Actuaciones judiciales, Juicios

El informe (que no lo es)


Aún recuerdo bien el desconcierto que me producía aquello en mis inicios en la abogacía, cuando defendía mis primeros juicios. Una vez celebradas ya todas las pruebas y fijadas de manera definitiva las posiciones de cada una de las partes, justo cuando tenías los nervios a flor de piel, porque te disponías a realizar la intervención más relevante que, pensabas, tiene un abogado en una vista, los jueces te decían, más o menos solemnemente: «Sr. Letrado, para informe».

Y es que, en puridad, así es. La denominación legal y tradicional del discurso en el que cada parte defiende sus posiciones recapitulando lo ocurrido a lo largo del juicio es la de «informe». Repasemos si no:

Bien es verdad que las leyes procesales más recientes introducen también la variante «conclusiones». Así, el art. 433.2 de la LEC (para la determinación de los hechos), el art. 78.19 de la LJCA (para las vistas de los procedimientos abreviados) y el art. 87.4 de la Ley de la Jurisdicción Social.

En todo caso, las normas procesales coinciden en intentar sujetar lo más posible el informe a la estructura de hechos y fundamentos de derecho que tienen las demandas (o los escritos de calificación penales) y sus contestaciones, sin que se puedan solicitar en ese momento pretensiones diferentes a las ya formuladas.

Esta denominación es también la acogida por la Real Academia Española. En la definición de informe en su Diccionario (DRAE) figura, como tercera acepción, y referida precisamente al mundo del Derecho, la de «exposición total que hace el letrado o el fiscal ante el tribunal que ha de fallar el proceso».

¿Por qué pues mi desconcierto? Sin descartar que el principal factor de sorpresa entonces fuera mi bisoñez en el foro, el caso es que la palabra informe no me cuadra bien para un discurso de defensa en juicio.

El informe tiene la clara connotación de ser aséptico, meramente descriptivo. Por algo, en su primera acepción, el DRAE lo define como una «descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto». En los procedimientos administrativos y legislativos, un informe es una declaración de juicio emitida por un órgano en relación con determinados aspectos que plantea ese procedimiento. Además, la emisión de informes es más propia de otras y múltiples profesiones que no son la de abogado: médicos, científicos, peritos varios, detectives privados… Es más, estas dos clases de informes (como actuación en el procedimiento para ayudar en que la toma de decisiones sea más acertada, y como soporte de la prueba pericial), aparecen mencionados, con esos sentidos, de manera mucho más numerosa en las leyes procesales. Es decir, el propio legislador tiende a usar «informe» con otros significados que no son el de discurso final.

Pero entonces, ¿qué otra palabra se podría utilizar? Para mí, hay una mucho más adecuada a la función que cumplimos en esta parte del juicio: «alegato».

Curiosamente, la Real Academia Española tiene varias acepciones en la definición de alegato en el DRAE, y asimismo incluye una aplicable al mundo jurídico. Para el DRAE, en Derecho el alegato es el «escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario» (una definición que, por cierto, podría servir para la demanda y su contestación, o para un recurso). Fijémonos en las diferencias que la Academia ve, jurídicamente, entre informe y alegato: el alegato no es verbal, sino escrito; no es total, por lo que no tiene por qué ser al final del proceso; y, además, corresponde solo a los abogados, no al fiscal. No encuentro esta diferenciación en las normas procesales españolas, en las cuales (salvo error por mi parte) no aparece en parte alguna la palabra alegato, ni con este significado ni con ningún otro.

Pero lo que es todavía más llamativo y sorprendente es que, como primera acepción, y no referida expresamente al mundo jurídico, el DRAE establece que el alegato es un «argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo». Es decir, aquí sí, justo lo que los abogados hacemos al final del juicio. Y por cierto, lo que recogen bajo tal denominación las Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional (regla 141.2).

Para mi gusto alegato suena más clásico. Remite a los discursos forenses señeros y ejemplares. Además, realizar un alegato resulta algo más propio y singular de los abogados que hacer un informe. Y por último, parece tener una connotación de unirnos más al cliente; no meramente de exponer unas conclusiones más o menos asépticas, sino de hablar en su favor.

Y hasta aquí mi pequeño informe sobre el informe, o, mejor, mi alegato por el alegato.

