Estilo de escritura, General, Introducción al Derecho

La titulación de las normas (I): ortografía


Si el lector de estas líneas se desenvuelve en el ámbito del Derecho, posiblemente se habrá encontrado, en algunas ocasiones, con pequeñas dudas sobre la manera correcta y exacta de escribir el nombre de una norma jurídica. Para seguir intentando despejar esas dudas, en esta entrada continuamos con el análisis de cómo se lleva a cabo, en España, la denominación oficial de las normas jurídicas.

Recordemos que ese nombre oficial se plasma, desde 1959, así:

tipo de norma + numeración + fecha + título de la norma

O sea, en un ejemplo reciente:

Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos

Ya vimos en entradas anteriores la manera de designar el tipo de norma y la configuración de su numeración y fecha. Toca ahora, por tanto, ver el postrero de esos componentes: el título. Comenzaremos, en esta primera entrada dedicada al título, por tratar la cuestión de su ortografía.

Pero antes de entrar en el meollo del asunto, recordemos algunas reglas de ortografía referentes a los anteriores componentes. Así: el tipo de norma se escribe con mayúsculas iniciales (en todas sus palabras); la numeración, la fecha y el título se separan mediante comas; y en la fecha se expresa el número del día en cifra y con letra (siempre con minúscula inicial) el nombre del mes.

Pasamos ahora a los dos problemas que puede plantear la ortografía del título de la norma, que son la puntuación y, sobre todo, el uso de las mayúsculas.


Puntuación

No he encontrado ninguna norma específica referida a la puntuación de los títulos de las normas jurídicas en la actual Ortografía de la Real Academia Española (RAE), por lo que entiendo que se deben seguir las normas generales sobre el uso de los signos de puntuación. Dado que el título pretende ser una expresión sintética que, en una frase, indique el contenido de la norma, si se usan signos de puntuación estos serán, generalmente, sólo comas.

Un ejemplo de norma en cuyo título se emplean comas, en este caso para enunciar los miembros de una coordinación copulativa, es este: la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.


Uso de mayúsculas

En esta cuestión conviven dos preceptivas diferentes. Por un lado, la ya mencionada Ortografía de la RAE. Y por otro lado, las Directrices de técnica normativa (aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005); estas Directrices son una herramienta con la que se pretende “elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayudar a utilizar un lenguaje correcto”.

Ocurre que, como se mostrará a continuación, parece haber una cierta discordancia entre lo que preceptúan las normas de la ortografía y lo que señalan los usos establecidos de técnica normativa.


A) Según la Ortografía académica

Ya se vio en otra entrada de este blog que la Ortografía oficial es reacia a la extensión del uso de las mayúsculas. Aun así, la actual Ortografía de la RAE contiene dos reglas específicas sobre el uso de las mayúsculas en la titulación oficial de las leyes en español. Me llama la atención que, quién sabe si imbuidos de la doctrina jurídica alemana, nuestros académicos incrustan en estas reglas lo que a todos luces podríamos considerar dos conceptos jurídicos indeterminados. Las reglas académicas son las siguientes:

1.- Se escriben con mayúscula inicial “todas las palabras significativas del título” de los textos legales.

El problema estriba en saber cuáles son, en cada caso concreto, esas “palabras significativas”.

Podría pensarse que lo son todos los sustantivos presentes en el título, y tan sólo los sustantivos, excluyéndose al resto de categorías gramaticales (artículos, pronombres, verbos, conjunciones, etc.). Pero el caso, es que en ocasiones también aparecen en mayúsculas los adjetivos. Precisamente, el ejemplo mencionado en este punto en la Ortografía de la RAE es la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, la cual, como se aprecia, lleva en mayúsculas todos sus sustantivos y adjetivos.

También cabría entender que son “palabras significativas” del título aquellas (ya sean sustantivos o adjetivos) que permiten una más rápida identificación y comprensión del contenido, las palabras denotativas del núcleo de lo que se regula.

2.- No obstante lo anterior, “cuando el título de una ley es muy largo, la mayúscula se aplica sólo al primer elemento, y se delimita la extensión mediante la cursiva o las comillas”.

Nuevamente, se introduce una noción no del todo precisa: la extensión “muy larga” del título. Para orientarnos mejor, el ejemplo que ofrece la Ortografía de la RAE de esto es la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.


B) Según las Directrices de técnica normativa

Las Directrices de técnica normativa  tratan la cuestión del uso de las mayúsculas en los títulos de las normas en su Anexo V.

Al igual que la Ortografía de la RAE, las Directrices también parten del principio general de que el uso de las mayúsculas debe restringirse lo máximo posible, por lo que proponen “que los títulos de las distintas disposiciones se escriban en minúscula”. Pero aun así, admiten tres excepciones en las que se pueden usar las mayúsculas, si se dan estas circunstancias:

1.ª Que el título sea de extensión breve. Se pone como ejemplo la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2.ª Que la norma realice una “regulación completa de la materia”, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3.ª Que la norma regule órganos constitucionales y “grandes referentes legislativos del ordenamiento”. Ejemplos de ello serían, según las propias Directrices, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General.

Como se ve, las dos últimas excepciones al uso de las minúsculas tienen un neto cariz jurídico, de teoría general de las fuentes, que contrasta con los enunciados de las normas de la Ortografía de la RAE.


El lector atento de esta entrada habrá percibido ya que los títulos de las Leyes publicadas no siguen siempre las leyes de la Ortografía oficial. Fíjese, si no en la primera de las normas citadas aquí, la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. De extensión en modo alguno larga y con “palabras significativas”, pero en minúsculas.

Sí, persiste una cierta incertidumbre.

P.S. Curiosamente, como se puede ver en la foto de portada, parece que esto no supone problema alguno en la República Federal de Alemania. En el país que fue la cuna de la doctrina de los actos jurídicos indeterminados, la cuestión estaría resuelta taxativamente en el propio idioma alemán: la regla ortográfica general es que todos los sustantivos van en mayúsculas. Unido al extendido uso de las palabras compuestas en la lengua germana, asunto arreglado.

Anuncios
Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura, Jurisprudencia, Sentencias

Cómo citar Sentencias (I): Sentencias de Tribunales españoles


Recuerdo con especial cariño un estupendo manual de Derecho que utilizamos durante la carrera y que he seguido usando a menudo posteriormente. Era, y es, un manual de referencia en la materia, por su profundidad, visión global y análisis de cada institución jurídica.

