Dudas de escritura, General, Introducción al Derecho, Vocabulario jurídico

Ley de Bases ≠ Ley básica


Con seguridad, a cualquier lector debidamente instruido en el idioma castellano estos dos términos le puedan parecer sinónimos estrictos: lo básico es lo que posee la condición de base de algo, luego una ley de bases debe ser una ley básica. Pero lo cierto es que, en nuestro ordenamiento jurídico español actual, tienen un significado muy diferente. Aunque parezca mentira, dada la similitud morfológica de sus denominaciones, hay un abismo conceptual entre ambos.

Esta semejanza en el nombre puede inducir a confusión, incluso, a quienes estudian Derecho. En esta entrada vamos a intentar dejar sentado el uso con propiedad, en el ámbito jurídico, de ambos términos.

Para ello, empezaremos distinguiendo bien qué son estos dos productos jurídicos tan diferentes, pero de nombre tan parejo.


Ley de Bases

Una Ley de Bases es el instrumento jurídico con el que se realiza una delegación legislativa con el fin de que el Gobierno apruebe posteriormente el Texto Articulado de una Ley (arts. 82.2 y 4 de la Constitución).

La delegación legislativa supone que una concreta norma aprobada por el Gobierno tiene el valor de Ley. Ello ocurre porque previamente así ha sido autorizado por las Cortes Generales mediante la aprobación por las mismas de una norma de delegación, en la cual fijan las condiciones en que el Gobierno debe aprobar esa norma delegada. Existen dos formas en las cuales las Cortes pueden proceder a la delegación legislativa: una, mediante una ley ordinaria, al objeto de que el Gobierno apruebe un Texto Refundido; y la otra, mediante una Ley de Bases, para aprobar un Texto Articulado.

Las Leyes de Bases son una técnica de delegación legislativa que se ha venido usando de antiguo en nuestro Derecho; así, el Código Civil de 1889, por ejemplo, fue fruto de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888.

Si bien la Ley de Bases es una ley, no resulta propiamente un texto normativo completo; de hecho, su contenido no lo constituyen artículos, sino «bases». Mediante esas «bases» se limita a fijar los principios que se deben seguir por el Gobierno, para que este los plasme detalladamente en los preceptos del futuro «Texto Articulado». En este cuadro se puede ver, en un ejemplo concreto, cómo opera en la práctica la delegación legislativa mediante una Ley de Bases .


Ley básica

Una Ley básica es aquella ley estatal que se dicta en uso de alguno de los títulos competenciales del art. 149.1 de la Constitución  en los que se adjudica al Estado la facultad de fijar las bases que regulan una materia, y a las Comunidades Autónomas el desarrollo normativo de esas bases. En ese precepto de la Constitución se otorga este tipo de competencia legislativa al Estado usando diversas expresiones: «bases» (149.1.11ª, 13ª, 16ª, 18ª), «legislación básica» (149.1.17ª, 18ª, 23ª) o «regulación de las condiciones básicas» (149.1.1ª).

Aquí, por lo tanto, no hay una delegación legislativa, sino una colaboración normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en las que cada uno de los cuerpos legisladores ejerce sus propias competencias sobre una misma materia. Las leyes básicas estatales sí son textos normativas completos, no meros enunciados de principios.

Se trata de una fórmula novedosa en nuestra historia, que es característica de los Estados complejos, donde coexisten poderes legislativos centrales y territoriales. La Constitución la importó de Estados federales como Alemania, Suiza y Austria.

Cómo juega esta relación entre bases estatales y desarrollo autonómico es una cuestión muy complicada, la cual ha sido objeto de una delimitación paulatina por parte del Tribunal Constitucional, y que supera con mucho el propósito de esta entrada (el lector curioso y avezado haría bien, si quiere enfrentarse a esta cuestión, en leer el artículo de Javier Jiménez Campo «¿Qué es lo básico? Legislación compartida en el Estado autonómico»).