Anuncios
Estándar
Actuaciones judiciales

¿”DIGO” o “DICE”? Primera/tercera persona en escritos procesales


Tenía pensado escribir sobre este tema en una futura entrada sobre dudas tontas o menores que todavía se me presentan a la hora de redactar mis escritos procesales. Pero… esta concreta incertidumbre mía se fue ramificando y agrandando a medida que intentaba contestármela, con lo que vino a dar en esta especie de soliloquio cuasi hamletiano (aunque ni por asomo tan dramático, claro está).

¿Uso la primera o la tercera persona?

La duda ortográfica/sintáctica/gramatical es simple de resolver, creo: ambas son correctas. Se escoja usar una u otra persona, lo importante es mantener el uso de esa misma persona y la correspondiente concordancia gramatical entre sujeto, verbo y pronombres durante todo el escrito procesal (cuidado: ya vimos que esto es algo que, a veces, el uso del “copia y pega” palimpsesto nos puede impedir involuntariamente).

Otra cosa ya es la duda estilística. Duda que es coincidente con la que tiene cualquier escritor a la hora de empezar su novela: ¿cuál de las dos personas resulta más adecuada? A mí, como lector, me vienen gustando últimamente novelistas contemporáneos que tienden a usar el narrador-protagonista o el monólogo interior, y, por consiguiente, la primera persona: Javier Marías, Javier Cercas… O antes de ellos, de manera magistral, Julio Cortázar. Parece más o menos claro que la evolución en la novela ha ido hacia el mayor uso de la narrativa en primera persona, frente a la ya más clásica tercera persona de las grandes novelas del pasado.

Quizá por ello hay en la red numerosos consejos para los escritores noveles acerca de los  inconvenientes y ventajas que tiene escribir la novela en primera persona. O los de hacerlo en tercera persona.

Pero como en el foro no debemos hacer literatura (ni novela, ni ensayo, ni mucho menos poesía o drama), creo que en nuestro caso habría que plantear este interrogante desde un punto de vista distintivo: desde la perspectiva de la búsqueda de la eficacia. La pregunta pertinente, pues, sería: ¿Qué efecto puede tener una u otra elección a la hora de persuadir a nuestro lector, el Juez?

(Claro que, antes de contestar, quizás habría que hacer un inciso, realmente utópico: lo ideal sería conocer de antemano qué Juez lo va a leer y cómo lo prefiere, y así tendríamos la solución más apropiada al dilema).

Hay, por lo tanto, un importante componente psicológico. Hablar en primera persona supone una afirmación del yo, denotar claramente que somos parte en el pleito y que sostenemos una postura que defendemos sin ambages como la nuestra. Además, y esto es algo que le cuadra más a mi manera de ser, con ello se busca convencer en la cercanía, no en la distancia. Parece también más actual, más moderno (así lo defiende, por ejemplo, Javier Badía en su estupenda bitácora en pro de la claridad en el lenguaje administrativo). Y más sincero.

Por contra, usar la tercera persona resulta más impersonal. Se diría que quien se expresa es un narrador imparcial, que no es parte en el pleito (cuando sí lo es). Parece transmitir engreimiento o superioridad, como en aquel Julio César de los cómics de Asterix, caracterizado por hablar de sí mismo en tercer persona. Suena ya anticuado. De hecho, la mayor parte de los formularios actuales de las bases de datos jurídicas punteras usan la primera persona.

Aunque, finalmente, es posible que todo esto no sean más que elucubraciones sin mucho sentido. Porque, en nuestro caso, en realidad siempre es tercera persona: nuestro escrito, a pesar de que lo redactamos de cabo a rabo los/las abogados/as, lo encabeza el/la procurador/a, y es él/ella quien va relatando, quien es el/la narrador/a. Así que hay una doble mentira latente en todo escrito procesal de parte: el/la procurador/a no dice, sino que relata por escrito; y tampoco escribe, solo firma. Escribimos por persona interpuesta, pues. Y, de esta manera, somos siempre una especie de “negros”, no con estilo literario, pero sí en el sentido literario del término.

Estándar
Actuaciones judiciales, Juicios

¡Dios mío! Pero… ¿dónde me siento yo?