Pero a mí había algo que me llamaba la atención, sobre todo cuando empezaba a ejercer y quería echar mano del manual para preparar los pleitos. Y era la forma tan etérea que tenía ese buenísimo manual de citar las Sentencias que mencionaba. Así, por ejemplo, decía: “Según algunas Sentencias como las de 25 de enero de 1982, 22 de diciembre de 1997, 17 de febrero de 1998, etc.”. Entonces, uno intentaba buscar, pongamos por caso, esa Sentencia de 22 de diciembre de 1997. Ocurre que, suponiendo que la Sentencia citada fuera del Tribunal Supremo (cosa que tampoco se especificaba en el manual), tras la búsqueda resultaba que el 22 de diciembre de 1997 el Tribunal Supremo dictó al menos ¡71 Sentencias! Uno tenía entonces que armarse de paciencia para llegar, si es que llegaba, a la que suponía que era la Sentencia citada.

Evidentemente, no podemos hacer esto en nuestros escritos procesales, que se guían, ante todo, por la eficacia en la comunicación. En el foro, cuando queremos referirnos a una Sentencia determinada tenemos que hacerlo con toda precisión. Y además, facilitando lo más posible que el Juez pueda llegar a esa Sentencia.

Ocurre que, en España, las Sentencias no se conocen por el nombre del caso o de los litigantes; salvo contadísimas excepciones, como la del caso Gürtel, o la del caso RUMASA o la del Estatuto de Cataluña. Es más, no hay establecido (al menos que yo conozca) un sistema estandarizado y usual de realizar la cita de las Sentencias de nuestros Tribunales.

Por eso, el tema de esta entrada es cómo puede indicarse la referencia correcta de las Sentencias que citamos en los escritos procesales. Es una entrada enfocada a la práctica forense; en otros ámbitos, como el de la confección de trabajos académicos, se pueden encontrar diversas guías muy útiles para citar Sentencias, elaboradas por algunas universidades, como la de la Universidad Autónoma de Madrid, la de la Universidad de Alcalá de Henares, o el video tutorial de la UNED.

Quede claro que no pretendo aquí sentar cátedra o elaborar unas normas de estilo. Nada de eso. Intentaré, sencillamente, exponer qué problemas sobre esta cuestión me he ido encontrando a lo largo de mis años de práctica profesional y explicar qué es lo que yo hago actualmente. Es un itinerario personal que, como quedará patente en esta entrada, continúa todavía abierto.

Empezaremos por la cita de sentencias de (y ante) Tribunales españoles.


Objetivos

Me parece que resulta necesario tener claro los objetivos que se pretenden alcanzar con la cita de la sentencia. Según mi experiencia, los criterios generales que resultan atendibles, serían, por su orden:

  • 1º.- Que la referencia permita una identificación inequívoca de la Sentencia citada. Como ya se indicó antes, es esencial que al lector (el órgano judicial y las restantes partes) no le quepa duda alguna de cuál es la concreta sentencia indicada.
  • 2º.- Que se entienda fácil y rápidamente a qué Sentencia nos referimos. Es decir, que la indicación no sea demasiado larga ni farragosa, de tal manera que la lectura de la referencia no produzca rechazo y que con un vistazo rápido se tenga una idea clara.
  • 3º.- Que facilite lo más posible acceder al texto de la Sentencia. Para esto es fundamental que se explicite en la cita de la Sentencia la referencia de la misma en alguna base de datos de uso habitual.

A partir de aquí…


Cita de Sentencias, en general

1º.- Los elementos esenciales que permiten individualizar una Sentencia de un Tribunal español son estos:

  • Tribunal que la dicta.
  • Sala. En algunos Tribunales existen varias Salas, dedicadas cada una de ellas a un orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, e incluso, en el caso del Tribunal Supremo, Militar.
  • Sección. Las secciones se forman dentro de una Sala. Se componen de varios Magistrados y se suelen especializar en una determinada materia de esa jurisdicción. Así, en la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) existen en la actualidad siete secciones.  Por ejemplo, dentro de esa Sala 3ª, la Sección 2ª, que dictó la sentencia antes referenciada, se ocupa de los asuntos en materia tributaria. No en todas las Salas de todos los Tribunales existen secciones.
  • Número de la Sentencia. Cada Tribunal (o cada Sala cuando hay varias en el Tribunal) lleva una numeración de las Sentencias que dicta a lo largo de un año. A semejanza de lo que ocurre con la numeración de las normas, se expresa con el número secuencial y el año, separados por una barra.
  • Número del recurso (o del asunto) resuelto por la sentencia.
  • Fecha en que se dicta.

Este es un ejemplo de identificación completa de una Sentencia con todos esos elementos:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 2ª) nº 1531/2018 (recurso nº 1168/2017) de 23 de octubre de 2018

2º.- Pero, en aras de la concisión, ¿deben incluirse todos estos elementos en la cita de la Sentencia?

Yo confieso que, para no hacer la referencia extensa y llena de cifras, tiendo a suprimir algunos de esos elementos en mis escritos. Así, no incluyo nunca el número de recurso o de asunto. Tampoco suelo poner el número de la Sentencia, por la razón que luego explicaré. Es raro también que indique la Sección.

La referencia de la Sentencia anterior, normalmente, la haría así (añadiendo, eso sí, el número de referencia de la bases de datos) :

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (Aranzadi JUR\2018\285131)

Aparte de esos elementos, ¿habría que incluir otros?

Creo que con lo anterior (incluyendo el número de referencia de la base de datos) es suficiente para lograr la identificación inequívoca de la Sentencia.

Pero, en ocasiones, en los escritos procesales nos interesa añadir otros elementos adicionales. No ya para facilitar la identificación, sino por motivos puramente argumentativos: para dejar claro, ya en la propia referencia, la relevancia que tiene la Sentencia que citamos para la interpretación del Derecho que nosotros defendemos. Así:

  • Si resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina o en interés de ley. En tal caso, lo dictaminado en dichas Sentencias debe seguirse por las Sentencias de Tribunales inferiores.
  • Si la Sentencia se dictó por el Pleno del Tribunal o de la Sala. Ello es relevante porque esa Sentencia marca la linea que deben seguir todas las Sentencias posteriores de las Salas o Secciones de ese Tribunal.
  • Quién es el ponente (el Magistrado encargado de redactar el texto de la Sentencia). Esto me parece que puede ser útil (a efectos del refuerzo argumentativo) en los casos en que la Sentencia que citamos es de la misma Sala a la que dirigimos nuestro escrito.

