancia, encomendarnos a la protección de aquel santo bebedor de Joseph Roth.

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Derecho / derecho

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En nuestro idioma la palabra «derecho» resulta ser polisémica en grado extremo. Hasta veinticinco acepciones diferentes recoge el Diccionario de la Real Academia, algunas de sentidos muy diversos. Pero dejando aparte significados más inusitados, creo que se puede decir que en el mundo jurídico los tres significados en que más se utiliza el sustantivo «derecho» son, esquemáticamente, estos:

1. El conjunto de las normas jurídicas vigentes. Esto es lo que conocemos como Derecho objetivo. Dentro de ese todo, hay subconjuntos de normas que regulan diversos aspectos de la realidad social: Derecho Civil, Derecho Administrativo, etc.
2. Aquella facultad que nos conceden o reconocen las normas jurídicas para poder obtener algo de alguien. A esto se le conoce como derecho subjetivo, puesto que siempre es referido a un sujeto titular del mismo. Un ejemplo: el derecho de todos a la enseñanza básica gratuita.
3. La ciencia, o disciplina del conocimiento, que estudia las normas jurídicas. Aquí se incluyen las diferentes ramas en que se divide dicha ciencia; y también la carrera universitaria correspondiente.

Normalmente, el reconocimiento de cuál es la acepción de la palabra «derecho» a la que se refiere un texto o un discurso se producirá en función del contexto en el que se utiliza, si bien tenerlo claro puede llegar a requerir unos conocimientos teóricos básicos.

A pesar de ello, en ciertas ocasiones es muy difícil diferenciar, sin ulterior explicación, el sentido en el que se utiliza la palabra. Pensemos en frases como estas: «tengo derecho constitucional», «mi actuación está limitada por el derecho», «no hay derecho» ¿Se refieren al Derecho objetivo, a la disciplina científica o a un derecho subjetivo?

El problema de fondo es, pues, cómo llegar a lograr una diferenciación lo más nítida posible entre estas tres acepciones. Y la cuestión formal es si la ortografía, concretamente el uso de las mayúsculas, nos pudiera ayudar en ello. Estamos acostumbrados a leer, y escribir, textos en los que unas veces aparece «Derecho», en mayúsculas, y otras «derecho», en minúsculas ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido especial hacerlo así?

Como veremos a continuación, las gentes del Derecho no siempre solventamos este problema de la misma manera, ni de conformidad estricta con las normas ortográficas.

Lo que dicen las normas ortográficas de la RAE

La última Ortografía de la RAE establece un principio general restrictivo del uso de mayúsculas, como ya se dijo en otra entrada de este blog.

El sustantivo «derecho» es un nombre común, no un nombre propio. En consecuencia, se debe escribir con la inicial en minúsculas.

Así, en minúsculas, es como aparece en el Diccionario de la Real Academia. Y es más, si uno se fija en las aproximadamente sesenta formas complejas (combinaciones estables del sustantivo «derecho» y un elemento con función adjetiva) que incluye el Diccionario, en ninguna de ellas aparece «derecho» con mayúsculas, con independencia de cuál sea la acepción que tenga el sustantivo: derecho administrativo, derecho adquirido, derecho canónico, y así sucesivamente.

No obstante, la Academia permite el uso de las mayúsculas iniciales en nombres comunes cuando concurren determinadas circunstancias especiales. Entre los casos permitidos de escritura en mayúsculas que se pueden aplicar al sustantivo «derecho» están los siguientes:

• Cuando forma parte, como palabra significativa, de la denominación de una institución, departamento o sección administrativa. Por ejemplo, en «Facultad de Derecho», «Departamento de Derecho Público» o «Área de Derecho Administrativo».
• Cuando, en contextos académicos o curriculares, se incluye en la denominación de asignaturas, cursos, estudios o materias regladas: «la carrera de Derecho», «me he matriculado en Derecho Constitucional».
• Cuando forma parte, como palabra significativa, de la denominación de eventos culturales (congresos, exposiciones, etc.): «Congreso de Derecho Laboral».

Como se ve, los usos de la palabra en mayúsculas permitidos normativamente no tienen su fundamento en conseguir la diferenciación de la acepción, sino en otras cuestiones formales.

Lo que solemos hacer las gentes del Derecho (o, al menos, algunos de nosotros)

Pero, a pesar de lo anterior, la propia Academia reconoce que las mayúsculas se usan a veces para «destacar conceptos considerados relevantes en determinados ámbitos o contextos». Eso sí, para la Academia, tales usos solo «responden a criterios extralingüísticos y su aplicación no deja de ser subjetiva».

Probablemente sea por esa pequeña rendija, subjetiva y extralingüística, por la que, consciente o inconscientemente, hayamos penetrado quienes estamos en el Derecho para generalizar el uso de dicho término en mayúsculas. Porque, ¿a qué otro concepto le puede tener más veneración y respeto un jurista que al propio Derecho? ¿Qué hay más importante que el Derecho en el mundo del Derecho?

Creo que todos nosotros sentimos, en nuestro fuero interno, que poner «derecho» en minúsculas sería como faltarle un poco el respeto a aquello a lo que hemos dedicado nuestra vida profesional. Y quizás por eso, estamos habituados a ponerlo en mayúsculas cuando nos referimos al conjunto de las normas, al ordenamiento.

Probablemente por esa misma razón, otro tanto ocurre con la ciencia del Derecho y con sus ramas ¿Cuántos manuales y monografías se refieren, en sus páginas, a su objeto de estudio en minúsculas? Aunque los hay, no creo que constituyan, ni con mucho, la mayoría.

Además, el uso de las mayúsculas cuando nos referimos al Derecho como ordenamiento o como ciencia (acepciones 1 y 3 de las mencionadas al comienzo de esta entrada) nos permite diferenciar la otra acepción, la de derecho subjetivo, mediante el uso, en tal caso, de las minúsculas. A pesar de que la Academia prohíbe la utilización de la mayúscula «para distinguir sentidos diferentes en palabras con varios significados», en este caso, viene muy bien hacerlo así, sobre todo a efectos didácticos.

Estas son las pautas que, creo, seguimos bastantes, y las que procuro transmitir a los estudiantes.

Y así, siguiendo esta particular norma de estilo nuestra, tal vez pueda exclamarse de manera más consciente aquello de que «no hay derecho». Porque, para decir que no hay derecho, previamente debe existir el Derecho.

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