He aquí una de las más terribles pesadillas que nos asaltan cuando nos enfrentamos a nuestros primeros juicios: !!no sé ni dónde tengo que sentarme¡¡ ¿arriba o abajo? ¿a la derecha o a la izquierda?

Ante todo, hay que quitar dramatismo a esta cuestión, porque no es algo esencial ni tan importante como, en la angustia de nuestro desconocimiento, nos imaginamos. Uno no es mejor o peor abogado por no saber dónde ubicarse. Ni depende de ello el resultado del pleito. Se trata de temores infundados y magnificados.

Además, la pregunta tiene una contestación bien sencilla: hay que sentarse donde determine el Juez o el Presidente del Tribunal. Así de simple.

(Eso sí, hay que actuar sentado. Lo de hacer el alegato de pie, mejor dejarlo para las películas americanas o se corre el riesgo de hacer el ridículo, como según una leyenda urbana, le ocurrió a algún compañero).

Lo que dice la Ley.

Como uno tiene tendencias legalistas, cuando empezaba busqué cómo estaba regulada esta cuestión. Si no me equivoco, no existe mención concreta alguna en las leyes de procedimiento. Las únicas referencias están en el art. 187. 2 de la LOPJ , en el art. 38.1 del Estatuto General de la Abogacía, e, indirectamente, en el art. 59.5 y 6 del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.

El citado precepto de la LOPJ establece que los Abogados, al igual que los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y Procuradores, ocuparán un lugar en los “estrados” y “se sentarán a la misma altura”. Así pues, tenemos que situarnos en los estrados, es decir en la tarima algo elevada que constituye el lugar de honor en la sala, no en los primeros bancos. Y hacerlo sentados, al mismo nivel que el resto de juristas intervinientes.

El Estatuto General de la Abogacía es un poco menos parco, como corresponde a su condición de norma reglamentaria. Además de que los Letrados estén sentados al mismo nivel que los Jueces, precisa que tendrán “delante de sí una mesa“. Y que se deben situar “a los lados del Tribunal de modo que no den la espalda al público” (otra vez tendremos que olvidarnos de las películas americanas). Por ultimo, el Estatuto hace hincapié en la consideración debida a nuestra profesión, recordando que nuestra ubicación en la sala debe producirse “siempre con igualdad de trato que el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado”.

Si en la vista interviene un Fiscal, en su Reglamento (de incierta aplicación, ya que es preconstitucional, por lo que en parte puede entenderse derogado por la Constitución y por la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) hay unas reglas más precisas sobre su ubicación, que están en función de la categoría del interviniente dentro de la carrera fiscal.

Claro que con lo anterior no es suficiente para saber en qué lado de los estrados nos tenemos que sentar. Entonces, ¿dónde está la solución jurídica?

Entiendo que la respuesta correcta estriba en considerar que la ubicación concreta, a un lado o a otro, corresponde a la potestad de ordenación de las vistas que el art. 190.1 de la LOPJ le atribuye al Presidente (la llamada “policía de estrados”). Así, dentro del “mantenimiento del orden” en la Sala, que corresponde al Presidente del Tribunal o al Juez, puede entenderse comprendida esta cuestión y a tales efectos éste se encuentra habilitado legalmente para acordar “lo que proceda”. O sea, para poder decidir, entre otras cuestiones, en qué lado concreto se sientan los juristas intervinientes.

Creo que esta opción resulta mejor que si esto se hubiera determinado en detalle en una norma reglamentaria, o en acuerdos internos de las Salas de Gobierno. Porque entonces debería haberse pormenorizado mucho en la norma, sin que seguramente se hubiera podido llegar a contemplar todos los casos posibles. Es preferible, porque resulta mucho más ágil, dejarlo al criterio del Juez.

De este modo, es cada Juez o Tribunal quien determina nuestra ubicación concreta según su criterio. Como ese criterio, una vez establecido, se suele seguir de forma habitual en cada Juzgado, a veces se dice, yo creo que de forma poco precisa técnicamente, que estamos ante un uso procesal, o incluso ante una costumbre. Jurídicamente, no es uso ni costumbre, sino potestad del Juez o Tribunal.