3º.-Facilitar el acceso al texto de la Sentencia.

Para esto es imprescindible indicar el número de referencia que tiene asignada la Sentencia en la bases de datos de la que la hemos extraído. Así además, puesto que se asigna un número de referencia a cada Sentencia, nos podemos ahorrar de paso la indicación del número de Sentencia del propio Tribunal.

Cada editorial le asigna un número de referencia propio (e incluso, alguna, como Aranzadi tiene, o tenía, nomenclaturas diferentes según las diversas secciones de sus bases de datos). Por seguir con el ejemplo de la anterior Sentencia del Tribunal Supremo, dicha Sentencia se identifica en la base de datos de la editorial Aranzadi como JUR\2018\285131, en La Ley Digital como  147167/2018, en Tirant on Line como TOL 6.864.403 y en el CENDOJ como 28079130022018100218.

Hace tiempo que yo tenía claro que la cita del número identificativo de la base de datos era esencial, imprescindible. Pero a la hora de incluirlo, y puesto que el Juez o Tribunal destinatario del escrito procesal puede no usar la misma base de datos que yo cito, sino otra diferente, siempre tenía el temor de que esto no facilitara suficientemente el acceso al texto de la Sentencia citada.

Hasta que, recientemente, llegó el ECLI. El European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia) es un número de referencia para todas las Sentencias dictadas, bien por Tribunales nacionales bien por Tribunales europeos, en el ámbito de la Unión Europea. El identificador se construye con cinco elementos obligatorios, que resultan fácilmente comprensibles:

Así, queda resuelto cualquier problema tanto identificativo como de acceso a la Sentencia, puesto que todas las bases de datos recogen, aparte de su referencia propia, el ECLI. Y la cita de la Sentencia del ejemplo queda así:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 23 de octubre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:3519)


Algunas especialidades a tener en cuenta según los Tribunales

Sentencias del Tribunal Constitucional

Yo sigo la práctica de identificarlas únicamente por su número, porque me parece que es suficiente y que con ello basta para acceder a su texto fácilmente a través de la base de datos del propio Tribunal Constitucional. Así: STC 3/2018.

Por otra parte, puede resultar interesante, a efectos argumentativos, indicar el tipo de conflicto o recurso que resolvió la Sentencia.

Sentencias del Tribunal Supremo

Hay que tener en cuenta especialmente lo que ya se dijo sobre la conveniencia de indicar si la Sentencia es del Pleno. Así como si resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina o en interés de ley.

Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia

A la hora de identificar correctamente el Tribunal, conviene tener en cuenta que existen algunos Tribunales Superiores de Justicia que se encuentran repartidos en varias sedes, por lo que hay que indicar cuál es la sede que dictó la Sentencia. Es el caso del Tribunal Superior de Andalucía (con Salas en Sevilla, Granada y Málaga), el de Castilla y León (Burgos y Valladolid) y el de Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

También puede resultar interesante indicar, en su caso, si la Sentencia se dictó en casación contencioso-administrativa autonómica o en interés de ley.

Sentencias de Audiencias Provinciales

Aquí también hay que tener la precaución de indicar la Sección, cuando la Audiencia Provincial en cuestión cuenta con Secciones que no están ubicadas en la capital de la provincia. Ocurre, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz y su Sección en Mérida.


Y al final…

El lector atento de esta entrada, posiblemente, haya llegado ahora a la misma conclusión que yo. En la actualidad, la manera más segura de individualizar la Sentencia en nuestro escrito y, sobre todo, de asegurarse de que se puede acceder fácilmente a su texto es: ¡insertar el hipervínculo!

Estándar
Actuaciones judiciales, Juicios

Oratoria forense: una historia


Esta entrada surge como respuesta a un reto. O, mejor dicho, debería haber sido la respuesta a un reto.

Mi admirado compañero Óscar Fernández León, el auténtico gurú de las habilidades prácticas de la abogacía, fue quien me lanzó el guante: ¿por qué no haces en tu blog una entrada sobre el lenguaje verbal a emplear durante el alegato? La idea es muy buena. Y le agradezco a Óscar su confianza en mis aptitudes.

Pero lamento decepcionar, yo no puedo estar a la altura del desafío. Por supuesto, el nivel de mi modesto blog queda muy lejano del de Óscar. Y no tengo ni la práctica ni los conocimientos suficientes para afrontar tal tarea; ya quisiera yo.

Por añadidura, acaso yo esté en el bando de los descreídos de la oratoria forense. Si el que probablemente fue uno de los mejores alegatos en juicio de la historia no pudo evitar la condena a muerte del acusado, ¿qué cabe esperar de nuestros humildes informes? Además, suelo acudir a un ámbito (contencioso-administrativo) en el que los alegatos orales, pienso, no tienen demasiada relevancia.

No obstante…

Voy a contar una historia real. O más bien intentaré describir un momento (si es que resulta posible -y no es mera entelequia- rememorar con exactitud lo ocurrido, traerlo de nuevo y ofrecerlo a los demás que no lo vivieron, con la ilusoria intención de que ellos puedan también llegar a percibir un instante especial al que no asistieron). Por eso, esta vez me apartaré, advierto, del estilo habitual de este blog.

Esta es la historia.

Ocurrió, si la memoria no me falla, hace unos cinco o seis años. Durante ese curso, yo impartía una asignatura que, entre otros temas, incluía el estudio de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como el grupo de alumnos no era grande, diseñé una práctica que consistía en la asistencia de todos ellos, durante una mañana completa, a los juicios que iban a celebrarse en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Soy muy consciente de que el éxito de una actividad práctica de ese tipo requiere una preparación concienzuda. Amén de realizar una serie de ejercicios preparatorios para que conociesen las claves de los procedimientos judiciales, convine con el Magistrado, una persona muy asequible y dispuesta, en que, antes del día del juicio, yo consultaría los expedientes para confeccionar para los alumnos un breve resumen escrito de cada uno de los asuntos. Quería conseguir que los estudiantes tuvieran una idea previa de qué era lo que se iba a discutir en la vista oral, porque, de lo contrario, como todos sabemos, resulta prácticamente imposible enterarse bien de lo que ocurre en el acto del juicio.