No obstante, aquí tenemos un sencillo cuadro en el que se observa cómo funciona en la práctica el binomio bases estatales más desarrollo autonómico con un ejemplo  concreto.


Uso diferenciado y correcto de ambos términos

Para identificar con exactitud cuál es la norma ante la que nos encontramos, y así diferenciar el uso de uno y otro término, conviene empezar fijándose bien en la denominación oficial de la norma en cuestión.

1.- Como la Ley de Bases es una de las tipologías legislativas recogidas en la Constitución, en su denominación oficial se debe insertar siempre literalmente la expresión «Ley de Bases». Un ejemplo es la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2.- En cuanto a la legislación estatal básica, al no ser un tipo especial de ley, no aparecerá en su designación oficial como «Ley de Bases», sino solo como «Ley». Por lo tanto, esto nos va a exigir un mayor esfuerzo de comprobación. Así, puede ocurrir que:

A) En el título oficial de la Ley se haga mención a su carácter de legislación básica, usando para ello diversas expresiones que pretenden denotar dicho carácter. Constituyen ejemplos de esto, entre otras:

B) Pero lo más habitual es que la norma legal básica no lleve en su denominación oficial nada que haga referencia a ese carácter básico. Por ejemplo, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que constituye la legislación estatal básica en dicha materia (149.1.23ª). Para constatar el carácter básico de estas normas (el cual, para mayor complicación, puede predicarse tanto de todo el articulado de la Ley como de solo parte del mismo), tenemos que acudir entonces a las indicaciones en tal sentido que se hagan en el propio texto de la ley, normalmente en las Disposiciones Finales.

Teniendo claro esto, para evitar en lo posible las confusiones, yo suelo utilizar el término «Ley de Bases» únicamente para referirme a las del punto 1 anterior. «legislación básica», «ley básica» o «normativa básica» (intercalando en ocasiones el calificativo «estatal») cuando hablo de las del punto 2. No es fácil; a veces resulta engorroso, sobre todo en exposiciones orales. Pero creo que es una pauta de buen estilo jurídico el intentar hacerlo así siempre.

Con todo y con eso, hay que estar muy atentos, ya que la confusión terminológica nos acecha. Un ejemplo de cómo se puede embarullar la cuestión es lo que ocurre con la archiconocida «Ley de Bases de Régimen Local». Aunque ese sea el nombre con el que se la cita habitualmente, no es en realidad  una «Ley de Bases» en el sentido que hemos visto aquí. Por el contrario, tal y como revela su denominación oficial completa (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), es la Ley básica dictada por el Estado en esta materia (149.1.18ª).

Y tras todo lo anterior, mire también, si no, el lector la imagen que sirve de portada a esta entrada: ¿Leyes de Bases, Leyes básicas, o todo lo contrario?

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Supletoriamente…


Conviene empezar no confundiendo lo supletorio con lo subsidiario (que por cierto se trató en otra entrada). En el campo jurídico, lo subsidiario, como se vio allí, tiene su ámbito principal en las peticiones de las demandas, en el lenguaje forense.

El ámbito de lo supletorio es el del lenguaje jurídico normativo. Supletorio, en lenguaje usual, es aquello se suple una falta. Lo que se suple es la no existencia de algo, una ausencia que hace necesario acudir a otro lugar para hallar una respuesta. En el Derecho, el uso de la supletoriedad pretende prever que siempre pueda haber algo aplicable: en defecto de todo, aplicamos aquello que es supletorio. Consiguientemente, la supletoriedad es una forma de rellenar huecos, o, dicho en lenguaje jurídico, de evitar la existencia de lagunas normativas. Las normas, por tanto, no son subsidiarias unas de otras: son supletorias de los vacíos existentes en otras normas.

Y la supletoriedad es distinta también de la analogía. La supletoriedad está orientada a que no puedan existir lagunas, mientras que la analogía es un mecanismo que, una vez constatada la existencia de la laguna normativa, permite encontrar una solución que está en una norma que no es aplicable, ni directa ni supletoriamente, al caso. La laguna es presupuesto de la aplicación analógica.