En cualquier caso, cada Juzgado o Tribunal puede tener su propio parecer. Es fácil comprobarlo cuando intervienes en varios partidos judiciales. Por ejemplo en la foto del encabezado de esta entrada, en una vista ante el Tribunal Supremo, el Fiscal (identificable por las puñetas) se sienta a la izquierda del Tribunal. Pero en cambio en esta otra foto de más abajo, se observa como en un juicio en una Audiencia Provincial, el Fiscal, por el contrario, se coloca a la derecha del Tribunal. En los Juzgados de lo Penal de mi ciudad se sienta a la izquierda. Y en los Juzgados de Instrucción, en unos a la derecha y en otros a la izquierda.

Juicio en AP Badajoz

Qué hacer en la práctica.

En la práctica, la manera de saberlo es presenciando vistas en ese Juzgado en días anteriores. Si no fuera posible, hay que observar, en el mismo día, cómo se desarrollan los juicios anteriores al nuestro.

Y como cabe la posibilidad de que tampoco podamos hacer esto último, basta con no perder la calma y preguntar.

Sin agobios, con tranquilidad. También aquí está presente el estilo.

Estándar
Actuaciones judiciales

Sus Señorías se dirigen a los ciudadanos



Una de las mejores maneras de aprender el oficio de Abogado (la cual, por cierto, recomiendo a todos los compañeros que se inician) es ir a los Juzgados para asistir entre el público a los juicios. Como algún Abogado veterano me lo había aconsejado a mí, y dado que yo estaba empezando (por lo que todavía no tenía demasiadas ocupaciones), hubo un tiempo, ya lejano, en que me pasaba toda una mañana en la Sala de Vistas intentando tomar nota mientras observaba cómo se comportaban los que allí actuaban.

En uno de los Juzgados que yo frecuentaba por aquella época había entonces un Juez bastante joven. Cada vez que entraba un testigo para prestar declaración, este Juez le recitaba en tono imperioso, a toda velocidad, mirando desganadamente hacia un lugar indefinido y cual si de un tema de oposiciones se tratara, la siguiente retahíla:

«Comparece usted para deponer como testigo. Es su obligación contestar la verdad a todo lo que le sea preguntando. Queda apercibido de que el vigente Código Penal castiga con pena de prisión el falso testimonio prestado en causa civil. ¿Jura o promete decir verdad?»

Los pobres testigos, que acababan de entrar como toros (mansos) a la plaza, y se encontraban de repente rodeados por todos lados de figuras severas vestidas con extraños trapos negros, no sabían qué hacer ante la regañina. Eran muchos los que, tras girarse a un lado y a otro implorando ayuda con la mirada, farfullaban atropelladamente un incoherente «sí, juro o prometo», mientras en su interior seguramente maldecían el día que habían sido citados para ir al Juzgado.

Al cabo de unos años, este Juez fue sustituido por una Jueza, de similar edad al anterior. Cuando llegaba el mismo trance, la nueva titular del Juzgado decía, lenta, firme, tranquilamente y mirando con fijeza a los ojos de la persona que comparecía como testigo:

«Buenos días. Soy la Jueza. Usted viene aquí como testigo. Sepa usted que, si miente, irá a la cárcel. ¿Lo ha entendido? […] Y ahora, ¿jura que va a decir la verdad, o prefiere prometerlo?»

Ni que decir tiene que ahora los testigos tenían absolutamente claro cuál era su deber, y, al mismo tiempo, perdían algunos de los miedos con los que habían acudido.

Frente al autoritarismo, la apatía, el uso de términos técnicos, el trato despersonalizado del anterior titular, teníamos ahora en aquella Sala de Vistas el respeto por las personas, la empatía, la firmeza no autoritaria, el lenguaje claro, pero preciso, y, sobre todo, el trato digno.

Ambos Jueces cumplían con la ley (art. 365.1 LEC), pero cada uno con un estilo radicalmente  diferente. Y eran precisamente esas contrapuestas formas de trato personal y comunicación las que, probablemente, determinaran que, en la práctica, en el primer caso no se estuviera satisfaciendo la finalidad de la ley. Porque de lo que se trataba aquí, en esencia, era de asegurar la práctica en las debidas condiciones de una prueba testifical.

Relevante cuestión de estilo, pues.