Así que dos o tres días antes de celebrarse los juicios pasé unas buenas horas en el Juzgado leyendo detenidamente cada expediente judicial para resumirlo en unas fichas que luego entregaría a los alumnos. Había bastante variedad. Pero recuerdo que me tuve que emplear a fondo especialmente en uno de los asuntos. Era una demanda enmarañada, con muchos párrafos de relleno dedicados a trascribir sentencias, mezclando hechos y fundamentos de Derecho, y un suplico muy deficiente. Un engendro (sobre todo para mí, que, como ya sabéis si seguís este blog, soy un auténtico tiquismisquis del estilo procesal claro y correcto). Por lo que conseguí entender a duras penas, después de maldecir y volver a leer varias veces, la empresa recurrente estaba impugnando una multa impuesta a raíz de una actuación inspectora, con fundamento en una supuesta violación de sus derechos fundamentales. Un caso en el que el recurrente se agarraba a hipotéticos defectos formales frente a unos hechos claramente probados y constitutivos de infracción. Uno de esos cientos de casos que convierten las apelaciones a la vulneración de un derecho fundamental en prácticamente una cláusula de estilo vacía.

Llegó el día de los juicios. Los estudiantes, nerviosos y expectantes, llenaban la sala de vistas. El Magistrado anfitrión, que además de ser amable tenía vocación pedagógica, iba haciendo, antes de que comenzara cada juicio, una pequeña presentación del asunto (sin presencia de las partes, por supuesto). Así fueron sucediéndose en los estrados los abogados de los recurrentes y de las Administraciones recurridas: un joven abogado (que había sido alumno nuestro escasos años antes), nervioso y visiblemente inseguro, intentando que se anulara una multa de tráfico; el habitual tono casi monocorde de los letrados de la Administración; un compañero mío de promoción defendiendo de oficio, con aplomo, energía y hábil manejo de la jurisprudencia, un asunto de extranjería; la siempre curiosa escena de unos funcionarios licenciados en Derecho defendiéndose a sí mismos…

Y llegó también el turno del asunto de la empresa sancionada. Como me imaginaba, el Magistrado, en su presentación, nos indicó que se trataba de un caso bastante claro, porque las pruebas recabadas por la Administración resultaban abrumadoras. Habiendo leído la demanda, tan defectuosa a mi juicio, no esperaba yo gran cosa de esta vista.

Aún ahora (o tal vez precisamente por eso) no sabría decir qué tuvo de especial el alegato de ese abogado. No empleó un lenguaje elevado, ni figuras retóricas reconocibles. No usó tecnicismos jurídicos. Sólo de pasada mencionó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Aunque se le notaba con experiencia, tampoco fue un discurso fluido en exceso: hacía interrupciones, y hasta titubeaba a veces.

Quizás el secreto estuviera en que siguió una línea argumental única y muy clara. O en que cuestionó con firmeza y habilidad la obtención de las pruebas por la inspección, haciendo referencia concreta a los hechos del caso y poniendo ejemplos bien traídos. Pero tal vez fuera (o a lo mejor es sólo impresión subjetiva mía) que allí, en la persona de ese desconocido abogado, pudimos apreciar veracidad en la lucha por la Justicia. En su gestualidad, en las inflexiones de su voz, en lo que parecía a veces nerviosismo o inseguridad (más que en sus palabras), asistimos a la exteriorización de una agonía interior, de una honda convicción. Posiblemente, lo que más me llamó la atención entonces, y recuerdo todavía ahora a la perfección, era un gesto que repitió varias veces: el de interrumpir su discurso para juntar las palmas de las manos, llevárselas a los labios, inclinar levemente la cabeza y, cerrando los ojos, inspirar sonora y profundamente, antes de retomar de nuevo la palabra. Nos hacía percibir la respiración de la verdad.

Acabó el juicio. El tiempo pareció quedar suspendido. Todo el mundo guardaba silencio. El silencio necesario para asimilar lo allí ocurrido.

El rostro del Magistrado, que había sido de cansina indiferencia al principio de la vista oral, traslucía ahora una mezcla de asombro y cavilación. Dirigió unas palabras a los alumnos, con las que vino a decir que tendría que estudiar a fondo el asunto para dictar Sentencia.

Los estudiantes empezaron a cuchichear asombrados. Estaban convencidos de que el abogado recurrente llevaba la razón; la Sentencia le tenía que ser favorable, porque con su alegato los había persuadido a ellos y al Juez. Así me lo comentaron cuando salimos. Para ellos, la actuación del letrado había sido soberbia.

Este que he intentado diseccionar fue el momento que vivimos entonces.

Me dí cuenta, empero, de que si para alguien aquel momento resultaba una experiencia única, un instante realmente irrepetible, fue para mí. Además de observar el efecto de un buen alegato en el público, supuso un perfecto colofón para la práctica; no cabe duda de que los estudiantes aprendieron mucho. Me permitió también contemplar, como acaso nunca, el efecto del discurso de un abogado en el Juez. Y, más aún, consiguió que este humilde letrado descreído recuperase momentáneamente un pedacito de fe en la oratoria.


Estrambote discreto y/o pseudoepílogo

No hace mucho me encontré con aquel joven abogado, antiguo alumno, que defendió con nervios al sancionado por la infracción de tráfico. Recordamos aquello, y me confesó que aquel había sido su primer juicio. Menudo estreno: con la sala abarrotada de un público constituido por alumnos de tu antigua Facultad y, encima, con uno de los profesores que tuviste en materia de Derecho Administrativo.

Lo ganó.

Imagino que el lector se preguntará qué ocurrió con el pleito de la empresa sancionada por la inspección ¿Consiguió el abogado, con su simpar alegato, una Sentencia favorable?

Yo también me lo pregunté. Pero nunca llegué a planteárselo al Magistrado.

 

Estándar
Escritos procesales, Estilo de escritura

Más formulismos abogadiles


Ya publiqué, hace un tiempo, una entrada sobre esas expresiones estereotipadas propias de leguleyos que todavía insertamos los Letrados en los escritos procesales: los formulismos abogadiles.