Resulta claro que, si queremos tener una idea cabal de la estructura normativa del conjunto del ordenamiento jurídico, es imprescindible conocer cómo están construidas, de manera general, las relaciones de supletoriedad entre las normas. Podemos observar cómo en nuestro ordenamiento jurídico se dan, entre otras de menor relevancia, las siguientes manifestaciones de la supletoriedad, ordenadas de mayor a menor ámbito de operatividad:

1.- La supletoriedad de ordenamientos. En virtud de la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 de la Constitución, el ordenamiento estatal es supletorio de los ordenamientos (o subordenamientos) autonómicos.

2.- La supletoriedad de unas fuentes del Derecho frente a otras, en el art. 1 del Código Civil. Solo en ausencia de normas escritas (“ley”) se puede aplicar la costumbre. Y solo si no hay normas escritas ni costumbre se aplican los principios generales del Derecho.

3.- La supletoriedad del Derecho Civil sustantivo respecto del resto de las ramas del Derecho. Así, por disposición expresa del Código Civil, el mismo actúa como supletorio “en las materias regidas por otras leyes” (art. 4.3).

4.- La supletoriedad de la regulación del procedimiento judicial civil respecto  a todas las demás leyes reguladoras del resto de procedimientos judiciales (art. 4 de la LEC).

5.- E incluso dentro de una misma ley procesal, la supletoriedad de unos procedimientos judiciales respecto a otros. Así, por ejemplo, las reglas del procedimiento ordinario laboral son supletorias respecto a las de los procedimientos especiales (art. 102.1 de la LJS); y las de los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios de las de los procedimientos abreviados (art. 78.23 de la LJCA).

Las anteriores no son, ni mucho menos, todas las relaciones de supletoriedad normativa que hay en nuestro ordenamiento. Existen bastantes más reglas de supletoriedad, las cuales, si el legislador ha seguido en la redacción de los textos legislativos lo establecido en las Directrices de técnica normativa, las deberíamos encontrar establecidas en las Disposiciones Finales de las normas.

La supletoriedad de las normas contribuye a la estructuración sistemática y a la plenitud del ordenamiento jurídico. Incluso, desde el punto de vista del estilo, resulta eficaz para evitar la reiteración innecesaria, en normas diferentes, de una regulación idéntica.

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General

Primer aniversario con estilo


Este último fin de semana, concretamente el pasado sábado 26 de septiembre de 2015, se cumplió un año de la publicación de la primera entrada en este blog, la entrada de presentación, en la que daba a conocer esta bitácora digital y formulaba una declaración de intenciones.

He podido mantener, mal que bien, el ritmo de publicación que me había fijado de una entrada quincenal (generalmente, los lunes).

He procurado cumplir aquí mis iniciales intenciones: analizar el lenguaje jurídico, dar algunas claves para redactar correctamente escritos procesales, volcar mi experiencia de años en el foro y en la Universidad, divulgar. Y he aprendido mucho, claro está. Si algo me quedó claro es que la bitácora marca una derrota larga y nebulosa, y que este camino, como ocurre con los importantes, también se anda despacito, pero con paso firme. Por eso estimo enormemente las reacciones, los comentarios, los ánimos, y los consejos que he recibido; también las acciones de divulgación de este blog. No sólo me estimulan a seguir, sino que también contribuyen a marcar el rumbo y a sentir que esto puede servir a otros, además de a mí.

Salió también, para mi propia sorpresa y sin pretenderlo, una vertiente poética, al hilo del lenguaje jurídico (o incluso no).

Espero no haber caído en lo que quería evitar: la severidad, el adoctrinamiento, la inmodestia, la diatriba o la vacuidad. Hay quien me ha dicho, y lo agradezco, que los términos que utilizo requieren a veces del diccionario para su correcta inteligencia. Aunque soy consciente de que esto puede chocar con la corriente dominante en el mundo de los blogs, no me preocupa. Al contrario: creo que nos viene bien, a todos, enriquecer nuestro vocabulario. Y añado incluso que, en ocasiones, debido a mi gusto por la polisemia, es preciso estar atento no solo a una acepción, sino a varias de las que se incluyen en el diccionario.