Estándar
Actuaciones judiciales, Introducción al Derecho, Jurisprudencia, Sentencias

Comenzar a intentar entender una Sentencia



Leer Sentencias resulta conveniente, aunque no para todos en la misma medida ni por las mismas razones. Para el público en general (al menos para aquella parte del mismo que sí quiere estar bien informado), es necesario para saber con precisión cómo se ha resuelto en realidad ese pleito tan publicitado en los medios. Para el estudiante, como medio de conocimiento de la aplicación del Derecho. Y para el práctico, más que conveniencia, es su deber estar al día del devenir de la jurisprudencia y conocer nuevas posibilidades de defensa de sus clientes.

Esta entrada dirigida a los dos primeros, legos y estudiantes, con la intención de ofrecerles una primera orientación dentro del piélago de los dictámenes judiciales.


¿Qué es una Sentencia?

La Sentencia es la resolución judicial mediante la que, de forma debidamente motivada en Derecho, se pone fin a un procedimiento y se resuelven todas las cuestiones planteadas en el mismo. Constituye la finalización normal de los procedimientos judiciales, aquello a lo que tienden todos ellos y que se debe producir salvo que, por excepción y debido a circunstancias especiales recogidas en las leyes, el pleito termine de otra manera. Con la Sentencia se debe dar satisfacción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) en su vertiente de derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del asunto. La finalidad última de la Sentencia es hacer Justicia en el caso concreto planteado.

Hay Sentencias dictadas en primera instancia, es decir, son la primera resolución judicial de ese tipo que se da en ese litigio . Y también hay Sentencias dictadas en segunda instancia, en las que se resuelve un recurso (de apelación, de casación) interpuesto por alguna de las partes contra una Sentencia de primera instancia. Las Sentencias de primera instancia pueden, por tanto, resultar luego revocadas por otras Sentencias ulteriores.

También existen otros tipos de resoluciones judiciales diferentes a las Sentencias (Autos, Providencias) que, normalmente, tienen menor relevancia.


¿Qué nos encontramos en una Sentencia?

Las Sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales tienen que seguir un mismo esquema, previsto de manera general para todas ellas en el art. 248.3 de la LOPJ y en el art. 209 de la LEC. No obstante, existen algunas singularidades concretas en cada orden jurisdiccional, establecidas en sus correspondientes leyes procedimentales.

Según establece el art. 248.3 de la LOPJ, las Sentencias «se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo».

De este modo, las partes de toda Sentencia son:

1º.-Encabezamiento.

En el mismo se hace constar el Juzgado o Tribunal que dicta Sentencia (especificando el Magistrado ponente, es decir aquel de los que forman el Tribunal que se ha encargado de redactar la Sentencia), la fecha de la misma, quiénes son las partes del procedimiento judicial, los nombres de los abogados y procuradores de las mismas, y el objeto del juicio.

2º.- Antecedentes de hecho.

Los antecedentes de hecho deben expresarse en párrafos numerados y separados. Constituyen un relato, más o menos sucinto, de la tramitación judicial seguida hasta el momento de dictarse la Sentencia: interposición de la demanda o recurso, pretensiones de las partes, pruebas practicadas, etc.

(2º Bis.- Hechos probados)

La declaración de hechos probados, es decir, el relato de los hechos que el Juez o Tribunal considera que son los verdaderamente acaecidos según deduce de las pruebas practicadas en el procedimiento, no es un apartado obligatorio en todas las Sentencias. Actualmente debe constar en las Sentencias dictadas en los órdenes jurisdiccionales penal y social. Pero no ocurre así en las Sentencias de la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa, dónde esta parte no es obligatoria, y, por lo tanto, suele ser inexistente.

3º.- Fundamentos de Derecho.

También se debe expresar en párrafos numerados y separados.

Esta es la parte que constituye el núcleo fundamental. En ella, el Juez o Tribunal debe dar cuenta suficiente de las razones y fundamentos legales de su decisión, expresando cuáles son las normas jurídicas que entiende aplicables y cuál es la interpretación que hace de las mismas en el caso concreto. Además de hacer referencia a las normas jurídicas, también es habitual que se haga un resumen de la doctrina jurisprudencial fijada en Sentencias anteriores que pueda resultar de aplicación al caso enjuiciado.

Es la parte más extensa de la Sentencia.

4º.- Fallo.