El uso de los formulismos abogadiles tiene, cuando uno empieza a ejercer, un efecto psicológico tranquilizador fundamental. Parece que insertarlos nos da esa pátina de experiencia que necesitamos proyectar. Sentimos que usarlos es de iniciados, porque sólo quien pertenece al foro ha podido llegar a conocer estos arcanos. Y quizás por eso, asumimos, sin mayor cuestionamiento, que es propio de buenos abogados el emplearlos siempre que haya ocasión.

Pero, después de años de experiencia, parece conveniente ir soltando lastre. Porque uno, a poco que se lo plantee, acaba dándose cuenta de que todos estos formulismos tienen algo en común: que pueden ser omitidos sin mayor problema. Es más, la claridad, requisito imprescindible del buen estilo, nos exige su supresión.

Así que aquí voy a ampliar lo que ya dije, y continúo añadiendo algunos pocos formulismos más a mi particular (y personalísima) lista negra de expresiones a desterrar.


–  «Al Juzgado de Primera Instancia de [localidad] que por turno corresponda».

De esta manera se encabezan habitualmente los escritos con los que se ejercita una acción judicial: demandas, querellas, interposiciones de recursos contencioso-administrativos, etc.

En las localidades donde hay más de un Juzgado o Tribunal de la misma clase, el escrito, al ser el primero que se presenta sobre ese caso ante la Justicia, no puede tener un órgano judicial concreto como destinatario, porque es susceptible de recaer en cualquiera de los de esa clase en esa ciudad. No podemos dirigir sin más una demanda,  por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, o un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz; no existe el derecho a elegir el Juzgado que queremos que lleve nuestro pleito. ¿Cómo solucionar este pequeño inconveniente? Pues utilizando este tradicional formulismo: decimos que vaya al «que por turno corresponda».

El artículo 167.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que en estos supuestos  (dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional en una misma localidad), los asuntos se distribuirán entre los Juzgados y Tribunales «conforme a normas de reparto prefijadas». Y es el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente, bajo la supervisión del Juez Decano (art. 167.3 de la LOPJ), quien los envía al concreto Juzgado que se va a encargar del caso, conforme a las normas de reparto (el «turno») previamente establecidas.

En la práctica diaria actual, en la que para presentar escritos se utiliza la plataforma informática LexNet, este tipo de escritos se encuadran dentro de la categoría de «escrito iniciador de asunto»; y como tales, la aplicación sólo nos permite enviarlos a la «Oficina de reparto» del orden jurisdiccional correspondiente, que es donde se procederá conforme a lo antes explicado. Como se ve, insertemos o no este formulismo, el camino que seguirá nuestro escrito será exactamente el mismo. Una buena razón para suprimirlo.

Y aún hay una razón adicional para este desmoche. En vez de decirse «que corresponda por turno» (no recuerdo haberlo visto así nunca), se introduce una especie de anástrofe mediante el cambio del orden sintáctico habitual en la actualidad de esas palabras. Amén de innecesario, arcaizante.


– «Lo cierto y verdad es que…»

Se trata de una fórmula con la que se suele introducir nuestra versión de los hechos, contraria a la de la parte adversa.

Además de formulismo, es este otro pleonasmo más (salvo que existiera algo que, siendo cierto, pueda al mismo tiempo no ser verdad).

Y manifiesta, como suele ocurrir con los pleonasmos, una cierta debilidad de la postura mantenida, que se intenta camuflar con la reiteración.


– «…y con expresa imposición de costas a la parte contraria».

Esta expresión suele cerrar el suplico (o mejor, solicito) de los escritos de demanda.

Todas las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso (con algunas contadas excepciones) deben contener un pronunciamiento sobre a quién le corresponde el pago de las costas procesales: el Juez o Tribunal tiene que decidir si las costas se imponen a una parte, a la otra, o no se imponen a ninguna. Por eso, no tiene sentido pedir que la imposición de costas sea «expresa». Si el Juez o Tribunal, como es su obligación, resuelve sobre las costas, y lo hace imponiéndolas a la otra parte, sólo lo puede llevar a cabo de manera expresa; no caben aquí condenas implícitas ni silencios positivos.

Creo que aquí subyace un matiz psicológico, en un doble sentido: por una parte, de cara al contrario, el formulismo se usa con una cierta intención de amedrentarle, poniéndole de frente ante el peligro que corre de perder el pleito y cargar con las costas que tan fieramente pedimos; y por otra parte, sirve, pretendidamente, para amarrar aún más nuestra petición.

P.S.: Reflexionando para confeccionar esta entrada, e imbuido de cierto prurito recortador, me surgió una cuestión a lo que no he conseguido todavía dar una respuesta terminante. Planteo aquí esta cuestión a los abogados litigantes y/o expertos procesalistas que lean esto: ¿y por qué seguir pidiendo en nuestro escrito la condena en costas? El Juez tiene que tomar necesariamente, porque está obligado por las distintas leyes procesales, una decisión sobre las costas. Y debe resolver sobre ello en todos los casos, se haya pedido por las partes la condena a las costas o no.

Estándar
Introducción al Derecho

10 enunciados sobre las fuentes del Derecho que (quizás) ya no valen (o quizás sí)


Cuando, después de transcurridos más de diez años desde el final de la carrera, volví a la Facultad para dar clases, pude constatar dos circunstancias en relación con las fuentes del Derecho que me resultaron llamativas. La primera, que el tema de las fuentes había ampliado su espectro: ahora se trataba, de forma harto recurrente, en buena parte de las asignaturas, y en cada una con diversos matices, cuando no de manera contradictoria. Y la segunda, que algunos «dogmas» establecidos sobre las fuentes cuando éramos estudiantes (en mi caso, allá por los años ochenta), habían sido objeto de revisión o son fuertemente cuestionados.

Fácilmente se comprenderá que esta entrada no puede ser un estudio sobre las fuentes del Derecho. Su intención, muchísimo más modesta, es enumerar algunas de las afirmaciones que en su momento estudiamos y exponer en breve por qué ahora, posiblemente, ya no resultan indiscutibles. Creo que así podrá ser de utilidad para los estudiantes y para los prácticos. Para los estudiantes, porque desterrarán concepciones erróneas y estimularán su sentido crítico. Para los prácticos (en especial los de mi generación), porque refrescaremos conocimientos que tal vez tengamos un tanto oxidados.