En fin, continúo activo en la blogosfera, lo que no es poco. Y espero que siga siendo así, manteniendo (y construyendo, al mismo tiempo) mi propio estilo.

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Escritos administrativos, Escritos procesales, General

Usemos títulos (no precisamente nobiliarios)


Cuando hablo aquí de título me refiero a esto que se ve en la imagen de arriba: un epígrafe descriptivo de una de las partes del escrito que se inserta previamente en párrafo separado, a la manera, casi, del titular de una noticia. La cabecera de la exposición de un argumento jurídico, en suma.

Yo empecé a usarlos en escritos de descargos y recursos administrativos, para separar y reseñar cada uno de los motivos de oposición o recurso. Así, antes de realizar la exposición de cada motivo, además de numerarlo, incluía una frase para describir mínimamente su contenido: “Primero: Prescripción de la infracción”, “Segundo: Caducidad del procedimiento”…

Luego pasé a hacerlo también en la fundamentación jurídica de demandas y recursos judiciales, siguiendo el acertado consejo de un buen maestro de nuestra Escuela de Práctica Jurídica. Los formularios al uso se limitaban, normalmente, a introducir el fundamento jurídico con un número romano indicativo de su ordinal. Frente a ello, lo que hacíamos era insertar el título después del numero, e inmediatamente antes de empezar a desarrollar los argumentos en que consiste el fundamento. Por cierto, escribiendo el correspondiente título en mayúsculas y negrita, para resaltarlo tipográficamente (como se puede apreciar en el caso de la imagen).

No hace mucho he extendido esta práctica incluso a los hechos de las demandas y a los apartados de los escritos de calificación provisional. Por ejemplo, en una demanda reclamando una incapacidad permanente podemos titular los hechos como “Primero: Patologías que sufre el actor”, “Segundo: Menoscabos en el desempeño de su profesión”, “Tercero: Base reguladora” o similares. Y en un escrito de calificación, colocar en sus diferentes apartados epígrafes como “pena”, “responsabilidad civil”, “costas”, etc.

Esta costumbre de incluir títulos en los escritos he tratado de transmitirla a los alumnos del Prácticum Interno y del Máster de la Abogacía. Porque presenta, según mi experiencia, varias e importantes ventajas:

Facilita enormemente la lectura del escrito por sus destinatarios. La hace mucho más rápida y dirigida hacia lo importante. Con los títulos, el lector puede detenerse a leer directamente la parte que le interese, y le resulta menos complicado localizar los diferentes apartados temáticos.

Ayuda a construir la estructura que va a tener el escrito. Hay que tener en cuenta que, por coherencia, si se decide usar epígrafes deben titularse todos y cada uno de los fundamentos y motivos (e incluso los hechos, si también hemos preferido hacerlo así). Esto favorece la reflexión previa sobre qué estructura global le daremos al escrito y qué orden vamos a seguir en nuestra exposición. En particular, titular los hechos resulta muy útil para asegurarnos de que incluimos en nuestra demanda, ordenadamente, todos los presupuestos fácticos previstos en las normas jurídicas de aplicación al caso para el éxito de nuestra acción.

– También contribuye a exponer más claramente las ideas de cada fundamento. Porque cada título debería plasmar, en una sola y breve frase, la idea principal, esa idea-fuerza que servirá de sostén a nuestra argumentación.

Permite “chequear” más fácilmente que se incluyen todas aquellas circunstancias que, por mandato normativo, deben contener obligatoriamente ciertas clases de escritos. Pienso en el caso, por ejemplo, de los escritos de calificaciones provisionales penales. O de la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a una Administración Pública (prevista en el art. 6 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial); aquí se puede ver un modelo de estas reclamaciones en el que se plasma lo que digo.