A pesar de que en lenguaje usual la palabra «fallo» tiene otro significado, en el ámbito jurídico el fallo es la decisión judicial tomada mediante la Sentencia. Los fallos pueden contener varios pronunciamientos o decisiones diferenciadas. Normalmente, aunque el contenido varía según las distintas jurisdicciones, el fallo absolverá o condenará (total o parcialmente) a la parte contra quien se dirigió el pleito.

El fallo debe incluir también la decisión sobre las costas (gastos generados a la partes por tener que ir a pleito), las cuales se impondrán a la parte que vea desestimadas íntegramente sus pretensiones.

En segunda instancia, las Sentencias confirmarán o anularán («casarán», si el recurso es el de casación) la Sentencia de primera instancia objeto del recurso. También aquí habrá un pronunciamiento sobre las costas.

(4º Bis.- Votos particulares.)

Cuando las Sentencias son dictadas por Tribunales (no por Juzgados) se aprueban por mayoría absoluta de los votos de los Magistrados que formen la Sala o Sección sentenciadora. El resultado de la votación no se hace constar en el texto de la Sentencia.

Pero a veces ocurre, sobre todo cuando el asunto resuelto en la Sentencia es muy relevante o resulta polémico, que los Magistrados que votan en contra del fallo aprobado quieren hacer público el sentido de su voto y la fundamentación del mismo. Para llevarlo a efecto se formula por escrito un «voto particular», una especie de resolución alternativa, con su correspondiente fundamentación jurídica y fallo, que forma parte como anexo del texto de la Sentencia (art. 260 LOPJ). Las Sentencias que cuentan con votos particulares discrepantes suelen ser muy interesantes porque permiten observar el planteamiento de debates jurídicos de gran altura.

Firma, publicación y lectura en audiencia pública.

Las Sentencias deben ser firmadas por los Jueces y Magistrados que las dictan.

Una vez firmadas, las Sentencias son públicas y se depositan en la Oficina judicial, debiéndose permitir «a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas» (art. 266.1 LOPJ). Además, el Consejo General del Poder Judicial realiza la publicación oficial de la jurisprudencia de los diversos Juzgados y Tribunales, a través del órgano técnico denominado Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), quien la pone a disposición del público en general, de forma gratuita, a través de la página web del Poder Judicial.

Las Sentencias deben ser leídas en audiencia pública, si bien esto es algo que, en la práctica cotidiana, es completamente inusual. Por eso, la inmensa mayoría de las Sentencias acaban con una proclamación («fue leída celebrando Audiencia Pública») que no se corresponde en absoluto con la realidad.

Notificación

Por último, aunque esto no forma parte del texto de la Sentencia, en la notificación de la Sentencia a las partes del pleito se debe indicar» si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello« (art. 248.4 LOPJ). Esta indicación, llamada «pie de recurso», se incluye a veces en los textos de las Sentencias contenidas en las bases de datos de jurisprudencia.

Aquí tenemos un ejemplo de una Sentencia reciente en la que he resaltado cada una de sus partes y lo esencial de su contenido. Se trata de una breve Sentencia de primera instancia, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se decide acerca de un asunto relativamente sencillo, por lo que resulta ideal para comprobar cómo se desarrolla el esquema antes descrito.


¿Cómo llegar a comprender lo que se dice en una Sentencia?

Conviene empezar teniendo claro su esquema. Y luego, leerla detenidamente y con mucha perseverancia. Decía una coplilla popular que «Nadie entiende al abogado cuando de su ciencia explica, menos aún al magistrado que latines multiplica, pero el pobre ciudadano si la sentencia ha leído, siempre se queda dudando si es que ha ganado o perdido porque lo declara un fallo»  (cita tomada de MUÑOZ ÁLVAREZ, Guadalupe: «La modernización del lenguaje jurídico», Diario La Ley, 7384, 20 de abril de 2010).

Entender bien una Sentencia va a requerir concentración y realizar un considerable esfuerzo intelectual, pero merece la pena.

Aun así hay sentencias que no se llegan a entender bien. No ya la decisión tomada, ni el porqué de la misma, sino el lenguaje utilizado para justificarlas. Por eso, el lenguaje de las Sentencias merecerá varias entradas aparte en este blog.

No hay que desesperar; la tenacidad es aquí también parte del estilo.

P.S.: Para los estudiantes que ya se iniciaron en la lectura de Sentencias, les puede ser útil consultar la entrada sobre cómo realizar un comentario de Sentencia.

Estándar