(Soy consciente de que este tema de las fuentes, que es percibido como pilar básico del conocimiento del Derecho, puede dar lugar a furibundas polémicas y acusaciones cruzadas de ignorancia jurídica supina. Aun así, me arriesgo a tratarlo aquí. Pero, por favor, no disparen a matar sobre este humilde pianista)


1.- «La regulación de las fuentes del Derecho es la existente en el Código Civil»

Nuestro Código Civil establece una regulación general en el primer capítulo («Fuentes del Derecho») de su Título Preliminar, compuesto únicamente por los artículos 1 y 2. Dicha regulación entró en vigor a partir del 29 de julio de 1974.

Pero, debido a la evolución normativa producida con posterioridad, esa no es actualmente toda la regulación, ni, quizás, sea ya la más relevante. Existen ahora normas de Derecho de la Unión Europea, así como preceptos de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, que inciden en la ordenación de las fuentes del Derecho. Entender cabalmente la estructura del ordenamiento jurídico y la determinación de las fuentes del Derecho exige tener en cuenta esos otros preceptos. En este cuadro explicativo tenemos una panorámica de las normas que es preciso estudiar para empezar a orientarse correctamente.

Además, el contenido de los artículos 1 y 2 del Código Civil, como veremos a continuación, resulta a veces de dudosa aplicación, o ha de matizarse mucho.


2.- «Los principios generales del Derecho solo se aplican en defecto de Ley o costumbre»

Así lo dice el art. 1.4 del Código Civil, que luego añade que esto no obsta a que tales principios generales tengan un «carácter informador» del ordenamiento jurídico.

El que sean fuente de Derecho de aplicación tan solo supletoria (es decir, cuando no hay ni ley ni costumbre) queda contradicho por el hecho de que determinados principios generales del Derecho han sido constitucionalizados, o incluidos en normas legales. En particular, su constitucionalización como tales principios (art. 9.3, fundamentalmente) permite que determinados principios generales ocupen un escalón jerárquico superior a las leyes, y, por lo tanto, que las leyes deban anularse en caso de contradicción con los mismos.

En cuanto a su carácter meramente «informador», el mismo queda desmentido por la profusión de aplicación de los principios generales en la práctica jurídica. Es fácil, y sucede en numerosos pleitos, que las partes invoquen tal o cual principio general, y que los Jueces los apliquen (los invocados u otros diferentes) para la resolución de litigios.


3.- «La jurisprudencia no es fuente de Derecho»

Es claro que el art. 1.1 del Código Civil no incluye a la jurisprudencia en la enumeración de fuentes del Derecho. Aunque el art. 1.6 alude a que «complementará» el ordenamiento jurídico.

Esto ya fue una cuestión muy discutida en su momento, con parte de la doctrina entendiendo que se trataba de una fuente complementaria.

En la actualidad, está plenamente consolidada la concepción del Tribunal Constitucional como «legislador negativo»: puede anular normas con rango de ley y expulsarlas del ordenamiento jurídico. Además, sus llamadas «sentencias interpretativas» fijan la única interpretación posible que permite salvar la inconstitucionalidad de una ley impugnada o cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Por estas razones, algunos autores incluyen a las sentencias del Tribunal Constitucional dentro del esquema de las fuentes del Derecho, por encima de las leyes.

También los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa pueden anular normas, excluyendo del ordenamiento jurídico a aquellos reglamentos que sean contrarios a la Constitución o a las leyes (art. 106.1 de la Constitución).

Y, como se verá más adelante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resultado determinante para modificar principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.


4.- «Las Leyes Orgánicas tienen un rango jerárquico superior a las leyes ordinarias»

El Tribunal Constitucional acogió una concepción material, no formal, de las Leyes Orgánicas (STC 5/1981). Esto quiere decir que lo relevante es que son Leyes Orgánicas las que versan sobre las materias que la Constitución establece expresamente que deben ser reguladas por tal tipo de ley (arts. 81 y concordantes), siendo leyes ordinarias las que regulan el resto de materias. Aunque las Leyes Orgánicas deban aprobarse por mayoría absoluta, esta circunstancia no convierte por sí misma a una ley en Ley Orgánica. Solo lo será en función de la materia que regule.

Por esa razón, una Ley ordinaria que invada materias de Ley Orgánica es inválida. Y por el mismo motivo, una Ley Orgánica que entre a regular materias que no tiene reservadas resulta igualmente carente de validez. Esto supone que debe aplicarse el principio de competencia para resolver las relaciones entre ambos tipos de leyes.

No obstante, hay quien sostiene que, a pesar de esto, no se puede excluir una superioridad jerárquica (o una aplicación preferente) de las Leyes Orgánicas sobre las ordinarias en aquellos eventuales casos en que ambas leyes incidan sobre una misma materia y no haya una resolución del Tribunal Constitucional que resuelva el conflicto.


5.- «La Constitución es la “Norma Fundamental” en la pirámide de Kelsen»

No. Craso error.

En la concepción kelseniana del Derecho, la Norma Fundamental («Grundnorm») no es la Constitución. Ni siquiera la primera Constitución que haya existido. Puesto que la Teoría pura del Derecho de Kelsen se basa en que toda norma jurídica adquiere validez por la existencia de una norma previa superior, la propia Constitución necesita que haya una norma jurídica que le dé validez. Esa norma es la que Kelsen denomina Norma Fundamental: aquella que da validez a la primera Constitución. Pero no se trata de una norma de Derecho Positivo, sino de una norma «supuesta».

Aunque es habitual denominar a nuestra Constitución como «norma fundamental», hay que tener claro que ello no puede ser en el sentido kelseniano del término.


6.- «Los jueces no pueden inaplicar por sí mismos las normas con rango de ley»

Pues depende.

El enunciado es cierto si el Juez entiende que la norma con rango de ley es contraria a nuestra Constitución. Entonces no puede inaplicar sin más la ley, sino que está obligado a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y a resolver el pleito en consonancia con la respuesta que le dé el garante de la Constitución. Así se lo ordenan los artículos 163 de la Constitución y 5.2 de la LOPJ. Con una excepción: si se trata de una Ley anterior a la Constitución, sí que puede inaplicarla cuando entienda que ha quedado derogada por la norma constitucional.