Descarga visualmente el escrito, con lo que se puede evitar, o al menos paliar, el efecto rechazo que suelen producir los escritos demasiado saturados.

Se trata además de una técnica que ya es usual en las leyes y demás normas jurídicas españolas, desde finales del siglo XX. Las sucesivas directrices de técnica normativa, lo han venido ordenado así. En la última aprobada hasta el momento (Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005) se establece que “los artículos deberán llevar un título que indique el contenido o la materia a la que se refieren”. Es significativo que algunas editoriales jurídicas, como Aranzadi, utilicen esta técnica para todas las normas de sus bases de datos, cualquiera que sea su fecha de aprobación. De esta manera, cuando por la antigüedad de la norma, esta no lleva los artículos titulados, los editores incluyen en cada artículo un título de su propia redacción entre corchetes. Vemos aquí cómo se usa esta técnica en el Código Civil de la referida editorial; se puede comprobar de qué manera facilita esto la lectura de los textos legales.

Hasta los propios Jueces y Magistrados van tomando esta senda en las Sentencias, lo cual se agradece, y mucho, cuando andamos buscando esa doctrina jurisprudencial que nos favorece entre textos largos y farragosos. Aquí tenemos, para corroborarlo, un ejemplo de Sentencia con fundamentos jurídicos titulados.

Os exhorto a que uséis esta clase de títulos que, si no son nobiliarios, sí que coadyudan, creo, a ennoblecer nuestro estilo.

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Escritos procesales, Estilo de escritura, General

Un planteamiento general de estilo (escritos)


Creo que antes de empezar a redactar cualquier escrito es aconsejable tener primero claro un planteamiento general del estilo que nos conviene emplear en el mismo. ¿Qué pretendo lograr con ese escrito?, ¿qué estilo utilizar para ser más eficaz?, ¿dónde hacer más hincapié?, ¿hay que ser más o menos prolijo?, ¿hay que resultar incisivo?

Me parece un error emplear un mismo estilo en todo tipo de escritos procesales, porque los objetivos que tienen los escritos son muy diversos. No deberíamos olvidar que los escritos procesales son escritos con una finalidad práctica; el estilo debe contribuir a esa finalidad, no debe ser algo ajeno e independiente de la misma. A todos nos parece claro que el estilo de escritura a emplear en una carta debe ser diferente al de una novela, por ejemplo.

Según mi experiencia, para determinar este planteamiento estilístico general conviene distinguir al menos estos tres tipos diferentes de escritos forenses:

1.- Las demandas

Hay que tener en cuenta en la demanda es el escrito que plantea inicialmente el pleito, el primer escrito que presentamos en el Juzgado. Dado que ningún Juez ha tenido conocimiento antes de la cuestión, se impone contar el caso con claridad, sencillez y concisión, para que el juzgador lo entienda correctamente.  Sintácticamente, deberían primar los párrafos cortos y las oraciones coordinadas y yuxtapuestas. No tiene sentido usar un estilo argumentativo; ni siquiera, creo, hay que adelantarse a intentar rebatir lo que hipotéticamente nos contestará la parte contraria.

Hay que centrarse, sobre todo, en la redacción de los hechos y del solicito. En los hechos, construyéndolos de modo que resulten irrebatibles y haciendo hincapié en aquello que sea favorable a nuestras pretensiones.  Y en el solicito, pidiendo todo aquello que nos permita pedir la ley. La fundamentación jurídica es preferible hacerla escueta, aunque no telegráfica. Desde luego, yo no soy partidario de trufar la demanda con jurisprudencia, salvo casos muy excepcionales.

En este interesante y útil post de su blog jurídico y docente, el profesor y abogado Luis Cazorla nos da cinco pautas básicas para la redacción de una demanda.

Lo dicho anteriormente en este apartado en cuanto al estilo sería aplicable a las demandas civiles y laborales. También, en el ámbito penal, con sus correspondientes matices, a las denuncias y escritos de calificación.

2.- Los recursos

Plantear un recurso sí es ya un ejercicio de argumentación, en el que intentamos rebatir la fundamentación, fáctica y/o jurídica, de una resolución judicial. Por eso, en el ámbito sintáctico, puede ser terreno incluso para la hipotaxis a la manera de Sánchez Ferlosio.

Es imprescindible distinguir bien cada uno de los motivos del recurso, encuadrarlos claramente dentro de aquellos motivos para recurrir que nos permite la ley y separarlos debidamente. Cada motivo del recurso hay que desarrollarlo de tal manera que nuestra argumentación quede completa: debemos refutar punto por punto los razonamientos que pueda contener la resolución impugnada, explicar por qué la interpretación que defendemos es la correcta y, finalmente, establecer cuáles son las consecuencias que se derivan de ello. Aquí sí conviene alegar la jurisprudencia que nos favorezca y cuya aplicación al caso haya sido pasada por alto.

Dentro de esta clase de escritos habría que incluir también las demandas de los recursos contencioso-administrativos, que, en realidad, más que demandas son recursos, ya que vienen precedidas de un procedimiento administrativo donde se habrán discutido, y resuelto previamente por la Administración, tanto cuestiones de hecho como de Derecho.

También estarían comprendidas dentro de este tipo de escritos, a efectos de estilo, las contestaciones a la demanda, aunque con sus propias peculiaridades.

3.- Los escritos de trámite

Los escritos de trámite deben ser necesariamente breves y ceñirse exclusivamente a su finalidad concreta. No necesitan de relato de hechos ni de mayor argumentación jurídica, pero a veces es necesario poner de manifiesto determinados aspectos que no podemos dejar atrás. Se trata de un estilo sutil, al cual dedicaremos una próxima entrada de este blog.

Maneras diferentes de afrontar la redacción de escritos procesales. Con nuestro estilo, pero no un estilo uniforme, sino versátil, adaptable a la finalidad que pretendemos conseguir.

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Escritos procesales, General, Vocabulario jurídico

Al rico pleonasmo jurídico


Quizá sean las ansias de dejar todo “atado y bien atado” o tal vez la pretensión de convencer a fuerza de énfasis, pero el caso es que el mundo de la expresión jurídica es campo abonado para el pleonasmo, esa figura retórica que, fuera de la poesía, es vista con prevención por todos los estilistas del lenguaje. El pleonasmo es redundancia, insistencia en decir lo mismo, por duplicado.

Si ya a veces resulta pesado leer textos jurídicos, usar pleonasmos puede exasperar al lector, que recibe doble dosis de pesadez. Por otro lado, su uso suele enmascarar la debilidad de la postura sostenida o la falta de confianza en lo que se dice. Yo abogo por su aconsejable desaparición de los usos forenses y jurídicos.

Que se puede, y aun se debe, prescindir de los pleonasmos jurídicos es, a mi entender, claro. Veamos si no a continuación algunos ejemplos de esta omnipresente (y evitable) práctica en el mundo del Derecho, espigados entre los muchos que proliferan en la legislación, los escritos procesales y la jurisprudencia.

– El apartado e) del art. 62.1.b de la LRJ-PAC nos dice que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados prescindiendo «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido. Si de algo se prescinde del todo, ¿cómo se puede hacerlo, además, absolutamente? Solo le faltó al legislador añadir “y por completo”. Pues aun así, es este un ejemplo de intención legislativa burlada en la práctica: pretendiendo el legislador aherrojar al interprete vía pleonasmo, la jurisprudencia ha acabado escapándose y ampliando esta causa de nulidad a los supuestos en que se ha omitdo un trámite esencial del procedimiento administrativo, pero no todo el procedimiento.

– Un formulismo abogadil donde los haya: «lo cierto y verdad». Lo solemos utilizar los letrados cuando, frente a la acusación que formula la parte contraria, empezamos a dar nuestra versión de cuáles son los hechos que han acontecido realmente. Pero, ¿hay algo que sea verdad y no sea al mismo tiempo cierto? Y, en otro aspecto, ¿no es el uso de esta expresión muestra psicológica de debilidad? Me parece mucho más estiloso, y eficaz, decir solo «lo cierto» o «la verdad», o «los hechos ocurridos fueron estos».