Pero el enunciado no es cierto si la contradicción se da entre una Ley y una norma (cualquiera que esta sea) del Derecho de la Unión Europea. En tal caso, el principio de primacía del Derecho Comunitario (Sentencia Costa/ENEL y Sentencia SIMMENTHAL) le impone a los Jueces nacionales el mandato de no aplicarla si tienen clara la existencia de una contradicción insalvable entre la norma nacional y la de la Unión Europea; deben aplicar la norma europea.


7.- «No hay ninguna norma jurídica por encima de nuestra Constitución»

Como antes se ha dicho, está perfectamente asumida la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho nacional de rango infraconstitucional. Pero, habiendo sido considerada nuestra Constitución de 1978 la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento jurídico, ¿existe, o no, primacía del Derecho de la Unión Europea también sobre la Constitución?

Si en algo hay coincidencia, es en que la respuesta a esta pregunta no está clara todavía. O, al menos, el máximo intérprete de nuestra Constitución no lo ha dejado definitivamente sentado en la Declaración del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2014 (con tres potentes votos particulares discrepantes), en la cual estudió la compatibilidad de nuestra Constitución con los preceptos de la fallida Constitución de la Unión Europea que establecían expresamente la primacía. Nuestro Tribunal salvó la aparente contradicción entre ambas normas distinguiendo entre primacía y supremacía. Y dejó para un futuro la resolución de los problemas que se pudieran presentar de hipotéticos excesos del Derecho Comunitario respecto de la Constitución española.

Otra cosa es la opinión del Tribunal de Justicia de la UE. La Sentencia del TJUE de 11 de enero de 2000 (caso Kreil), declaró que la normativa alemana que prohibía a las mujeres prestar servicios de armas en el ejército era contraria a la Directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo. Con posterioridad, la República Federal Alemana cambió su Constitución para eliminar de la misma dicha prohibición. Quizá por eso, en la web EUR-Lex (portal oficial de la UE sobre su Derecho) se afirma rotundamente que «el Tribunal de Justicia consideró que las constituciones nacionales también están sujetas al principio de primacía. Por lo tanto corresponde al juez nacional no aplicar las disposiciones de una constitución contraria al Derecho europeo».


8.- «Solo son inconstitucionales las leyes contrarias a la Constitución»

No únicamente las contrarias a la Constitución.

También son inconstitucionales las leyes que contradigan lo que se denomina el «bloque de (la) constitucionalidad». El bloque de constitucionalidad está formado por todas aquellas leyes que «dentro del marco constitucional» se hayan dictado para «delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de competencias de éstas» (art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Incluye, por tanto, los Estatutos de Autonomía, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y las leyes previstas en el art. 150 de la Constitución.

E incluso, cuando se trate de controlar por el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad formal de una Ley, puede entrar a valorar para ello si se ha respetado la regulación del procedimiento legislativo establecida en los Reglamentos parlamentarios.


9.- «Los Estatutos de Autonomía tienen el mismo valor que el resto de Leyes Orgánicas»

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147 de la Constitución), siempre dentro del marco constitucional.

Aunque formalmente es una Ley Orgánica, tiene características propias que lo diferencian del resto de Leyes Orgánicas. Así, tiene un contenido mínimo fijado en la Constitución, y, sobre todo, su propio sistema de reforma que requiere inexcusablemente la concurrencia de los poderes legislativos autonómico y estatal (y que incluso en algunos casos exige su aprobación por referéndum). Esto ha llevado a considerar que los Estatutos ocupan una especial posición dentro del sistema de fuentes, con un rango superior al resto de leyes.


10.- «Solo es jurisprudencia la doctrina jurídica sentada por dos o más sentencias del Tribunal Supremo»

Puede que en su momento fuera así, por lo que establece el art. 1.6 del Código Civil.

Pero es claro que ya no:

  • Existen otros tribunales que pueden sentar jurisprudencia además del Tribunal Supremo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuanto al Derecho Comunitario; el Tribunal Constitucional, por lo que respecta a los preceptos y principios constitucionales; los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en lo referente a la interpretación del Derecho propio de su Comunidad Autónoma.
  • Desde 1990 (en virtud de la Ley de Procedimiento Laboral) existen los recursos de casación para la unificación de doctrina en diversas jurisdicciones. Dada la finalidad de este tipo de recursos, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, fija la doctrina para el futuro y para todos los Tribunales, sin necesidad de que dicha doctrina sea reiterada en una nueva Sentencia.

P.S.: Mi especial agradecimiento a mi compañera Isabel Vinagre por haberme ayudado en la confección de esta entrada. Y al Profesor Juan Antonio Doncel por comentarla.

Estándar
Actuaciones judiciales, Juicios

El informe (que no lo es)


Aún recuerdo bien el desconcierto que me producía aquello en mis inicios en la abogacía, cuando defendía mis primeros juicios. Una vez celebradas ya todas las pruebas y fijadas de manera definitiva las posiciones de cada una de las partes, justo cuando tenías los nervios a flor de piel, porque te disponías a realizar la intervención más relevante que, pensabas, tiene un abogado en una vista, los jueces te decían, más o menos solemnemente: «Sr. Letrado, para informe».

Y es que, en puridad, así es. La denominación legal y tradicional del discurso en el que cada parte defiende sus posiciones recapitulando lo ocurrido a lo largo del juicio es la de «informe». Repasemos si no:

Bien es verdad que las leyes procesales más recientes introducen también la variante «conclusiones». Así, el art. 433.2 de la LEC (para la determinación de los hechos), el art. 78.19 de la LJCA (para las vistas de los procedimientos abreviados) y el art. 87.4 de la Ley de la Jurisdicción Social.

En todo caso, las normas procesales coinciden en intentar sujetar lo más posible el informe a la estructura de hechos y fundamentos de derecho que tienen las demandas (o los escritos de calificación penales) y sus contestaciones, sin que se puedan solicitar en ese momento pretensiones diferentes a las ya formuladas.

Esta denominación es también la acogida por la Real Academia Española. En la definición de informe en su Diccionario (DRAE) figura, como tercera acepción, y referida precisamente al mundo del Derecho, la de «exposición total que hace el letrado o el fiscal ante el tribunal que ha de fallar el proceso».

¿Por qué pues mi desconcierto? Sin descartar que el principal factor de sorpresa entonces fuera mi bisoñez en el foro, el caso es que la palabra informe no me cuadra bien para un discurso de defensa en juicio.

El informe tiene la clara connotación de ser aséptico, meramente descriptivo. Por algo, en su primera acepción, el DRAE lo define como una «descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto». En los procedimientos administrativos y legislativos, un informe es una declaración de juicio emitida por un órgano en relación con determinados aspectos que plantea ese procedimiento. Además, la emisión de informes es más propia de otras y múltiples profesiones que no son la de abogado: médicos, científicos, peritos varios, detectives privados… Es más, estas dos clases de informes (como actuación en el procedimiento para ayudar en que la toma de decisiones sea más acertada, y como soporte de la prueba pericial), aparecen mencionados, con esos sentidos, de manera mucho más numerosa en las leyes procesales. Es decir, el propio legislador tiende a usar «informe» con otros significados que no son el de discurso final.

Pero entonces, ¿qué otra palabra se podría utilizar? Para mí, hay una mucho más adecuada a la función que cumplimos en esta parte del juicio: «alegato».

Curiosamente, la Real Academia Española tiene varias acepciones en la definición de alegato en el DRAE, y asimismo incluye una aplicable al mundo jurídico. Para el DRAE, en Derecho el alegato es el «escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario» (una definición que, por cierto, podría servir para la demanda y su contestación, o para un recurso). Fijémonos en las diferencias que la Academia ve, jurídicamente, entre informe y alegato: el alegato no es verbal, sino escrito; no es total, por lo que no tiene por qué ser al final del proceso; y, además, corresponde solo a los abogados, no al fiscal. No encuentro esta diferenciación en las normas procesales españolas, en las cuales (salvo error por mi parte) no aparece en parte alguna la palabra alegato, ni con este significado ni con ningún otro.

Pero lo que es todavía más llamativo y sorprendente es que, como primera acepción, y no referida expresamente al mundo jurídico, el DRAE establece que el alegato es un «argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo». Es decir, aquí sí, justo lo que los abogados hacemos al final del juicio. Y por cierto, lo que recogen bajo tal denominación las Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional (regla 141.2).

Para mi gusto alegato suena más clásico. Remite a los discursos forenses señeros y ejemplares. Además, realizar un alegato resulta algo más propio y singular de los abogados que hacer un informe. Y por último, parece tener una connotación de unirnos más al cliente; no meramente de exponer unas conclusiones más o menos asépticas, sino de hablar en su favor.

Y hasta aquí mi pequeño informe sobre el informe, o, mejor, mi alegato por el alegato.

Estándar
Dudas de escritura, Escritos procesales, Estilo de escritura

Algunas dudas tontas, menores, ortográficas, que a uno le siguen asaltando a la hora de hacer escritos (IV)


El denominador común de este nuevo paquete de pequeñas dudas sin mayor importancia, cuarto ya de la serie, es el de girar alrededor de la tipografía o del formato de los escritos. Y, además, que a fuer de nimias y absolutamente personales son cuestiones todavía de menor relevancia si cabe que las anteriores. Por supuesto, que nadie intente extraer de aquí reglas ni orientaciones de aplicación general. Solo son mis opiniones, basadas en mi experiencia y en la idea genérica de facilitar, a quien está obligado a leernos, una lectura rápida, ágil y precisa.

Observará el lector también que algunas respuestas, después de tantos años, ya las tengo por completo claras. Además, incluso la Sala 3ª de nuestro Tribunal Supremo, causando enorme estrépito en las redes, ha venido a establecer una pauta de estilo en algunos de estos temas mediante su Acuerdo de 20 de abril de 2016 (por cierto, en algunos aspectos coincidiendo con lo que muchos ya hacemos).

Y  por si todavía faltara poco para dejar patente su insignificancia, resulta que muchas de estas cuestiones quedarán ya sin sentido cuando seamos al fin «papel cero».


IV.1.- ¿Presento el escrito impreso por una cara, o por las dos?

A favor de utilizar la doble cara está el ahorro en papel. Pero tiene dos inconvenientes importantes. El primero, que resulta más trabajoso de leer, porque hay que doblar el expediente judicial, lo cual no siempre es fácil. Y el segundo, que ante la coexistencia en los expedientes de folios tanto a una como a dos caras, puede ocurrir que alguien, de manera inadvertida, crea que nuestro escrito está a una cara y no lea el reverso o folio vuelto.

Por lo tanto, siempre a una sola cara. Menos barato, pero más ágil de lectura y más seguro.


IV.2.- ¿Qué márgenes utilizo?

Como sabemos todos los que estamos en el foro, los escritos que van emanando del juzgado y de las partes se taladran y se unen, mediante diversos sistemas de sujeción, en extensos tomos que van aumentado de grosor conforme avanza el procedimiento. Al menos hasta ahora, claro.

Esta circunstancia puede llegar a impedir la lectura de aquellos escritos que no tengan un margen izquierdo grande. Por eso, yo suelo usar un margen izquierdo de entre 3 y 3’5 cm, de tal manera que asegure que se pueda leer íntegro sin problemas.

El margen estándar de 2’5 cm solo lo empleo en los escritos en vía administrativa.


IV.3- ¿Qué tipo de letra es más conveniente?

Esto, evidentemente, es algo por completo personal. Yo utilizo, en escritos judiciales, la Times New Roman de 12 puntos. Cuestión de gusto y, me parece, de legibilidad. Coincido en esto con el Acuerdo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo. No obstante, en algunas partes del escrito (como encabezados y títulos) cambio el tamaño a 14 puntos.

Sin que sepa bien por qué, le cogí cierta manía hace tiempo a la letra Courier New, un tipo que suelen usar bastantes compañeros.

En escritos en vía administrativa, varío un poco: arial, garamond, arial narrow…


IV.4.- ¿Qué espacio dejo entre líneas?

El espacio sencillo me parece que fatiga en exceso la vista en los extensos expedientes judiciales.

Pero el de 1’5 lo veo demasiado grande. Así que, después de haber usado los dos, ahora utilizo uno intermedio: 1’2.

Estándar