– Todavía en muchas Sentencias el fallo contiene la siguiente expresión: «debemos condenar y condenamos». Que el deber del Juez es aplicar correctamente la ley va de suyo. Pero dicho así parece como si expresara una especie de disculpa o descargo de conciencia («te condeno, pero no porque yo quiera, sino porque sobre mí pesa ese deber, y aunque no quiera»). O peor aún, suena, a oídos del reo, como una doble condena, un «bis in idem» linguístico.

Termino con una petición de disculpas por el título de este post («rico pleonasmo»), con el que casi vengo a caer en lo mismo que propugno evitar, añandiendo énfasis a lo ya enfático. Sólo me salva que también, acaso, se podría considerar como un oxímoron. Porque si pudiera haber riqueza en la redundancia, no sería en el sentido de variedad o amplitiud linguística, sino como acumulación. No existe pues verdadera riqueza, sino antes lo contrario, en el pleonasmo.

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General

Presentación de «Estilo jurídico»



¿Por qué lo de «estilo»?

El estilo es lo que no se ve pero se nota, deja huella. Poco hay tan evanescente, pero al mismo tiempo tan presente, como el estilo. El mundo del Derecho, donde las formas son muy relevantes, se identifica de inmediato por lo peculiar de su lenguaje. Pero a su vez, cada jurista muestra su propio estilo, una singular «maniera» expresiva con la que pretende diferenciarse del resto de sus colegas.

Cuando en «El alma de la toga» habla sobre el estilo forense,  Ossorio y Gallardo exhorta a los letrados a usar la palabra con dignidad, con pulcritud y con eficacia. Y les marca como ideal para sus escritos una exigente tríada estilística: «En el abogado hay tres escritores: el historiador, el novelista y el dialéctico».

Será por todo esto que, tras más de veinticuatro años de ejercicio de la Abogacía y trece en la docencia universitaria, todavía se me siguen planteando dudas acerca del estilo. Incertidumbres que, como aspirante a jurista, me espolean en mi afán de refinar todo lo que pueda la forma en que me expreso, tanto oralmente como por escrito.

¿Qué pretendo con este blog?

Desde mi condición de modesto práctico del Derecho, desentrañar algunas claves de la peculiar manera de escribir y hablar de los juristas. Volcar aquí algo de mi añorada (por desaparecida) asignatura de «Prácticum Interno», que impartí durante muchos cursos en la Facultad de Derecho. Poder ser así al menos de una moderada utilidad, espero, tanto para los legos como para los estudiantes (o estudiosos) de disciplinas jurídicas y para los prácticos. Seguir aprendiendo y continuar modelando mi propio estilo personal. Sin dejar de ser consciente de que, aun teniendo importancia las formas, lo principal siempre será el fondo, porque el estilo hueco se queda en nada. Todo ello con visión crítica y una pizca de sentido del humor, si me fuera posible.

Con estas intenciones abriré una entrada quincenal.

Lo que no persigo es convertirme en oráculo o en guardián de las esencias de la gramática española aplicada al Derecho. Lejos de mí el intentar sentar doctrina. No quiero caer en la severidad, y espero eludir la diatriba, esa antagonista de la elegancia. Tampoco será este un sitio de aportaciones científicas ni de análisis de la actualidad jurídica, sino volcado en otros mucho más humildes asuntos formales. Si el paciente lector ha llegado hasta aquí habrá comprendido ya también que, a pesar del título, no nos dedicaremos a comentar la moda en el vestir que lucen los juristas.

Discúlpeme quien lea este blog si en su desarrollo llevo demasiado lejos mi naturaleza puntillosa, o si mi lenguaje resulta un tanto trasnochado. A fin de cuentas, es también una cuestión de estilo.

Incipere dimidium est.

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